El exministro Catalá dice que, si no hubiera renovado el ducado de Franco, hubiera prevaricado

El extitular de Justicia firmó la orden el día anterior a que prosperase la moción de Pedro Sánchez


A raíz de la polémica por la publicación en el BOE del miércoles de la concesión del ducado de Franco a la nieta mayor, Carmen Martínez-Bordiú, firmado en su día por el entonces ministro de Justicia Rafael Catalá, y de las declaraciones del Gobierno de Pedro Sánchez de estudiar su revocación, el extitular de esa cartera instó ayer al Ejecutivo a «estudiar jurídicamente» su intención, dado que, a su juicio, «no hay procedimiento» y, de no resolverse, podría incurrir en una «responsabilidad penal por prevaricación».

Catalá, quien rubricó la concesión el 31 de mayo, un día antes de que prosperase en el Congreso la moción de censura, agregó que la ley «prevé cómo se conceden y quién los concede [los títulos nobiliarios]», precisando que es el rey «y no el ministro de Justicia quien lo hace después de un procedimiento administrativo» y que no existe «en la legislación procedimiento para su revocación».

Tanto Podemos como el PSOE habían solicitado la supresión de dicho título después del fallecimiento de Carmen Franco. El miércoles fue la ministra de Justicia, Carmen Calvo, quien mencionó el estudiar reformas legislativas para retirarlo basándose en la memoria histórica.

Proceso administrativo reglado

El exministro de Justicia recordó que la sucesión de títulos nobiliarios responde a un proceso «tasado, regulado, en el que no hay discrecionalidad» y que, en el momento en el que se produce el fallecimiento de su titular, sus herederos pueden solicitar al Ministerio de Justicia la concesión. «Y eso fue lo que pasó con este título y con decenas de títulos», subrayó, al tiempo que comentó que existen «muchos títulos» otorgados en la época del franquismo «que han sido renovados y concedidos por ministros socialistas, con toda normalidad». Por esta razón, considera «un poco singular que se quiera dar una especial importancia» a un proceso administrativo «reglado», puesto que se trata «del cumplimiento de la ley».

«Si este Gobierno considera que lo más importante es revocar títulos nobiliarios o promover leyes de eutanasia, ya les está diciendo a los españoles cuáles son sus prioridades», ha criticado. E insistió en que «todavía quedan muchas reformas que hacer, de calado e importantes», «y no estas otras de revocar títulos nobiliarios que no parece que estén en la agenda de las necesidades reales de los ciudadanos españoles».

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