«En Colombia se vive una guerra»

HÉCTOR ESTEPa BOGOTÁ / E. LA VOZ

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LUIS ROBAYO | afp

Denuncian el asesinato sistemático de líderes sociales y activistas por paramilitares

08 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

«Nos han vendido un discurso de paz pero realmente hay una práctica de guerra». Martín Ayala, defensor de los derechos humanos, habla alto y claro. Es uno de los 20.000 asistentes a una marcha celebrada en Bogotá contra el asesinato de activistas y líderes comunitarios en la Colombia posFARC. Un flagelo que se ha incrementado en las últimas semanas y que se ha convertido en el centro del debate político en el país sudamericano.

Al menos 311 defensores de los derechos humanos, ecologistas, líderes comunales o étnicos han sido asesinados desde el 1 de enero del 2016 al 30 de junio del 2018, según los datos de la Defensoría del Pueblo colombiano. Uno cada tres días. Siete, en lo que va de este mes de julio.

«Los están persiguiendo porque se oponen a los proyectos minero energéticos, a los proyectos de plantaciones de palma y a los proyectos hidroeléctricos, que afectan la vida de sus comunidades», cree Ayala.

Una de las lideresas asesinadas este junio, Ana María Cortés, era coordinadora de la campaña electoral del político izquierdista Gustavo Petro en el departamento de Antioquia. Se encontraba en una cafetería del municipio de Cáceres, el pasado miércoles, cuando varios hombres le dispararon en repetidas ocasiones.

«Había sido amenazada por el mismo comandante de la policía del municipio», criticó Petro, excandidato presidencial, apoyado por parte de los movimientos sociales del país. 

Vínculos con el narcotráfico

El ministro del Interior, Luis Carlos Villegas, dijo, en cambio, que Cortés tenía en su historial una investigación por vínculos con las redes de apoyo del grupo narcotraficante conocido como el clan del Golfo. Sus palabras fueron muy criticadas por el progresismo, que denunció un intento de revictimización.

Desde la izquierda colombiana se critica que los asesinatos hayan ido in crescendo desde la victoria electoral del uribista Iván Duque el pasado 27 de mayo.

En la manifestación en repudia de los crímenes se escucharon recurrentemente cánticos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, mentor de quien se convertirá en el próximo 6 de agosto en el nuevo líder de Colombia.

El presidente electo censuró la violencia el pasado viernes, durante una visita a España: «Rechazo categóricamente los hechos de violencia que se han presentado en los últimos días en Colombia con líderes sociales, y también la violencia que se ha visto con personas que ejercen la dirigencia política. Como presidente estaré trabajando intensamente por la protección de todos los líderes», dijo Duque. Uribe, por su parte, criticó a quienes le acusan de azuzar la violencia en las regiones. «Me llaman amigos preocupados porque oradores me acusan del asesinato de líderes sociales ¡Qué hacer distinto a comprender que carecen de argumentos políticos diferentes a la calumnia!», escribió el expresidente en su cuenta de Twitter. 

Falta de mecanismos

Los activistas denuncian la falta de mecanismos efectivos de defensa para los activistas y defensores de Derechos Humanos. También la impunidad. En los extraños casos en los que se detiene a alguien por la muerte de un líder social, la persona arrestada suele ser el sicario, y no el autor intelectual.

Para la institucionalidad colombiana no existe, por otro lado, un plan sistemático en el asesinato de activistas, una posición muy criticada por la sociedad civil y diversas oenegés, que creen que sí existen patrones comunes en este tipo de asesinatos. Mientras tanto, el miedo se apodera de las calles, especialmente lejos de las grandes ciudades.