Llarena puede asumir el fallo germano o retirar la euroorden para que Puigdemont no sea juzgado solo por malversación
13 jul 2018 . Actualizado a las 13:20 h.El juez Llarena tiene que pensar ahora cuál es su próximo paso con el más destacado de los 25 procesados por liderar el desafío al Estado, Carles Puigdemont, pues quienes se han sometido a la Justicia española pueden afrontar penas de hasta 30 años por rebelión, mientras que el delito que Alemania observa en el expresidente de la Generalitat huido, el de malversación, es penado con un máximo de ocho años de cárcel, que al exceder el perjuicio en más de 250.000 euros podrían ser doce. Llarena tendrá que reflexionar pues muy mucho si acepta la entrega o no de Puigdemont a España.
¿Qué pasa si acepta la extradición ?
Entonces Puigdemont solo podría ser juzgado por malversación y, tras cumplir la condena que se le impusiese, podría tener que enfrentarse a un nuevo juicio, este ya sí por rebelión, si permanece en España más de 40 días. Parece ilógico que el líder del procés fuera a ser juzgado por un delito inferior que sus propios subordinados, los exconsejeros presos y los Jordis. De momento, la Fiscalía General de Schleswig-Holstein dará luz verde a la extradición, un mero trámite. «Vamos a autorizar rápidamente la entrega», dijo la portavoz de la Fiscalía de esa norteña región germana.
¿Qué otra medida puede tomar Llarena?
Puede dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para presentar una cuestión sobre la euroorden, pues esta medida se creó sobre la base de la confianza mutua entre Estados. Para el Supremo, eso implica que el país requerido no debería entrar a valorar los hechos atribuidos por el que reclama a una persona, y el tribunal alemán entró en el fondo. Así Llarena podría preguntar a Luxemburgo si los jueces alemanes están respetando el derecho comunitario y los principios básicos de la euroorden. En este aspecto, el propio abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, se fue ayer de la lengua al asegurar que «el tribunal (alemán) ha entrado a valorar los hechos y Alemania está considerada la cuna del derecho penal». Con ese comentario quería justificar que los jueces alemanes son «superiores» a los españoles, pero el argumento puede volvérsele en contra en el Tribunal de Justicia de la UE.
¿Qué consecuencias tendría?
Acudir al tribunal europeo de Luxemburgo supondría dejar en suspenso la entrega de Puigdemont hasta que se pronunciara ese tribunal, por lo que la respuesta a la sala alemana sobre si acepta o no la entrega quedaría congelada.
¿Y si Llarena no acepta la entrega solo por malversación?
Puigdemont quedaría en un limbo jurídico que le impediría regresar a España o salir de Alemania sin riesgo a ser detenido y traído a España, donde podría ser juzgado por los delitos por los ha sido procesado, que son rebelión y malversación. Al menos correría ese riesgo al entrar en España hasta que el delito prescriba dentro de 20 años. No solo eso, sino que el juez, que ha declarado en rebeldía a Puigdemont y a los otros seis huidos, podría dictar una nueva orden de detención y entrega en cuanto el expresidente de la Generalitat abandone Alemania con destino a otro país europeo.
¿Y si Llarena retira la euroorden?
Es una posibilidad. Si el juez Llarena retira la euroorden de detención vigente contra Puigdemont, se podría juzgar al líder independentista en España por rebelión. El magistrado ya retiró en noviembre una euroorden ante el temor de que Bélgica no aceptara el delito de rebelión.
¿Qué puede hacer ahora Puigdemont?
Puigdemont puede recurrir todavía en amparo al Tribunal Constitucional alemán para tratar de que lo libren también del delito de malversación y paralicen la entrega a España. De hecho, su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, ya lo ha anunciado. Tiene 30 días de plazo para hacerlo y, según las defensas, el recurso dejaría en suspenso la extradición hasta la resolución del Constitucional.
¿Es un preso político para la Audiencia de Schleswig-Holstein?
El tribunal alemán deja clarísimo que no, que la Justicia en España goza de salud democrática al concluir que tiene una «confianza ilimitada» en que actuará dentro de los estándares que se esperan de la «comunidad de valores» y del «espacio de derecho común» de la Unión Europa.
El PP sugiere la salida de Schengen «ya que si no confiamos unos en otros no podemos quitar fronteras»
El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, aseguró este jueves que «es un día muy triste para el proceso de integración» en la UE porque, según él, la decisión del tribunal alemán acordando extraditar al expresidente Carles Puigdemont solo por malversación, ha demostrado que la euroorden «no funciona». Por eso, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que suspenda la aplicación del Tratado de Schengen.
En concreto, la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha considerado procedente la entrega del expresidente de la Generalitat por malversación de fondos públicos, pero ha rechazado el cargo de rebelión. El tribunal además ha resuelto que Puigdemont, que reside actualmente en Alemania, siga en libertad.
En declaraciones a los medios en Bruselas, el europarlamentario ha afirmado que esa decisión ha demostrado que la euroorden no funciona y, por lo tanto, «en estas condiciones, el Tratado de Schengen es un riesgo para los países que están en la Unión».
«Hoy ha quedado claro que si no confiamos los unos en los otros no podemos quitar las fronteras. Nosotros levantamos las fronteras convencidos en que los demás confiaran y, si algún delincuente se nos escapa, nos lo devolvieran. Pero si los presuntos delincuentes se escapan y nuestros socios no nos los devuelven, deberíamos plantearnos volver a poner fronteras», ha enfatizado. González Pons insistió en que Sánchez suspenda la aplicación del Tratado de Schengen en España, que debería hacer lo mismo que haría Alemania «en el caso de que alguien que hubiera intentado atentar contra su Constitución se hubiera refugiado en España y nuestro país no se lo hubiera querido devolver».
Calvo y Aragonès constatan sus diferencias, pero buscan puntos de encuentro
P. D. L. H. MADRID / COLPISA
Aún hay muchos recelos por ambas partes. Pedro Sánchez habló este jueves de un camino «complejo y difícil» que no se resolverá en el corto plazo y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró que mira a la relación abierta con el Ejecutivo con un «90 % de escepticismo y un 10 % de optimismo», pero de momento ambos siguen dando pasos hacia la normalización institucional. El número dos del Gobierno catalán, y en la práctica líder de Esquerra, ratificó este jueves, de hecho, su voluntad de tratar cuestiones relativas al autogobierno, transferencias pendientes, inversiones y conflictos de competencias a pesar de que no haya la más mínima expectativa de acuerdo sobre la eventual celebración de un referendo de autodeterminación.
Aragonès, que se reunió en Madrid a petición propia tanto con la vicepresidenta, Carmen Calvo, como con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incluso abrió la puerta a la posibilidad de volver a participar en alguna reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano de cooperación interterritorial formado por el Ministerio de Hacienda y los consejeros de las comunidades autónomas, del que Cataluña decidió descolgarse al calor de su pulso al Estado. No garantizó que vaya a hacerlo y dejó claro que su «prioridad» serán las reuniones bilaterales con el Ejecutivo central, pero dejó caer un «veremos». «Mi optimismo -justificó- se fundamenta en que hay un diálogo que antes no se había planteado. Es evidente que en la cuestión de fondo estamos muy alejados, pero hay otras cuestiones en las que podemos avanzar».
El cambio de actitud de la Generalitat es claro. Aunque en el secesionismo hay diferencias y tensiones internas suficientemente potentes como para que el Gobierno se relaje, ahora parece abrirse camino un ala posibilista encarnada por la cúpula de Esquerra. Aragonés -que encabeza el área económica del Ejecutivo catalán como antes hizo Oriol Junqueras, con el que fue su número dos- argumentó que ahora ve posibilidad de llegar a acuerdos. Volvió a poner en valor el hecho de que antes de agosto se vaya a reunir por primera vez en siete años la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, de la que dependen a su vez varias subcomisiones. En concreto, en la relativa a asuntos económicos y fiscales, el vicepresidente catalán ya ha avanzado algunos de sus objetivos más inmediatos, entre ellos, que se flexibilice el déficit de las comunidades autónomas que el año próximo tiene que pasar del 0,4 % actual al 0,1 %. Aragonès puso sobre la mesa la «deuda» que, según sus cálculos, tiene el Estado con Cataluña. Entre otras partidas, reclama 700 millones de euros de financiación pendiente para los Mossos d’Esquadra y 750 millones correspondientes a la liquidación de la disposición adicional tercera del Estatut del 2008.