Arranca la mayor oferta de empleo en una década, con casi 31.000 plazas

Ana Balseiro
Ana Balseiro MADRID / LA VOZ

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Las ministras de Trabajo y de Política Territorial y Función Pública, Magdalena Valerio y Meritxel Batet
Las ministras de Trabajo y de Política Territorial y Función Pública, Magdalena Valerio y Meritxel Batet JuanJo Martín | EFE

Con una creación neta de 1.909 nuevos puestos, es un 58 % más que el año pasado

27 jul 2018 . Actualizado a las 23:30 h.

«Es la mayor creación de empleo desde el 2008», aseguró la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Resumía así la convocatoria de empleo público a la que el Ejecutivo acababa de dar luz verde. Casi 31.000 puestos de trabajo, la mayor oferta de empleo público en la última década, desde que comenzó la crisis.

El Gobierno ha estructurado la convocatoria para este año a través de tres reales decretos: uno con la oferta pública de empleo propiamente dicha, otra convocatoria extraordinaria para reclutar personal para atender a asilados y refugiados y un tercero para estabilizar a los trabajadores temporales en la Administración General del Estado y en la Justicia. En total suman 23.156 plazas, a las que hay que añadir otras 7.688 convocadas el pasado mes de abril para docentes y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con lo que en conjunto suman 30.844 puestos.

Batet destacó también que, además de ser la mayor oferta desde el 2008 -año en el que estalló la crisis- es también la que más empleo neto genera: 1.909 plazas de nueva creación (no para cobertura de vacantes), un 58 % más que el año pasado.

De los 23.156 empleos que aprobó el Consejo de Ministros, 11.095 son de nuevo ingreso y otros 6.204 de promoción interna (17.299 en total). A ellos hay que añadir la oferta de empleo público extraordinaria -323 plazas más- para reforzar la atención a asilados y refugiados, mientras que otras 5.534 más corresponden a los procesos de estabilización del empleo temporal en la Administración General del Estado y en Justicia.

La ministra explicó que la Seguridad Social y la lucha contra el fraude, el refuerzo de la atención al ciudadano en servicios públicos, la gestión de la prestación por desempleo, las emergencias, la seguridad e Instituciones Penitenciarias serán, junto con la atención a los refugiados, las áreas prioritarias en las que se concentrará la oferta.

Aunque el desglose por comunidades no se conocerá hasta que se publique la convocatoria en el BOE (la próxima semana, según fuentes del ministerio), de las 11.095 plazas de nuevo ingreso, casi 8.300 se asignan a personal funcionario, 1.892 a laboral y 914 a la Administración de Justicia. Asimismo, de las 6.024 de promoción interna, 5.277 se convocan para personal funcionario, 700 para laboral y 227 para Justicia, mientras que de las destinadas a estabilizar el empleo temporal (5.534 plazas), 2.862 corresponden a la Administración General del Estado y 2.672 a Justicia.

Batet destacó que «por primera vez» la oferta de empleo público la respaldaron cuatro de los cinco sindicatos presentes en la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado: CSIF, CC. OO., UGT y CIG.

El Consejo de Ministros también aprobó este viernes que los trabajadores públicos del Estado vuelvan a percibir el 100 % de su sueldo desde el primer día de baja, revocando así la reducción que se les aplica desde el 2012.

Cerco al fraude laboral

Por otra parte, el Ejecutivo aprobó este viernes el Plan Director por un Empleo Digno, que incluye 75 medidas para recuperar «los derechos laborales perdidos durante la crisis» y cercar el fraude. Para ello está previsto elevar un 23 % la plantilla de la Inspección de Trabajo, con 833 nuevas plazas, y elevar en 30 millones de euros la dotación del organismo para los dos próximos años.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, destacó que destinar más recursos materiales a la Inspección «es bueno», como lo demuestran los más de 1.200 millones de euros que afloraron el pasado año en el millón de actuaciones llevadas a cabo contra la economía sumergida.