Cataluña, diálogo en un campo minado

El intento de distensión ha chocado con el empecinamiento de los secesionistas, y Sánchez, que ya tuvo que rectificar en el caso de Llarena, ya amenaza con otro 155


 Pedro Sánchez se adentró con la bandera del diálogo en el campo de minas que es Cataluña. Y cada paso que da corre riesgo de explosión, que será aún más extremo en las próximas semanas.

Cuando estaba en la oposición, Pedro Sánchez apoyó la intervención de la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pero se esforzó en limar sus aristas. Esta mayor receptividad a tender puentes hacia el secesionismo catalán le facilitó el apoyo de los independentistas en la moción de censura, confiados en que la propia aritmética parlamentaria, con un Gobierno en franca minoría, les serviría para arrebatarle concesiones que con el PP en el poder habían sido imposibles. Sánchez hizo oídos sordos a la retórica independentista y prefirió atender solo a los hechos. Con palabras no se ataca al Estado, llegó a decir la vicepresidenta Carmen Calvo. Y el Gobierno trasladó a cárceles catalanas a los dirigentes políticos presos por su responsabilidad en el desafío secesionista. Convocó la primera comisión bilateral Gobierno-Generalitat en siete años. Y recibió en la Moncloa al presidente Quim Torra. Pero toda esta serie de gestos de acercamiento no ha recibido más que desplantes y nuevos desafíos por parte de las autoridades los dirigentes secesionistas.

Un desafío que ha ido creciendo en intensidad a medida que se acerca el primer aniversario del golpe a la Constitución perpetrado por los secesionistas en septiembre del año pasado y que concluyó con la declaración de independencia del 27 de octubre frustrada por la aplicación del 155. El empecinamiento de los independentistas, que se niegan a desandar el camino, y la presión por otro lado de Ciudadanos y de PP, que pugnan entre sí por liderar la línea dura y ocupar los espacios que va dejando el Gobierno, han arrinconado a Pedro Sánchez contra la pared. El jefe del Ejecutivo ha ido retrocediendo hasta volver a amenazar a Torra con el 155. Un viaje en círculo que puede acabar en el punto de partida tres meses después.

Por si tenía alguna duda de las verdaderas intenciones de los independentistas, los actos conmemorativos de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto del año pasado deberían haber servido para disipárselas. En su habitual juego de equilibristas, los secesionistas mantuvieron una cierta apariencia de formalidad en presencia del rey, pero aprovecharon todos los resquicios posibles para provocar. Desde la enorme pancarta contra el rey hasta la negativa del presidente de la Generalitat a colocarse junto al monarca. Los independentistas acabaron convirtiendo lo que debía ser una jornada de luto y solidaridad con las víctimas de los atentados, en un homenaje a los políticos presos. En un acto ante la prisión de Lledoners, Torra llamó a atacar al Estado. Por si a alguien le quedaba alguna duda. «Con una frase inaceptable como la de Torra no se ataca al Estado», fue la respuesta de la vicepresidenta Carmen Calvo, que prefirió mirar hacia otro lado.

Exceso de celo jurídico

También lo intentó el Gobierno con la presión de los independentistas contra el juez Pablo Llarena, al que han convertido en su bestia negra, hasta el punto de demandarlo ante los tribunales belgas en un evidente intento de coaccionar la instrucción de la causa por el desafío secesionista. El magistrado pidió amparo. Y el Ejecutivo, en una especie de juicio salomónico, optó por defender la soberanía jurisdiccional española mientras se desentendía de la defensa personal del juez. La airada reacción de la práctica totalidad de las asociaciones judiciales y fiscales, así como de PP y Ciudadanos, obligó al presidente a reaccionar unos días después reconociendo que la demanda contra Llarena es una cuestión de Estado. Una desautorización en toda regla de su ministra de Justicia, que Sánchez trató de disimular atribuyendo la decisión inicial a un exceso de celo jurídico de Dolores Delgado.

También en la polémica por los lazos amarillos, el Gobierno se ha visto obligado a cambiar de criterio. Inicialmente se desentendió del asunto, que consideró una cuestión de libertad de expresión. Hasta que la pugna para disputar los espacios públicos a los independentistas elevó la tensión en la calle y provocó, primero, la intervención de la Fiscalía para investigar a los Mossos por perseguir a quienes retiraban los lazos, y, después, para llevar el incremento de la tensión en las calles a una reunión de la junta de seguridad que se celebrará el jueves.

Los renglones quebrados de Pedro Sánchez

T. N.

La premura de su llegada al poder y la debilidad parlamentaria de los socialistas han hecho que el Gobierno se vea obligado a rectificar y corregir sobre la marcha sus iniciativas políticas

La llegada al Gobierno le pilló a Pedro Sánchez con el pie cambiado y sin las fuerzas necesarias para tamaña empresa. Presentó la moción de censura forzado por las circunstancias y sin grandes esperanzas. Contra todo pronóstico, triunfó y entonces llegaron los problemas. Porque no tenía un programa pensado para gobernar. Porque su debilidad parlamentaria era, y sigue siendo, extrema. Porque su empeño en no atarse en compromisos políticos que lo hipotequen de cara a las próximas citas electorales merma considerablemente su margen de maniobra en las Cortes. Sánchez gobierna con un ojo puesto en las elecciones. Por mucho que hable de agotar la legislatura, sabe que eso es prácticamente imposible, y solo busca el momento que le resulte más oportuno para convocarlas. Y como él, están los demás. Todos los partidos se han colocado ya en modo electoral, así que la tensión y el enfrentamiento político crecerán exponencialmente en el futuro. Sin pausa, sin tregua. En medio de esta tempestad, Sánchez pilota la nave del Gobierno dando bandazos, a merced de las ráfagas de viento que le empujan por todos los puntos cardinales.

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