El lento declive de las polémicas sicav

Esta vía de inversión, perseguida por la mala fama de ser la de las grandes fortunas, ha reducido en 600 millones su patrimonio este año por miedo a los cambios fiscales


madrid / la voz

«¡Hay que acabar con los regalos fiscales a los ricos! ¡Qué paguen más impuestos!». El discurso político que reclama un cambio en la tributación de las famosas sociedades de inversión de capital variable, más conocidas como sicav, se reactiva de forma periódica, normalmente coincidiendo con períodos electorales. Y, con él, el miedo de quienes tienen depositado su dinero en ellas. Aunque están perseguidas por la mala fama de ser el vehículo de inversión preferido por las grandes fortunas, dado su ventajoso tratamiento fiscal, lo cierto es que no son exclusivas de este colectivo y que muchos particulares puede acceder a sus servicios.

Sin embargo, en los últimos años una buena parte de sus socios -entre ellos algunas de las más destacadas fortunas gallegas-, se han hartado de convivir con esa eterna inseguridad jurídica. Y eso se nota en las cifras oficiales. Solo en la primera mitad del año se ha traducido en el cierre de 52 sicav, quedando la cifra actual (a junio) en 2.755, el número más bajo de la década. Las tendencia es clara. Poco a poco, este vehículo de inversión ha perdido atractivo.

En este momento, el patrimonio que gestionan está alcanza 31.553 millones de euros, prácticamente 600 millones menos que al cierre del 2017 (en términos relativos, el 1,85 % menos), aunque ligeramente por encima de los 31.470 millones que estas sociedades acumulaban justo antes de que estallara la crisis.

De hecho, la depresión económica que arrancó en el 2008 impactó en el patrimonio de las sicav españolas, mucho más que en su número -con la excepción del 2012, siempre se mantuvo por encima de las 3.000-, según los datos facilitados por la consultora VDOS. Los años 2011 y 2012 fueron los peores, y tanto el número de sociedades como su patrimonio, cayeron a mínimos: 2.955 y 23.549 millones, respectivamente.

En España quedan ahora unas 2.700 sicav operativas, la cifra más baja de la última década

A partir de ahí, comenzaron a remontar, ya que las entidades financieras lanzaron agresivas campañas entre sus clientes con mayor patrimonio, y el 2015 cerró con 3.372 sicav y más de 34.500 millones gestionados; es decir, prácticamente 3.000 millones más que en la actualidad (un 8,6 % por encima). 

Incertidumbre jurídica

Hace apenas un par de semanas, dentro de los contactos de Podemos y el PSOE para negociar el apoyo de los primeros a los próximos Presupuestos Generales del Estado que prepara el Gobierno, la formación morada desempolvó la exigencia de acabar con las ventajas fiscales de las sicav. Es algo que parece totalmente descartado. Aunque es cierto que sus beneficios tributan al 1 %, no lo es menos que es un porcentaje idéntico al de los fondos de inversión, sin que nadie haya exigido cambios en su fiscalidad.

Las negociaciones del Gobierno con Podemos han reabierto el debate sobre su futuro

¿De dónde viene la mala fama de las sicav? Hay que remontarse a la definición legal del producto, que es una sociedad de inversión colectiva, que tiene que tener un patrimonio financiero mínimo de 2,4 millones y al menos 100 partícipes. En el número de socios es precisamente donde radica su mala prensa, ya que los inspectores de Hacienda denunciaron en múltiples ocasiones que muchas de estas sicav pertenecían a una sola persona o familia -que controla la inversión- y que, para burlar la ley, completaban el número de socios exigidos con figurantes, conocidos como «mariachis».

Pero, volviendo a los potenciales cambios normativos, estos no parece que tengan visos de prosperar en este momento, y los gestores de patrimonio recomiendan a sus clientes no tocar el dinero y seguir aprovechando, mientras se pueda, la ventaja tributaria. Sin embargo, la evolución de las cifras muestra que los inversores priorizan la tranquilidad. 

Las alternativas

¿Qué opciones tienen entonces? Una de ellas sería la que más se enarbola como argumento disuasorio ante futuros cambios legales: llevarse el dinero fuera, a Luxemburgo. Sin embargo esta alternativa solo está al alcance de grandes capitales, ya que los gastos asociados la desaconsejan para sicav de menos de 20 millones.

Pasarse a un fondo de inversión o cambiar el objeto de la sociedad son otras alternativas. Eso sí, sin olvidar que Hacienda lo mirará todo con lupa.

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