El juez imputa al presidente de la SGAE por el presunto fraude de la música en las televisiones

El instructor investiga un posible delito de 100 millones de euros


madrid

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado como investigados en el caso de la rueda de las televisiones a ocho personas, entre ellas el actual presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón.

El juez investiga un posible fraude de 100 millones de euros en el cobro de derechos de autor por piezas musicales emitidas en televisión en una práctica conocida como La rueda.

Así, el día 3 deberán declarar en calidad de investigados José Arturo Morales Rodríguez, Juan Manuel Muruve Valle, Raquel Camins Cruxent y Antonia Prieto Ragel.

Mientras, el día 4, además de Sastrón, están citados José Luis Rupérez Cebolla, María Sanz Núñez de Villavicencio y Carlos Salazar Murillo.

Tras conocerse la citación, fuentes de la SGAE han indicado a Efe que Fernández Sastrón ha expresado su máxima disposición a colaborar con la Justicia en este caso y dará al juez todas las instrucciones que le requiera.

Las fuentes han recordado que hace un año Sastrón ya «compartió» con todos los miembros de la Junta directiva de la entidad sus liquidaciones de derechos de autor correspondientes al período comprendido entre 2005 y 2017.

Estas citaciones se producen después de que el pasado 20 de junio de 2017 la Policía Nacional pusiera en marcha una operación contra el presunto fraude conocido como La rueda y que se saldó con la detención de una veintena de personas por corrupción entre particulares.

Según Moreno, magistrado de la Audiencia Nacional que lleva el caso, el presunto fraude podría ascender a al menos 100 millones de euros entre 2006 y 2011.

El juez plasmó esa cifra en los autos en los que envió a prisión eludible bajo una fianza de 100.000 euros a tres socios de la SGAE: Rafael Tena -hermano del fallecido cantante Manolo Tena-, Manuel Carrasco y Fernando Bermúdez, quienes abonaron la cantidad y no ingresaron en prisión.

El «entramado», según el juez, consistía en crear «música de baja calidad» y que se registraba con «falsos arreglos» sobre obras musicales de dominio público para después ponerlas a nombre de testaferros y empresas editoriales.

El objetivo era emitirlas en programas nocturnos de diferentes cadenas de televisión y generar derechos de autor, es decir, un enriquecimiento «injusto» a través del pago de estos derechos por parte de la SGAE en sus liquidaciones, según el magistrado.

Para conseguir esos contratos de emisión de sus piezas musicales contaban con personas en el seno de las televisiones que los facilitaban a cambio de la cesión de determinados porcentajes de derechos o/y una contraprestación económica.

Esta trama fue denunciada por primera vez en 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción por el expresidente de la SGAE, Antón Reixa.

Ese mismo año se filtró una «lista de implicados» en «La rueda» entre los que aparecían un productor de «La Voz» que había registrado 11.000 obras en 5 años o la madre de otro que desde 2007 había inscrito 275 obras sinfónicas, recaudando el triple que Pablo Alborán con música apenas audible como fondo de programas emitidos de madrugada. 

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