El Congreso aprueba el decreto para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos

La norma ha salido adelante con 172 síes, dos noes y la abstención de PP y Ciudadanos

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Acuerdo para sacar a Franco del Valle de los Caídos El PSOE denuncia la «atroz anomalía» que supone que el dictador esté enterrado junto a sus víctimas. PP y Ciudadanos consideran que, tras 43 años, no es un asunto de urgencia y acusan a Pedro Sánchez de utilizarlo como «cortina de humo»

Agencias

El Congreso ha aprobado el decreto del Gobierno para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. La votación ha salido adelante tras recibir 172 síes, dos noes y 164 abstenciones, las de los diputados del PP y de Ciudadanos. 

Como estaba previsto, el decreto ha sido apoyado por PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias, pero se han registrado además, dos votos en contra: los de los diputados del PP Jesús Posada, expresidente del Congreso, y el catalán José Ignacio Llorens, que han explicado que se equivocaron al apretar el botón. Además, antes de la votación se ha producido otra anécdota, pues Isabel Borrego, la miembro de la dirección del Grupo Popular encargada de recordar a sus compañeros qué deben votar en cada iniciativa -se marca levantando uno, dos o tres dedos de la mano- se ha equivocado inicialmente al indicar un voto negativo, lo que ha provocado un murmullo e incluso risas en el hemiciclo. Borrego ha podido rectificar a tiempo.

En defensa del decreto, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha alertado de que no habrá «paz sin justicia» mientras se mantenga la «atroz anomalía» que supone que el dictador esté enterrado junto a sus víctimas, al tiempo que ha criticado a PP y Ciudadanos por «ponerse de perfil» frente a la dictadura.

Del otro lado, PP y Ciudadanos han criticado que la exhumación de Franco se haga por decreto cuando no está justificada su urgencia 43 años después de su muerte y han acusado a  Pedro Sánchez de utilizar este asunto como una «cortina de humo» para tapar su «incompetencia y su debilidad». La votación ha pasado al segundo plano de la actualidad por la polémica sobre la tesis del presidente del Gobierno.

Mayoría absoluta para desenterrarle

El drecreto-ley ha sido finalmente convalidado por la mayoría absoluta de la Cámara: 176 votos a favor, frente a 165 abstenciones y los dos 'noes' erróneos de la bancada popular. El texto ha sido defendido por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, mientras que Pedro Sánchez no ha acudido ni al debate ni a la votación.

El texto se tramitará finalmente como proyecto de ley dado que el Gobierno se había comprometido con varios grupos de la oposición a hacerlo así para que puedan realizar sus aportaciones a la reforma de la Ley de Memoria Histórica del 2007 que en definitiva supone ese texto. Además se hará por el procedimiento de urgencia, lo que implica reducir los plazos a la mitad.

En concreto, el decreto añade un tercer apartado al artículo 16 de la Ley de Memoria para dejar claro que «en el Valle de los Caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda».

Los partidos de la oposición que ha apoyado la convalidación han aprovechado el debate para adelantar las cuestiones que plantearán como enmiendas durante su tramitación en el Congreso. Entre otras cosas, han pedido garantizar la identificación y exhumación de las miles de personas que siguen enterradas en cunetas, la anulación de juicios políticos del franquismo, la retirada de simbología franquista, la reforma de la Ley de Amnistía para poder juzgar a los responsables de crímenes franquistas y la de la Ley de Secretos Oficiales para garantizar el libre acceso a la documentación de la contienda y la dictadura.

Una vez recibido el aval del Congreso, sigue sin haber fecha para la exhumación. La norma entró en vigor el pasado 26 de agosto, tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, y el día 31, una semana después de su aprobación, el Gobierno inició los trámites para la exhumación, dando vía libre a un acuerdo de incoación que dio un plazo de 15 días a los interesados para que se pudieran personar en el procedimiento y realizar las consideraciones y las alegaciones que consideren.

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