La patronal de empresas grandes consumidoras de energía, como ArcelorMittal, Azsa o Alcoa avisan de que si sigue la escalada de precios algunas plantas se verían obligadas a bajar producción para ahorrar
22 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.«Si continúa esta escalada de precios de la electricidad, hay riesgo de parada en alguna instalación industrial, sí», como único modo de ahorrar en la factura de la luz. Así lo advierte Fernando Soto, director general de la asociación de empresas con gran consumo de energía (Aege), al que los socios, entre los que se encuentran empresas arraigadas en Asturias como ArcelorMittal, la multinacional del aluminio Alcoa o Asturiana de Zinc, le trasladan su preocupación por el incesante encarecimiento de los costes eléctricos. Para este tipo de industrias, estos suponen en torno a un 40 % del presupuesto dedicado a gastos de explotación. Así que andan con el cinturón bien, bien ceñido.
Soto no quiso precisar qué industrias son las que están más ahogadas y que se están planteando parar o bajar producción para ahorrar en electricidad. Pero recordó que no sería la primera vez que ocurre. Serían en todo caso medidas provisionales para contener los gastos.
Y es que la suspensión del impuesto a la generación de electricidad, que grava el 7 % de las ventas, anunciada anteayer por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es insuficiente para compensar la subida de precios. Aunque «todo descuento nos viene bien, claro», en palabras de Soto. Según el cálculo efectuado por Transición Ecológica, la factura de los grandes consumidores de energía se abaratará en torno a un 7 % (la de los domésticos, alrededor de un 4 %) con la suspensión de ese impuesto. El director general de Aege estima que el ahorro será de 4 euros el megavatio hora, pero es que el precio de mercado en agosto estuvo 14 por encima que en enero. Y el de septiembre, si siguen así las cotizaciones, lo superará en 21 euros.
Eliminar más impuestos
Soto reconoce que las reformas que precisa el mercado «no se pueden hacer de golpe», pero considera que el ministerio debería haber eliminado todos los impuestos que creó el PP hace cinco años para aumentar la recaudación y afrontar el déficit del sistema eléctrico. Además, del gravamen la generación, el exministro Soria implantó otros por el uso industrial de combustibles como el carbón, gas natural, gasoil y fuel oil, por el almacenamiento de residuos nucleares y un canon hidroeléctrico del 22 % sobre el valor de la energía producida.
Todos esos impuestos para las empresas acabaron repercutiendo sobre la factura eléctrica de los consumidores. Soto estima que si se hubieran eliminado todos esos gravámenes, el megavatio hora pasaría a costar diez euros menos.
Las industrias asociadas a Aege disponen de apoyo económico público -que se adjudican en subastas competitivas- para soportar el coste de la energía, pero a cambio de prestar el servicio de interrumpibilidad, por el cual aceptan que Red Eléctrica interrumpa el suministro a sus fábricas cuando le convenga al sistema. «Necesitamos ese complemento para competir», defendió Soto, aunque este incentivo a la interrumpibilidad ha experimentado un recorte de un 40 %, denunció la industria.
Según la patronal de las industrias electrointensivas, la brecha entre el mercado de España y Alemania -el primero es un 30 % más caro que el segundo- provocó que las asociadas a Aege pagasen el año pasado un sobrecoste estimado en 450 millones.
El nuevo bono social
La suspensión del impuesto del 7 % a la generación es la medida estrella del Gobierno para afrontar la escalada de precios de la electricidad de forma inmediata. Teresa Ribera todavía tendrá que llevar el asunto a Consejo de Ministros y luego publicarla en el Boletín Oficial del Estado para que el gravamen deje de recaudarse. Pero la ministra de Transición Ecológica avanzó otros planes, ya no para enfriar directamente el mercado, sino para echar un guante a las familias con menos recursos económicos, para que puedan afrontar los recibos de la luz. Para un consumidor doméstico, el de agosto fue un 11 % más alto que el del mismo mes del 2017; y el de este septiembre se encarecerá en torno a un 14.
Ribera dio algunas pistas sobre lo que llevará a ese Consejo de Ministros -fuentes del ministerio apuntaron a que podría ser en el de la semana que viene-. Como la creación de un bono calefacción, que consistirá en una contribución directa a beneficiarios del bono social eléctrico. Falta saber a quiénes y por cuánto dinero.
Ribera mantendrá también el nuevo modelo de bono aprobado por el anterior Gobierno, aunque avanzó que incrementará los límites de protección a familias monoparentales, entre otras. Habrá más modificaciones, según fuentes de Transición Ecológica. Este mecanismo beneficia ahora a las familias con menos recursos. Para ello se establecieron unos límites de renta para acceder a descuentos en la factura que van entre el 25 y el 40 %. Este modelo sustituye a otro que no aplicaba criterios económicos. Este último bono funcionará hasta el 8 de octubre. A partir de entonces, caducarán todos los contratos antiguos y los beneficiarios deberán solicitar de nuevo la rebaja ajustándose ya a los nuevos requisitos. Para pedir el bono no hay un plazo determinado, y debe tramitarse a través de las empresas comercializadoras.
1.000 millones menos
El Gobierno calcula que la suspensión del impuesto a la generación eléctrica tendrá un coste de unos 1.000 millones anuales para el erario público, cifra que se verá compensada en parte por los mayores ingresos derivados de las subastas de derechos de emisión, cuyo precio ha subido notablemente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuantificó ayer el impacto de esa medida en la recaudación fiscal, y advirtió de que su departamento estará «muy vigilante» para garantizar que la suspensión del impuesto repercuta en la factura de los consumidores.