La Audiencia de León ha admitido el recurso presentado por Coto Minero Cantábrico
24 sep 2018 . Actualizado a las 12:57 h.La Audiencia provincial de León ha suspendido sine die el juicio que iba a comenzar hoy contra el empresario minero Victorino Alonso por un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente al admitir un recurso presentado por los administradores concursales de Coto Minero Cantábrico (CMC).
Los administradores concursales de esta empresa han reclamado estar presentes en la causa debido a que la acusación señala a la compañía como responsable civil solidaria si bien alegan que fue adquirida a Alonso tiempo después de que ocurrieran los hechos que se están juzgando.
El presidente de la sección tercera de la Audiencia de León, Teodoro González, ha explicado tras suspenderse el juicio que al causa ha sido que la defensa de CMC, a la que todas las acusaciones reclaman indemnizaciones, alega que no se le dio traslado de los escritos de acusación para defenderse.
Esta mañana se ha dado traslado a las demás partes para que se pronuncien sobre ese petición y se ha decidido suspender el juicio para que se pronuncien sobre esa cuestión, ha precisado.
«Ahora habrá que estudiar si dar traslado o no a esa empresa y si de decide que si volverá la causa al juzgado de Villablino (León) de instrucción para que le de traslado de toda la causa y pueda presentar escrito de defensa», ha señalado González.
El presidente del tribunal ha añadido que, solventado ese tramite, se estará en disposición de poder volver a señalar una fecha para celebrar el juicio, para lo que calcula un plazo de «varia semanas».
En el banquillo de los acusados se sientan, además de Alonso, el jefe de jefe de la explotación minera a cielo abierto El Feixolín, de Villablino (León), José Tascón, para quienes la fiscalía reclama una prensa de 8 años y tres meses de prisión por delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente
También está acusado el exalcalde de Villablino Guillermo Murias, que en su caso de enfrenta a una pena de quince meses de prisión por prevaricación.
El proceso se abrió tras la denuncia presentada hace diecisiete años por Antonio Arias, propietario de unos terrenos por daños a causa de los trabajos llevados a cabo en El Feixolín.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía precisa que las sociedades Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y su sucesora, CMC, explotaron de forma continuada una mina de carbón a cielo abierto mediante la construcción de una cantera en el paraje del Feixolín entre 1995 y 2008.
Según el fiscal, la actividad en el Feixolín «se desarrolló sobre 210 hectáreas de manera plenamente consciente, deliberada, en suelo calificado de rústico común y rústico de especial protección forestal sin contar con licencia municipal de apertura, licencia urbanística ni declaración de impacto ambiental».
Además, según el fiscal, la explotación carecía de diversas autorizaciones a pesar de encontrarse enclavada en un espacio natural integrado en la Red Natura 2000, que sufrió una afectación «gravísima» para el medio ambiente, incluso después de la intensa labor de restauración llevada cabo en la zona.
El letrado César Garnelo, que representa a Victorino Alonso, ha señalado que la suspensión era una cuestión «necesaria» porque hay una empresa que aparece en la causa como responsable civil solidario y no se le ha dado traslado para que se presente escrito de defensa.
Ha advertido de que de seguir hoy adelante con el juicio CMC podría luego presentar escrito de nulidad de las actuaciones echar abajo todo el trabajo de la vista oral.
«Lo razonable es suspender ahora, resolver el problema y continuar después con todas las garantías», ha señalado.
Garnelo ha defendido la legalidad de la explotación cuando inició sus actividades y ha recordado entonces no estaban en vigor ni siquiera las leyes de impacto ambiental, tan solo el real decreto de de 1982 de restauración de actividades resultantes de explotaciones mineras.
«Todas las solicitudes de MSP y luego de CMC, cuando cambio de nombre, fueron aprobadas e inexplicablemente en los escritos de acusación parece como que no había ninguna autorización», ha agregado el letrado.
Por su parte, el exalcalde de Villablino ha expresado su confianza en que el proceso solo se retrase unas semanas y ha recordado que los hechos datan de hace 24 años, ya ha reiterado que cuando el llegó a la presidencia de la Corporación en 1995 la explotación contaba con todos los permisos acordes a la legislación vigente en aquel momento.