Bruselas pide intervenir Polonia para garantizar su independencia judicial

Cristina Porteiro
cristina porteiro BRUSELAS / CORRESPONSAL

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Omar Marques | DPA

Solicita a la Justicia europea medidas cautelares para frenar la purga de magistrados

25 sep 2018 . Actualizado a las 07:34 h.

La Comisión Europea ha pulsado el botón nuclear. Tras varios meses de máxima tensión y cruces de reproches con el Ejecutivo de Varsovia, el equipo del vicepresidente Frans Timmermans anunció ayer que llevará al país ante la Justicia europea. No habrá marcha atrás. «Existe un riesgo de perjuicio grave e irreparable para la independencia judicial en Polonia», denuncia Bruselas. Se han agotado todas las vías de diálogo posibles. A pesar de la insistencia de la UE, el Gobierno capitaneado por el eurófobo y ultraconservador Partido de la Justicia (PiS) no quiere cejar en su empeño en conducir al país hacia una peligrosa deriva antidemocrática.

La controversia llega después de la entrada en vigor el pasado 3 de abril de la nueva ley polaca del Tribunal Supremo, una treta legal empleada por el PiS para emprender una purga de jueces discrepantes con el Gobierno. La legislación reduce la edad de jubilación de los magistrados de 70 a 65 años. El cese forzoso podría dejar a 27 de los 72 jueces de la institución fuera de la carrera judicial. Solo podrán continuar a voluntad del presidente de la República, quien no tiene la obligación de revelar bajo qué criterios concede o deniega las prórrogas. Este régimen «está creando un riesgo de perjuicio grave e irreparable», alerta Bruselas. Al menos diez magistrados ya han sido puestos a dedo y han jurado el cargo recientemente.

Aunque esta ley ha sido el detonante, Varsovia lleva inmersa en un período de retroceso democrático desde el 2015. La UE asiste con preocupación a cada uno de los atentados contra los valores europeos y el Estado de derecho con extrema preocupación. Por eso la Comisión solicitó ayer al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que aborde este caso por procedimiento acelerado de urgencia e imponga al país medidas cautelares para garantizar que todos los jueces puedan seguir en sus puestos hasta que se dicte sentencia. Las autoridades europeas sostienen que la nueva ley es «incompatible» con la legislación de la UE porque «socava el principio de independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de los jueces». El Gobierno polaco rechazó ayer las acusaciones alegando que tiene derecho a «realizar reformas» en el sistema. La portavoz del Ejecutivo polaco, Joanna Kopcinska, declaró a la agencia local PAP que «Polonia está dispuesta a defender sus motivos legales» ante el tribunal.

Gasolina electoral

Esta situación no solo ha llevado a Polonia al enfrentamiento diplomático con Bruselas. También ha puesto en tela de juicio la confianza y cooperación judicial con los países vecinos. Los líderes del PiS se niegan a dar un paso atrás. Con la vista puesta en las elecciones municipales de octubre, el partido necesita gasolina para lograr intrincarse en las Administraciones más pequeñas, donde tienen menos presencia. Los choques con la UE pueden reportarle beneficios a la formación de cara a las elecciones europeas y las presidenciales polacas del año que viene.

Polonia va un paso por delante de su vecina Hungría. El país se enfrenta en el Consejo a la posible suspensión del voto después de que Bruselas solicitara en diciembre del 2017 la activación del artículo 7 de los Tratados. Por otra parte, el Gobierno húngaro anunció ayer que no retirará la ley que criminaliza la ayuda de las oenegés a los inmigrantes, después de que ese texto fuera denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la Open Society del magnate George Soros.