El Gobierno quiere acabar con la venta puerta a puerta de las eléctricas

Planea vetar esa práctica comercial tras las denuncias de Competencia y de los consumidores


El Gobierno está decidido a vetar la política de las comercializadoras de electricidad de ir puerta a puerta, directamente a cada casa, para hacer que el cliente cambie de distribuidor, para forzar su traspaso al mercado libre (donde está menos protegido) sin que lo sepa o para acceder a los datos de su factura. Es una práctica en ocasiones agresiva que ha provocado airadas quejas de asociaciones de consumidores, que denuncian su escasa transparencia, sobre todo con la población mayor, algo acentuado en comunidades como Asturias; y también de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que desde el año pasado ha lanzado al menos dos avisos en esta línea: «Se vuelve a solicitar que se obligue a los agentes de venta a domicilio puerta a puerta a que se identifiquen claramente con el nombre completo de la compañía a la que representan e informen al consumidor de que se trata de ofertas en el mercado libre».

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica confirmaban ayer la información del diario Cinco Días, que avanza algunas de las medidas que aprobará el Ejecutivo -previsiblimente en el Consejo de Ministros del viernes, y que incluirá también los cambios en el bono social- para intentar reducir el efecto que está teniendo en la factura eléctrica la subida de los precios en el mercado mayorista. Estas medidas pretenden proteger e informar mejor a los ciudadanos con la finalidad de optimizar la contratación del suministro y reducir la factura eléctrica.

Junto a ese veto a la venta puerta a puerta también se obligará a las comercializadoras de referencia a ofrecer a los clientes simulaciones sobre lo que se podrían ahorrar pasando a tarifas de discriminación horaria. Para ello, el ministerio va a procurar que todos los usuarios conozcan bien sus curvas de consumo y dónde se encuentran sus picos, así como los ahorros que obtendrían cambiando de contrato.

Los precedentes

Poner coto al puerta a puerta no es nuevo. Hace casi un año, el Ministerio de Energía, con el PP en el Gobierno, ya estudió esa misma posibilidad, pero que no cuajó, finalmente. Lo hizo entonces tras el primer aviso de Competencia.

Según la información que se ha ido conociendo, el Ejecutivo quiere que las comercializadoras de referencia -aquellas autorizadas para ofrecer la tarifa regulada, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)- estén obligadas a informar a los consumidores con tarifa PVPC (11 millones de clientes) qué ahorro obtendrían con el cambio a una tarifa con discriminación horaria.

En España, de los 26,2 millones de clientes eléctricos 11 millones están en esa tarifa PVPC y, de estos, solo un 0,5 % cuentan con esa tarifa de discriminación horaria, con la que se paga menos por la electricidad consumida a mediodía, entre las 12 y las 13 horas, y de 22 a 23 horas. La idea es que en la factura se remita una simulación de lo que les facturarían con ese cambio de tarifa.

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