El Gobierno se queda solo en su plan de regular la libertad de expresión

PP, Ciudadanos, Podemos y las asociaciones de periodistas rechazan la propuesta


mADRID / LA VOZ

En plena crisis por la difusión de la polémica conversación privada celebrada en el año 2009 por la entonces fiscala de la Audiencia Nacional y hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo, encarcelado entre otros por el presunto delito de pertenencia a organización criminal, y de las denuncias por las posibles irregularidades fiscales del titular de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, el Ejecutivo ha abierto un nuevo frente con la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de poner límites a la libertad de expresión en los medio. «La libertad de expresión no lo resiste todo» y por ello «tendremos que mirar algún tipo de regulación», señaló Calvo para plantear un debate sobre los límites a la difusión de determinadas informaciones, que mereció las críticas del resto de partidos y de las asociaciones de prensa. 

«Algo habremos de hacer»

Durante la inauguración de la XVI Jornada de Periodismo de la APE (Asociación de Periodistas Europeos), la número dos del Gobierno cuestionó el pasado jueves «esa vieja frase en la que hemos vivido de que la mejor ley de prensa es la que no existe». «¿Por qué?»», se preguntó la vicepresidenta, que planteó una regulación en la Unión Europea sobre unos medios de comunicación a los que reclamó que «asuman sus responsabilidades sociales, que no son difusas». Ante el alud de críticas recibidas, el Gobierno trató ayer de matizar a Calvo, aunque insistió en plantear una nueva regulación para los medios. La ministra portavoz, Isabel Celaá, aseguró que el Ejecutivo defiende la libertad de expresión, pero enmarcó la propuesta de Calvo en el debate sobre la posverdad y la difusión de noticias falsas, conocidas como fake news. «Efectivamente, algo habremos de hacer, al menos iniciar una reflexión en torno a lo que significa posverdad, que es una moda que se ha instalado en Estados Unidos y algunos países y no es precisamente deseable», señaló la ministra de Educación, que no dudó en dirigirse directamente a los periodistas que la escuchaban en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros para involucrarlos en su argumentación.

«Estoy absolutamente segura de que a ustedes, profesionales de los medios que conocen perfectamente lo que es la historia del buen periodista y del periodismo de la ética pública, tampoco les hace ninguna gracia que haya una confusión entre la vedad y la posverdad», concluyó Celaá. Pese a esas matizaciones, la propuesta del Gobierno no consiguió el respaldo de ninguna formación política. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, cuestionó el planteamiento del Ejecutivo y advirtió a la vicepresidenta del Gobierno de que no se puede «matar al mensajero». Según Levy, lo que Calvo deja entrever es que «cuando las informaciones acusan al Gobierno socialista, nos parece que no están tan bien». El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, fue aún más crítico y aseguró que lo que pretende el Ejecutivo de Pedro Sánchez es «amordazar» a «los medios de comunicación que ponen sobre la mesa su mentiras y contradicciones». 

La UE ya rechazó la medida

La propuesta del Gobierno tampoco contó con el apoyo de sus socios de Podemos. La diputada de la formación morada Gloria Elzo señaló que la libertad de prensa no solo es «imprescindible» para los periodistas, sino también para la propia ciudadanía, y por tanto es necesario preservarla «como un valor fundamental de la democracia». La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), rechazó igualmente el plan de Calvo. «Estamos en contra de la regulación de los derechos de información y de libertad de expresión. Consideramos que cuando los gobiernos tratan de regular dichos derechos solo es para limitar», señaló el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez. La asociación de periodistas recordó que la Unión Europea renunció a legislar sobre las noticias falsas por el riesgo de limitar la libertad de expresión. Según Rodríguez, las fake news se combaten «con un periodismo que se ciña a los códigos éticos y con planes de educación escolar».

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