Cisma bronco en el independentismo

Torra amenaza con otro 1-O tras ser cuestionado por la CUP por las cargas de los Mossos. La ruptura deja al Gobierno catalán en minoría para aprobar los presupuestos y sustituir a los diputados procesados


La Voz en Barcelona

En un discurso dirigido a los suyos con el que buscaba apaciguar la fractura independentista, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lanzó ayer otra provocación al Estado al asegurar que será necesario «hacer otro 1-O en el que tendremos que actuar igual», «sin miedo y con todas las consecuencias». Además de reivindicar el 1-O como una «jornada histórica» y ocultando las consecuencias nocivas que tuvo para Cataluña el desafío, insistió: «Tendremos que ser capaces de llevar a cabo un acto de desobediencia civil», una especie de guiño a las enfadadas hordas de la CUP.

El jefe del Ejecutivo catalán se pronunció así durante un acto para conmemorar el referendo ilegal 1-O en el Palau de la Generalitat, en el que también intervinieron el vicepresidente Pere Aragonés y «observadores internacionales» del día de la votación declarada anticonstitucional. Previamente, el máximo representante de los catalanes introdujo una «papeleta» en una urna como las del 1-O en la escuela en la que votó el año pasado y en la que había escrito: «O libertad o libertad porque el 1-O votamos y ganamos».  Un gesto más en un momento en el que ciertos sectores critican el incipiente diálogo de la Generalitat con el Gobierno central. Por eso, Torra ha llamado a la unidad del independentismo: «Nos necesitamos a todos para volver, para consolidar esta victoria. Si no, nada de lo que hemos hecho hasta ahora tendría sentido».

Y es que el independentismo carece de estrategia unitaria. Es mayúscula la dicotomía entre los defensores de rebajar la tensión con el Estado y «ampliar la base» en busca de un pragmatismo autonómico, como propugna ERC, y los promotores de aumentar el desafío secesionista para llegar a la república rompiendo el Estado. Mientras, Junts per Catalunya tiene pendiente de definir su hoja de ruta hasta que la Crida, la nueva formación ideada por Carles Puigdemont, no la diseñe tras sepultar a los herederos de Convergència.

Entretanto, la frustración por la derrota en el proceso de ruptura con el Estado lleva a los actuales protagonistas a hacer malabarismos para escoger entre desobedecer o acatar la legalidad.

La carga policial realizada por los Mossos el sábado en Barcelona contra grupos de CDR que les arrojaron pintura y otros objetos para contrarrestar el cordón policial que los separaba de la manifstación convocada por Jusapol en defensa de una equiparación salarial y en apoyo a los agentes de la operación Copérnico ha puesto de manifiesto que la brecha en el independentismo es cada vez más amplia y pública.

El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, dejó ayer claro que no piensa dimitir a pesar de la petición directa que le hizo el sábado la CUP. Defendió la actuación policial aunque aseguró que investigarán las prácticas no reglamentarias, como los golpes por encima de la cintura que propinaron algunos agentes. Y justificó que el operativo evitó una batalla campal. Además, cargó contra los de Carlos Riera: «La CUP falsea la realidad. Ayer [por el sábado] se protegía la seguridad de todos. Ayer vieron un grupo de violentos que quería romper el cordón policial. Si el cordón policial no hubiera aguantado, hoy estaríamos hablando de una batalla campal. La violencia no nos lleva a ninguna parte».  

Efecto bumerán

El máximo responsable de los Mossos hizo malabarismo dialécticos para ocultar la realidad de los sucesos, sabedor del daño que les están haciendo las imágenes de violencia y del efecto bumerán que pueden tener para el secesionismo. Así, Buch negó que los agentes autonómicos efectuasen cargas contra los independentistas durante las manifestaciones de signo contrario que se celebraron en Barcelona y justificó que la intervención policial se limitó a «aguantar los cordones policiales». Le devolvió a la CUP el dardo al pedirle que «aclare si opta por la vía de la violencia» porque, apuntó, «gente con esteladas pegando a otros, eso no nos lo podemos permitir. Hasta el viernes habíamos llegado hasta aquí sin ninguna imagen de estas». «Esas imágenes no benefician» al movimiento independentista», insistió.

La actuación de los Mossos provocando un fuerte terremoto en el seno del independentismo, con la CUP totalmente en contra del Gobierno de Quim Torra, obligó a este a, por un lado, dar su apoyo a su consejero, y, por otro, a intentar suavizar el enfado de los antisistemas comprometiéndose a revisar los protocolos de actuación de la policía autonómica. Pero la CUP no se dio por satisfecha y replicó a Miquel Buch que es del Departamento de Interior «del que emanó la violencia contra la población civil» y el que permitió la manifestación de Jusapol.

La intervención policial provocó otro frente contra el Gobierno catalán, en concreto de algunos de los dirigentes del desafío independentista huidos, como la exdiputada Marta Rovira, quien desde Suiza cuestionó la gestión en la manifestación. La exconsejera Clara Ponsatí admitió, por su parte, desde Escocia, que la Generalitat no está cumpliendo el mandato del 1-O. «Es evidente que el Gobierno no se está acercando a ninguna república».

Pero a Torra lo que más le preocupa es que, sin el respaldo de la CUP, no podrá sacar adelante los presupuestos ni aprobar la sustitución de los seis diputados procesados, entre ellos Carles Puigdemont, por el juez Llarena y cuya resolución está previsto que se vote en el pleno del Parlamento catalán convocado para mañana.

Desaparece un poder fáctico

La muerte de Macià Alavedra, uno de los consellers clave de los gobiernos de Jordi Pujol y que acabó siendo condenado por el caso Pretoria por el cobro de comisiones ilegales, supone la desaparición de un poder fáctico Fue uno de los fundadores en 1974 de Esquerra Democràtica de Catalunya, que con posterioridad se fusionó con Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). También contribuyó a redactar el Estatuto catalán aprobado en 1979.

El «annus horribilis» que partió a Cataluña

mercedes lodeiro

El independentismo ha fracturado la sociedad, herido la economía, sacudido la política e intentado arrollar al Poder Judicial y la Corona. Torra amenaza con otro 1-O

Los independentistas catalanes no han podido ni con el Estado de derecho ni con la democracia. Y eso que han dedicado todo su empeño a conseguirlo a cualquier precio durante el último año, con leyes anticonstitucionales, con un referendo ilegal e intentando arrasar los pilares en los que se sustenta la convivencia de los españoles. Es el «annus horribilis» de Cataluña, a la que ningún país del mundo ha reconocido como la pretendida «república catalana».

Desde Europa, a los independentistas solo les han llegado tirones de orejas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, les recordó que la ley «debe ser respetada por todos»; el de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que la «fuerza del derecho» es la base fundamental de la UE; y el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, que «a nadie se le ocurre en la UE saltarse las normas» porque «mientras el derecho no se cambie, su respeto no es una opción, es una obligación». Estas son las principales consecuencias del horrible año causado por el independentismo. 

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