El FMI advierte que ligar las pensiones al IPC pone en riesgo la sostenibilidad del sistema

La ministra de Trabajo contradice a su número dos y a la responsable de Economía y defiende que se suban de acuerdo con la inflación


El Gobierno sigue mareando la perdiz con la subida de las pensiones. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, defendió este miércoles que la revalorización de las pensiones se vuelva a vincular a la inflación, como acordaron la semana pasada los grupos parlamentarios en la Comisión del Pacto de Toledo. «El compromiso [del Ejecutivo] con el mantenimiento del poder adquisitivo es inquebrantable», dijo rotunda durante una comparecencia en el Senado, en la que manifestó la «enorme satisfacción» que le produjo el acuerdo alcanzado por todos los partidos.

Con su discurso, Valerio enmendó la plana tanto a su número dos, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, como a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que la víspera habían enfriado la euforia sobre el restablecimiento del vínculo entre pensiones e inflación. La más clara al respecto fue Calviño, que, en su defensa de la estabilidad presupuestaria, respaldó la necesidad de ponderar «otros factores», además de la inflación, a la hora de determinar la fórmula para la subida de las pensiones. Entre esos elementos citó la evolución demográfica o de los salarios, matices sin los cuales, dijo, no se puede garantizar la sostenibilidad futura de esas prestaciones.

Un discurso con el que este miércoles se alineó el Fondo Monetario Internacional. En su informe anual sobre la economía española, los técnicos del FMI advierten de que ligar de nuevo las pensiones al coste de la vida podría hacer «peligrar la sostenibilidad financiera» de la Seguridad Social, salvo que la medida forme parte de un paquete de reformas «integral». Entre estas citan el incremento de la cotización mínima para los trabajadores autónomos y de los ingresos máximos sujetos a cotización (el destope que ya ha planteado el Gobierno), así como vincular directamente la edad legal de jubilación a la esperanza de vida.

Y es que, según sus cálculos, subir las pensiones con el IPC incrementaría el gasto total en prestaciones entre un 3 y un 4 % del PIB de aquí al 2050, lo que se traduciría en un sobrecoste anual de más de 40.000 millones de euros en la parte alta de esa horquilla.

Valerio recoge el guante

La ministra de Trabajo cursó acuse de recibo del mensaje lanzado por el FMI, a quienes pidió «que estén tranquilos»: «En este país vamos a adoptar también medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema». En ese sentido, recordó que las cotizaciones sociales crecen un 5 % más que los gastos, gracias al empleo creado en los últimos años, aunque no abundó en otras medidas que estén sobre la mesa para aumentar los ingresos.

El sistema de pensiones no es el único asunto que preocupa al FMI, que alerta de que el ciclo de recuperación de la economía española «está llegando a su madurez», por lo que ha rebajado en una décima su previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,7 % del PIB.

Ante esta coyuntura, la receta del FMI pasa por blindar la economía ante posibles sacudidas en los mercados, recortando el déficit estructural y preservando «el espíritu de las reformas del mercado de trabajo» acometidas durante el mandato de Rajoy. Entre ellas la de la moderación salarial, puesto que, siempre según su criterio, los incrementos pronunciados del salario mínimo ponen en peligro las oportunidades de empleo de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados.

Trabajo obliga a ampliar la jornada de 6.300 empleados con contratos a tiempo parcial fraudulentos

El plan de lucha contra el fraude laboral (Plan Director por un Trabajo Digno, según la nomenclatura oficial) empieza a dar sus frutos, defendió ayer la ministra Valerio en el Senado, donde desgranó el balance provisional de las actuaciones. Así, tras el envío por parte de la Inspección de Trabajo de 81.639 cartas a empresas en las que había detectado indicios de vulneración de la normativa laboral, estas han regularizado la situación de 6.292 trabajadores a tiempo parcial que hacían más horas de las pactadas y que ahora han visto cómo se ampliaba la jornada oficial recogida en el contrato para adaptarla al horario real.

Estos casi 6.300 casos son, según Valerio, el 12,5 % de los detectados por la Inspección dentro del plan de lucha contra la parcialidad abusiva. A ellos hay que añadir los 46.554 contratos temporales fraudulentos que se han transformado en indefinidos. En todo caso, la ministra matizó que el plan contra el fraude surte efecto más allá de las empresas investigadas, ya que hay efectos «inducidos» en empresas que actúan «de manera preventiva».

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