El plan de choque contra la escalada de los precios de la luz hace más hincapié en extremar la protección del consumidor que en aplicar medidas efectivas para enfriar el mercado
06 oct 2018 . Actualizado a las 09:11 h.La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hará efectiva al fin su pequeña revolución en el negocio eléctrico, una vez bendecida, en forma de real decreto ley, por el Consejo de Ministros. Contiene un plan de choque contra la subida del recibo de la luz -el precio de mercado cerró septiembre un 45 % más caro que en el mismo mes del 2017-, cuya efectividad está por ver; y, sobre todo, medidas de protección a los consumidores. Las más destacadas, de unas y de otras, se resumen a continuación.
Presión fiscal
Suspensión, por seis meses, del impuesto a la generación y del de hidrocarburos sobre el gas para ahorrar entre dos y tres euros al mes. Ribera alivia la presión fiscal sobre la generación de electricidad con la esperanza de que las compañías trasladen esa rebaja al precio del mercado. En todo caso, la suspensión de ambos impuestos durará solo seis meses, esto es, otoño e invierno, para que al menos durante ese período más frío afloje la presión sobre el consumidor. La propia ministra habló de «medida de alivio», no de solución, al estimar que el recibo doméstico bajará por esa vía en torno a un 4 %; para una familia media eso supone entre dos y tres euros menos al mes. Si el mercado de electricidad mantiene el ritmo de subida actual, adiós ahorro. De hecho, fuentes del sector consideran que eso mismo es lo que va a ocurrir, y que la suspensión de impuestos «en realidad no va a surtir efecto; el precio va a seguir igual, porque no depende de ellos [del Gobierno]».
Contra los abusos
La venta puerta a puerta, prohibida. Es una de las medidas del plan de choque más llamativas. El real decreto ley prohíbe a las comercializadoras eléctricas, y también a las de gas natural, «realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias, salvo que la visita fuera solicitada expresamente por el consumidor». Porque «pensamos que [esa práctica] puede dar lugar a malentendidos en los contratos», según Ribera. Lo cierto es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recomendó a las compañías en varias ocasiones que no intentasen captar clientes con el método puerta a puerta, porque los comerciales no ofrecen información clara, y los consumidores se sienten presionados, lo que da lugar a engaños. Fuentes del sector celebraron incluso tal prohibición y reconocieron que recurrían a ese método para captar clientes porque la competencia también lo hacía. El puerta a puerta, según esas mismas fuentes, «es costosísimo y no da más que problemas», en forma de reclamaciones de clientes que pensaban que firmaban otro contrato diferente o directamente porque no sabían siquiera que lo habían rubricado.
Factura transparente
Más información sobre potencia y tarifas. La ministra quiere también que sea el propio consumidor el que tome medidas para ahorrar en la factura. Para ello, el ministerio dará instrucciones a las comercializadoras de mercado regulado -en el que están el 40 % de los clientes- para que incorporen más información en el recibo que envían a sus abonados. Porque «la factura debe dejar de ser ese gran desconocido que llega cada mes a nuestra casa y que nadie entiende», denunció Ribera. Los consumidores ya reciben tres páginas, que engordarán con datos como el ahorro del que disfrutarían reduciendo la potencia contratada o contratando una tarifa de discriminación horaria. El coste de la energía en período valle (de las 22.00 a las 12.00 horas en invierno) es la mitad de barato que en la tarifa general. El ministerio calcula que el mero cambio supone un ahorro de 20 euros al año, que puede aumentar si se mantienen unos hábitos de consumos disciplinados. Según el ministerio, discriminación horaria la tienen solo un 6 % de los abonados en el mercado regulado (660.000 de 11,1 millones).
Potencia más flexible
Tramos más cortos para reajustar mejor y ahorrar unos eurillos. Transición Ecológica ha acortado los escalones de contratación de potencia. Ahora son de 1,1 kilovatios y quedarán reducidos a 0,1. El ministerio explica que en el último trimestre del año pasado casi el 40 % de los hogares tenía una potencia contratada de entre 4 y 6 kilovatios. Y añade que un cambio de medio kilovatio (de 4,6 a 4,1) podría suponer un ahorro en la factura anual de 26 euros en un hogar tipo, en el que vivan cuatro personas. Junto a la tarifa de discriminación horaria, bajar potencia es la mejor recomendación para pagar lo menos posible por la electricidad. Eso y leer con calma el contrato que le ofrecen.
Amenaza a las eléctricas
Castigos más estrictos por prácticas fraudulentas. El real decreto hinca el diente también en el régimen sancionador a las compañías. Permitirá la inhabilitación directa de las comercializadoras que realicen prácticas fraudulentas en el mercado mayorista, entre ellas, el incumplimiento de las obligaciones de compra de energía, que hasta ahora debían ser multadas antes de la inhabilitación. También endurece las medidas sancionadoras a las comercializadoras de referencia (las cinco autorizadas a operar en el mercado regulado), que gestionan y financian el bono social. Aquellas que entorpezcan con condiciones injustificadas la tramitación de las solicitudes podrían ser sancionadas con hasta 60 millones, en el caso de infracciones muy graves.
Impuesto al sol
El autoconsumo, al fin sin peajes. «Por fin este país se libra de un absurdo del que se han mofado observadores internacional, el impuesto al sol», según Ribera. El real decreto reconoce el derecho al autoconsumo eléctrico sin cargos por estar conectado a la red, se use o no.
