Una hoja de ruta que queda a expensas del PNV y del independentismo catalán

Gobierno y Podemos admiten que el acuerdo está sujeto a cambios en función de las negociaciones con otros grupos


madrid / la voz

Una de las grandes obsesiones de Pablo Iglesias a la hora de apoyar al Gobierno es que se visualice la marca de Podemos. Tiene miedo a que le ocurra lo que históricamente le sucedió a IU en Andalucía, donde ha sido la habitual muleta del socialismo, pero nunca lograba capitalizar sus carteras. Por este motivo, nada más concluir la moción que invistió a Pedro Sánchez, los diputados de Podemos se levantaron al unísono y, puño en alto, arrancaron al grito de «sí se puede» para dejar claro que ellos habían tenido mucho que ver en el cambio de Gobierno. Y, por exactamente esos mismos miedos, el logo de Unidos Podemos aparece en las 50 páginas del acuerdo cerrado ayer con el Ejecutivo y que servirá como base para levantar los Presupuestos. Está puesto exactamente a la misma altura y escala que el del Gobierno. Dentro de esta búsqueda del equilibrio imposible, los equipos negociadores llegaron a acordar que ayer se realizaran dos ruedas de prensa exactamente a la misma hora, con el objetivo de que la de la Moncloa no prevaleciese sobre la de Podemos. Ese es el nivel de recelo.

El arranque del documento firmado por Sánchez e Iglesias es toda una declaración de intenciones: «Después de siete años de recortes y asfixia de los Gobiernos del PP...». Tanto desde Podemos como desde el Ejecutivo advierten que este acuerdo anunciado a bombo y platillo está sujeto a cambios en función de las negociaciones que vienen por delante, porque conviene no olvidar que para que las medidas se materialicen resta un largo y dificultoso camino. Las primeras complicaciones pueden llegar desde Bruselas, adonde llegará el lunes el esquema de los Presupuestos. El Gobierno confía en la experiencia de su ministra de Economía, Nadia Calviño, para que no pongan pegas. Pero inmediatamente después se presentan las etapas de alta montaña: articular una mayoría parlamentaria que permita aprobar las cuentas. Descartados C’s y el PP, Sánchez no tiene otra alternativa que sumar a las dos fuerzas independentistas catalanas y al PNV.

Sin tiempo que perder, la Moncloa empezó ayer con los guiños a los secesionistas: «Le vendrán muy bien a Cataluña», comentó Carmen Calvo, de viaje en Barcelona, en donde aprovechó para mantener una primera toma de contacto con la portavoz del Govern, Elsa Artadi. Continuó con el cortejo Celaá: «Estamos avanzando en conceptos para Cataluña y ha llegado el momento de dotarlos de soporte económico», dijo sobre una inversión al otro lado del Ebro que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, cifró en 2.200 millones.

Pero por mucho que el Gobierno se empeñe en desvincular las negociaciones presupuestarias de cualquier otro asunto, a nadie se le escapa que su éxito dependerá de las novedades que vaya deparando el desafío secesionista. El PDECat está fraccionado en al menos tres voces. Una, desde su sede en Waterloo, impredecible, la de Puigdemont, que maneja al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Otra, en Barcelona, donde hay un sector que añora el pasado pactista de la antigua Convergència. Y una tercera, en Madrid, con diputados que ya casi no saben ni a qué atender. En ERC, mientras, supeditan su apoyo a que la Fiscalía retire las acusaciones de rebelión sobre los presos independentistas.

Y este tablero parece dispuesto al antojo del PNV, que afila la navaja para sacar otra jugosa tajada.

El pacto también incluye acabar con la ley mordaza

El Gobierno del PSOE y Unidos Podemos han incluido en su acuerdo presupuestario otra serie de medidas al margen de las cuentas del Estado. Por ejemplo, el compromiso de suavizar la ley de seguridad ciudadana aprobada en el 2015 por el PP, conocida como ley mordaza. Se persigue revertir los artículos de la ley que, a su juicio, tenían por objetivo «desalentar la protesta social» y «limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión». Respecto a la actuación policial, se subraya que deberá tener como guía «la dignidad de la persona y los derechos humanos».

Violencia machista

Otra medida introducida en el documento aprobado ayer por el Ejecutivo y Unidos Podemos se refiere al incremento en un 10 % de la dotación presupuestaria para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para el que se consignan 220 millones de euros en el 2019. Este aumento ya fue anunciado por el Ejecutivo, que precisó que el año que viene se duplicarán los fondos destinados a programas dirigidos a erradicar la violencia machista para los ayuntamientos, pasando de 20 millones en el 2018 a 40 en el 2019.

Juegos de azar

Regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas on line de ámbito estatal de forma similar a la de los productos del tabaco es otro de los acuerdos suscritos entre las dos formaciones. Se persigue «proteger a la ciudadanía frente a la adicción a las apuestas y los juegos de azar y la ludopatía», pues consideran «imprescindible reconducir esta situación» ante fórmulas de publicidad muy agresivas y vinculadas a encuentros deportivos.

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