Podemos se querella contra Díez-Picazo por su gestión de la sentencia del impuesto de las hipotecas

Considera que paralizó la resolución movido «por un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca española» y «en perjuicio de los intereses generales de la sociedad»


Podemos ha presentado una querella por prevaricación contra el presidente de la Sala Contencioso-Administrativo del Supremo, Luis María Díez-Picazo, por su gestión de la sentencia en la que el alto tribunal atribuyó el pago del impuesto de las hipotecas a la banca, informa Efe. No solo eso: el partido de Pablo Iglesias ha solicitado también la suspensión del pleno convocado para el 5 de noviembre para decidir quién se hace cargo del tributo, si los bancos o el cliente hipotecado.

Considera la formación morada que el presidente de la Sala Tercera del Supremo dictó una resolución jurisdiccional «motivado por un interés totalmente contrario a la ley y a la propia administración de Justicia», movido «por un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca española». Y lo hizo «en perjuicio de los intereses generales de la sociedad y de los miles de ciudadanos que han sufrido el abuso de las entidades financieras».

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El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes

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Luis María Díez-Picazo (Madrid, 1958) accedió a la plaza del Tribunal Supremo en el 2008 por el quinto turno, reservado a juristas de reconocida competencia con más de 15 años de antigüedad. Catedrático de Derecho Constitucional -hijo del reputado especialista Luis Díez-Picazo, una de las mayores instituciones en derecho civil-, transitó los primeros años sin hacer mucho ruido por la Sala Tercera, dedicada a juzgar los actos del Gobierno y de las Administraciones públicas.

Pero su nombre saltó a la escena mediática en el verano del 2015, poco antes de fallecer su padre. Apareció en la terna de candidatos para desbancar de la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo a José Manuel Sieira, magistrado de carrera y una de las caras más conocidas en el Palacio de la Justicia de la madrileña plaza de la Villa de París, donde ha pasado los últimos 24 años de su carrera profesional.

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«No es aceptable socialmente ni justificable jurídicamente», especifica el escrito, adoptar decisiones «totalmente contrarias a derecho y que atentan contra la independencia judicial, que sirven exclusivamente a intereses económicos particulares de las entidades financieras y que en nada benefician el interés social». Por ello, Podemos solicita investigar «los motivos reales y espurios» que han guiado la actuación de Díez-Picazo y recuerda que el juez ejerció la docencia en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), dependiente de la Asociación Española de Banca. También cuestiona su proceso de selección como presidente de la Sala Tercera, supuestamente ajeno a criterios de mérito y capacidad.

Los querellantes mencionan que Díez-Picazo ya sabía desde enero del 2018 la existencia de un recurso de casación sobre el impuesto, pues él mismo firmó la admisión a trámite. Ahí, y no cuando se dictó una sentencia favorable a los consumidores, es cuando debería haber convocado el pleno.

El castigo previsto es multa de 12 a 24 meses y de inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez a veinte años. «No podemos permitir que la Justicia sirva a intereses económicos y políticos de los poderosos», ha dicho la dirigente de Podemos y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, al anunciar en Twitter la presentación de la querella.

Los consumidores gallegos piden que no participe en la sentencia

La Asociación Galega de Consumidores (Acouga) ha exigido al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luís Díez-Picazo, que se abstenga de participar en la decisión del pleno del 5 de noviembre que tendrá que ratificar o rectificar la sentencia, según recoge la agencia Europa Press.

Para el presidente de Acouga, Manuel Pérez Arias, el hecho de que el magistrado trabajara como profesor entre 2015 y 2017 en un centro universitario perteneciente a la Asociación Española de la Banca «lo invalida para emitir un voto imparcial en este asunto».

El secretario xeral de Acouga, el abogado Xoán Antón Pérez-Lema, considera que si el pleno del día 5 rectifica la doctrina que fija la sentencia sería «aplicar la lógica del mercado frente a la lógica jurídica».

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