La banca pagaría el impuesto hipotecario desde ahora, pero sin retroactividad

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ACTUALIDAD

Caixabank y Sabadell subrayan que cumplieron la ley y piden seguridad jurídica

27 oct 2018 . Actualizado a las 09:29 h.

La banca parece dispuesta a resignarse a que el Supremo consume el «giro jurisprudencial» de sus últimas sentencias y que, efectivamente, sean las entidades financieras y no los clientes los que abonen el impuesto que grava las hipotecas, el de actos jurídicos documentados (AJD). Eso sí, a lo que se niegan es a que esa insólita decisión, que cambia las reglas del juego aplicadas desde 1995, les haga un roto en las cuentas. Los consejeros delegados de Caixabank y del Sabadell, Gonzalo Gortázar y Jaume Guardiola, respectivamente, lo dejaron claro este viernes, aprovechando la presentación de los resultados del tercer trimestre: no provisionarán nada porque la banca se ha limitado a cumplir la ley y aplicar retroactividad en este asunto iría contra el sentido común y contra la necesaria seguridad jurídica.

«Nuestras actuaciones han sido correctas y por ello no hay provisión alguna» para hacer frente a las posibles consecuencias económicas que se deriven de la decisión que el Supremo tome sobre el impuesto de AJD el 5 de noviembre, explicó Gortázar, e insistió en que, si ahora el tribunal dictamina que la norma en vigor durante los últimos 23 años no es válida, «deja de serlo inmediatamente, pero no tiene sentido penalizar a entidades por haberla cumplido».

No hubo malas prácticas

Pese a que admitió la mala reputación de la banca por los «errores» del pasado, insistió en que en este caso «reputacionalmente no hay nada que aducir para criticar al sector bancario. No hay una mala práctica. Se ha cumplido una norma durante 23 años y no se podía hacer ninguna otra cosa, ni los bancos, ni los ciudadanos, ni las Administraciones».

En el mismo sentido se pronunció su homólogo del Sabadell. Guardiola sostuvo que, de confirmarse el cambio de criterio del Supremo, el banco lo acatará, pero que «no tiene sentido» aplicar la retroactividad al impuesto. «Lo razonable es que sea a futuro», explicó, y añadió que «la seguridad jurídica es un aspecto trascendente para la vida orgánica de un país». Más contundente se mostró en otro foro el presidente de la entidad, Josep Oliu, que calificó de «especialmente grave» el asunto y que aseguró que espera que la sentencia sea «reconsiderada».

Pero hasta que el alto tribunal no tome su decisión definitiva -«y quedan cuatro días», puntualizó Guardiola-, el Sabadell está aplicando la norma actual, es decir, que sea el cliente quien pague. Al preguntarle sobre cómo lo resolverán con sus hipotecados si se decide que es el banco el que debe pagar, el consejero delegado se limitó a señalar que se reunirán con ellos y lo arreglarán.

También coincidió con Gortázar y con lo que la víspera declaró la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, sobre la mala reputación de la banca, pero subrayó que el impuesto de AJD no tiene nada que ver con las cláusulas suelo y no es achacable al sector.

Igualmente hay consenso en que, si la banca tiene que pagar ahora, las hipotecas se encarecerán para compensar el tributo. Gortázar reconoció que tendrían que subir los tipos, mientras que Guardiola dijo que «cada banco se moverá en direcciones distintas, pero guiados por la competencia y la rentabilidad».

Resultados

En lo que respecta a resultados, Caixabank ganó 1.768 millones en los primeros 9 meses, un 18,8 % más que en el mismo período del 2017. El Sabadell obtuvo un beneficio de 247,8 millones, un 56 % menos, debido a los ajustes por la venta de carteras de activos problemáticos y por las provisiones extraordinarias que ha tenido que hacer debido a los problemas informáticos de la integración del TSB, su filial británica.

Las inmobiliarias estiman que están paralizados más de 8.000 créditos para vivienda

Aunque el consejero delegado del Sabadell, Jaume Guardiola, quitó hierro a cómo está afectando la sentencia del Supremo al mercado hipotecario, asegurando que la actividad está siendo «parecida a la normal», desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) se da una visión muy diferente.

De hecho, ayer estimaron que hay más de 8.000 operaciones hipotecarias paralizadas en toda España en estos momentos a raíz de la última decisión del tribunal de que sean los bancos los que paguen el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en las hipotecas.

El colectivo alertó ayer de las consecuencias generadas por los aplazamientos y reclamó a las entidades bancarias que actúen «con responsabilidad» ante su clientela, ya que «pueden llegar a incurrir en incumplimientos de los contratos de arras ya firmados por culpa de los retrasos en las firmas de préstamos hipotecarios», informa Europa Press.

Aplazado un tercio de las firmas

En este sentido, la presidenta de FAI, Nora García Donet, constató que tras la «incertidumbre» generada «la banca ha aplazado muchas de las firmas de hipotecas comprometidas para los próximos días, más de un tercio de las previstas».

Esta medida de la banca puede provocar que muchos compradores entren en «una situación de incumplimiento del plazo en los contratos de arras privados que tienen suscritos para comprar su vivienda». «Algunos compradores podrían perder las cantidades entregadas en concepto de arras penitenciales si los bancos no reaccionan a tiempo», manifestaron desde la Federación, constituida en marzo del 2013 e integrada por 20 asociaciones inmobiliarias de ámbito autonómico o local de toda España.