La Guardia Civil eleva a cuatro millones de euros el gasto de «dinero público» de la Generalitat para intentar conseguir la independencia

A los 3,26 millones del 1-O, suman otros 760.000 euros invertidos en programas informáticos para recaudar impuestos que corresponden al Estado


En la anterior consulta, la del 9 de noviembre de 2014, la Generalitat se gastó 5,2 millones de euros. Por aquel dispendio el Tribunal de Cuentas apuntó a Artur Mas y vio indicios de malversación en el expresidente del Govern, al que consideraba el máximo responsable de aquel referendo ilegal, y al que reclamaba una fianza solidaria por ese importe. Fue condenado en 2017 a dos años de inhabilitación. 

Ahora toca seguir calculando el gasto del 1-O. La Guardia Civil añade a los 3,26 millones cifrados hasta ahora otros 760.000 euros destinados, según informa Europa Press a implementar programas informáticos para recaudar impuestos que corresponden al Estado. El informe entregado al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga el procés, el Govern contrató desde 2014 y hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución el desarrollo de programas pensados para obtener datos del IRPF y de cotizaciones a la Seguridad Social de los ciudadanos, para poder así recaudar impuestos excediendo sus competencias. 

Uno de esos programas sería el llamado «Back office SAP TRM», cuyo desarrollo habría costado más de 241.000 euros y habría pasado a formar parte del sistema informático de la Agencia Tributaria de Cataluña. Estaba pensado para obtener el control sobre una importante cantidad de ingresos tributarios (IRPF y cotizaciones sociales) que permitiese, continúa Europa Press, financiar las necesidades básicas de la Generalitat hasta que la Agencia Tributaria Catalana estuviese operativa en una supuesta Cataluña independiente. 

Los investigadores creen que el gobierno catalán hizo una «interpretación abusiva» de la ley general tributaria, que permite utilizar un asesor fiscal como intermediario ante Hacienda. Así, la Agencia Tributaria Catalana se presentaba como un actor intermedio entre los contribuyentes catalanes y la Agencia Tributaria estatal. Es decir, presentaban a la ATC como una medida destinada a facilitar los trámites tributarios para «evitar despertar las sospechas de las autoridades centrales» pero en realidad, implementaban una medida que les permitía canalizar estos fondos a través de un ente que estaba bajo su control directo. 

Los cálculos de la Hacienda catalana

Para lograrlo, la Generalitat abrió 32 oficinas de la Hacienda catalana y llegó a anunciar que tenía una «herramienta informática mucho más potente para afrontar la gestión de impuestos de carácter masivo». También contrataron a más personal y entre sus objetivos estaba llegar a tener 5.000 trabajadores cuando hipotéticamente lograsen las plenas competencias en materia fiscal. Para ello, querían contar con los profesionales de la Agencia Tributaria española en Cataluña, cerca de 4.000. Una cifra en la que también incluían al personal de aduanas y el Catastro. Según sus propios cálculos, la puesta en marcha de esta Hacienda catalana habría costado entre 350 y 500 millones de euros al año. Preveían una recaudación mínima de 70.000 millones, hasta 100.000 al año si se elevaba la presión fiscal. 

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