Fiscalía y Abogacía hacen relatos diferentes sobre los mismos hechos

El ministerio público sí aprecia violencia y rebelión, y pide 25 años de cárcel para Junqueras y 17 para los Jordis


MAdrid / La Voz

El cambio de criterio del la Abogacía del Estado impuesto por el Gobierno en torno a la existencia del delito de rebelión en la actuación de los líderes del desafío secesionista llevó ayer al hecho insólito de que la Abogacía, órgano que depende directamente del Ejecutivo, y la Fiscalía del Tribunal Supremo presenten dos relatos y calificaciones jurídicas opuestas sobre los mismos hechos. Algo que se traduce en que los fiscales, que mantienen su criterio y sí aprecian violencia y por tanto rebelión agravada con malversación de caudales, soliciten 25 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, al que se considera el líder de los hechos enjuiciados, mientras que la Abogacía del Estado cambia de opinión y reclama para él solo 12 años, al apreciar que no hay violencia ni rebelión, sino solo sedición, malversación y desobediencia grave. El Gobierno negó que la rebaja en las peticiones suponga un «gesto» hacia los independentistas, que en todo caso descalificaron tanto a la Fiscalía como al Ejecutivo y advirtieron que solo aceptarán la libre absolución de todos los acusados.

Violencia

«Actos violentos» frente a «incidentes de orden público». La clave principal de la diferencia entre ambos criterios es que, mientras la Fiscalía considera que en los hechos ocurridos tanto ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre como en el propio referendo del 1 de octubre se produjeron episodios «violentos», para la Abogacía del Estado se trató solo de «movilizaciones» sin violencia. La existencia de esta última, en cualquiera de sus formas, es condición ineludible para que se pueda aplicar el delito de rebelión. El ministerio público estima que en la «incendiaria convocatoria» del 20-S hubo violencia y en el 1-O se produjeron incluso «actos de violencia y agresión» contra las fuerzas de seguridad del Estado. Sostiene la Fiscalía que el plan secesionista contemplaba desde el año 2015 utilizar «todos los medios que fueran precisos» para alcanzar su objetivo, incluida «la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido». Frente a ello, la Abogacía aprecia que el 20-S se produjeron «incidentes de orden público» y «concentraciones hostiles» ante los cuarteles de la Guardia Civil y la policía. Y, respecto al 1-O, habla solo de «actos de resistencia y desobediencia» y «numerosas situaciones de tensión, disturbios y enfrentamientos».

Actitud de los líderes

«Ambiente de presión» frente a fomentar la violencia. La actitud de los dirigentes políticos y de las plataformas independentistas es otro punto clave de las divergencias. La Abogacía del Estado considera que los Jordis, líderes de ANC y Òmnium, generaron un «ambiente de presión frente al Estado» para tratar de alcanzar la independencia. Y se limita a decir que tanto estos como Junqueras y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell estuvieron «animando» y «estimulando» a la participación en el referendo, a pesar de ser conscientes de su ilegalidad. El relato de la Fiscalía es también más contundente en este aspecto. Señala que tanto los políticos como los Jordis «llamaron a la ciudadanía a participar» en el referendo pese a las advertencias policiales y que, al hacerlo, «fomentaron, propiciaron y buscaron el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad». Esa estrategia comportaba, a juicio de los fiscales, «un alto grado de probabilidad el empleo de actitudes violentas».

La Malversación

Delitos independientes frente a «concurso medial». La Fiscalía entiende que el dinero público malgastado de manera ilegal por el anterior Gobierno catalán asciende 3,07 millones de euros. Y precisa además que lo hizo «burlando el control estatal de las cuentas de la Generalitat», destinando partidas para financiar tanto el procés como el referendo, con dinero para logística, papeletas, organización de locales, publicidad y acción exterior. Esa malversación agrava el delito de rebelión y eleva la pena. Sin embargo, la Abogacía hace todo lo contrario. Rebaja lo malgastado a 1.971.601 euros, y además considera que los delitos de sedición y malversación se hicieron en «concurso medial». Así, en lugar de pedir penas separadas para cada uno de los delitos, la calificación conjunta permite que solo se tome como referencia el delito más grave, en este caso el de sedición, agravándose en solo dos años por malversación. De forma separada, la petición para Junqueras habría sido de 10 años de cárcel por sedición y otros seis por malversación.

El papel de los Mossos

«Piezas clave» frente a ninguna incidencia. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió también ayer para el entonces jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, once años de prisión por rebelión, así como para el exdirector de los Mossos Pere Soler y para el ex secretario general de Interior César Puig, al considerar que fueron «piezas clave» y «contribuyeron de forma decisiva» a que los Mossos se pusieran «al servicio del plan secesionista». Pese a todo, la petición de pena es más leve que la que les correspondería por los dos delitos de sedición y el de organización criminal que les achacaba la juez Lamela en el auto de procesamiento. En el escrito de acusación contra los líderes del desafío secesionista, la Fiscalía del Supremo considera que, a pesar de la prohibición judicial, el referendo se celebró ante «la inacción y la pasividad de los Mossos». Los mandos «antepusieron las directrices políticas» al «cumplimiento de la ley y el mandato judicial que prohibía su realización», señala el escrito. E incluso añade que «en algunos centros de votación fue la propia dotación de los Mossos la que se enfrentó con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para impedir que estos clausuraran el centro». Además, considera acreditado que efectivos de los Mossos «vigilaban los movimientos» de policías y guardias civiles y «prevenían de su llegada a los centros». El escrito de la Abogacía no hace alusión al papel de los Mossos ni en el 20-S ni en el 1-O. Al contrario, solo se los cita de forma positiva cuando alude a que sus máximos responsables advirtieron en una reunión con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y con Junqueras, «del problema de seguridad ciudadana que podría plantearse el 1 de octubre, debido a la gran cantidad de colectivos movilizados en aquellas fechas».

Situación de Puigdemont

«Procesado huido» o en «situación de rebeldía». El escrito de la Fiscalía solo menciona en tres ocasiones a Puigdemont, al que se refiere como «procesado huido». La Abogacía del Estado solo lo cita en dos ocasiones. En la primera de forma tangencial y en la segunda precisando que se encuentra «en situación procesal de rebeldía». Ni la Fiscalía ni la Abogacía dirigen la acusación contra él, ya que no puede ser juzgado, a no ser que se reactive la orden de detención internacional contra él, en cuyo caso solo se le podría procesar por los delitos por los que fuera entregado, o que regrese voluntariamente a España y sea detenido, con lo que podría acusársele de rebelión o sedición.

Torra advierte a Sánchez que le retiran su apoyo y que no votarán los Presupuestos

cristian reino

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Aunque ya se lo esperaban, los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado cayeron como una bomba entre los secesionistas, que insistieron en su retórica habitual contra el sistema democrático español, el régimen del 78 y la causa general contra el independentismo. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, reaccionó con la máxima contundencia y cargó con especial virulencia contra el presidente del Gobierno. Por la mañana, en una declaración institucional junto al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y por la noche, en una concentración ante la cárcel de Lledoners, Torra anunció la ruptura de relaciones con el Gobierno. «Hace un mes pedí al presidente Sánchez que en el plazo de 30 días planteara una oferta al pueblo catalán, un referéndum acordado y vinculante», recordó antes de concluir: «Hoy tenemos la respuesta del Estado: más de 200 años de cárcel; pues, presidente Sánchez, nosotros, el pueblo de Cataluña, le retiramos el apoyo y no votaremos los Presupuestos».

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