La amenaza de multa de la UE espolea la tramitación de la ley hipotecaria

Tras dos años de retraso, el Congreso quiere cerrar su dictamen hoy y que la norma entre en vigor en este 2018

La nueva ley pretende incrementar la protección del consumidor frente a los abusos
La nueva ley pretende incrementar la protección del consumidor frente a los abusos

madrid / la voz

Acabar con la inseguridad jurídica. Ese ha sido el mensaje recurrente de la banca en los últimos días respecto a la necesidad de que, de una vez por todas, se aclaren las reglas del juego de un mercado hipotecario que les dio tantas alegrías durante el bum como quebraderos de cabeza tras su estallido. Y esta reclamación de un marco jurídico «claro y seguro», que ponga fin a la incertidumbre que vive el sector, no se limita únicamente a que el Tribunal Supremo aclare quién (banco o cliente) y desde cuándo debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), sino también las modificaciones que, para adaptarse a la directiva europea, introducirá el proyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, más conocida como ley hipotecaria.

Esperan la decisión del Supremo para incluir en la norma cómo se pagarán los gastos hipotecarios Este proyecto normativo, al que el Gobierno del PP dio luz verde en el Consejo de Ministros del 3 de noviembre del 2017, está en trámite parlamentario después de acumular un retraso de más de dos años, ya que la fecha límite de Bruselas para la trasposición expiró el 21 de marzo del 2016. Precisamente, es la amenaza de una multa por parte de la UE -a punto de abrir un expediente sancionador a España- lo que ha espoleado al Gobierno para que acelere su tramitación.

Hoy mismo está convocada la Comisión de Economía del Congreso para cerrar la ponencia de la ley hipotecaria, a la que los grupos parlamentarios presentaron más de 200 enmiendas.

Incluirá el reparto de los gastos

Aunque inicialmente la intención era que la comisión pudiera cerrar hoy mismo la ponencia y proseguir con la tramitación parlamentaria (aprobarla la próxima semana y remitirla después al Senado) para que entre en vigor antes de que acabe el año, no parece que vaya a ser posible. Y es que la comisión esperaba que el Supremo hubiera resuelto ayer la incertidumbre sobre la aplicación del impuesto que grava las hipotecas, ya que la normativa que se ultima detallará el reparto de los gastos entre el consumidor y la entidad financiera, entre los que se incluye el cuestionado gravamen de actos jurídicos documentados.

De este modo, la nueva dilación del alto tribunal se traducirá en un retraso en los trabajos de la comisión, que probablemente se reúna de nuevo esta semana para avanzar en este asunto pendiente en la ponencia y en otros que también lo están aún, como la cláusula de vencimiento anticipado o la transparencia material en las hipotecas.

Más protección al consumidor

El anteproyecto de la ley se redactó con el objetivo de aumentar la protección al consumidor, después de la detección de una serie de prácticas abusivas por parte del sector, con las cláusulas suelo opacas como máximo exponente.

Por ello, entre los cambios que introduce la normativa están, por ejemplo, que el banco realice un examen de solvencia al prestatario antes de concederle la hipoteca (hasta ahora inexistente) o la prohibición de las ventas vinculadas, es decir, la obligación de que el cliente contrate otros productos (como seguros) para obtener el crédito, aunque sí será legal ofrecer el préstamo por separado de dichos productos.

También se reducirá la comisión de novación para convertir una hipoteca de tipo variable en una de tipo fijo, que hasta ahora era, de media, del 2 %. La nueva norma fijará la comisión máxima en el 0,25 % del capital reembolsado durante los tres primeros años y del 0 % después.

Otro de los cambios afectará al papel del notario. Y es que hasta el momento este solo intervenía como fedatario público en la firma del contrato, mientras que a partir de ahora realizará labores previas (hasta siete días antes de la firma) de información y asesoría al cliente.

La banca logra remontar en la bolsa mientras sigue a la espera

j. m. c.

Las acciones de las entidades financieras contuvieron ayer la respiración en una jornada bursátil durante la cual el Tribunal Supremo no aclaró a quién corresponderá pagar el impuesto de actos jurídicos documentados al firmar una hipoteca. Los títulos de todos los bancos repuntaron al cierre de la sesión después de casi dos semanas en las que han sufrido los envites de los inversores, con una pérdida de 4.000 millones de euros en su capitalización bursátil desde aquel jueves en el que el Supremo dio el campanazo.

A la espera del alto tribunal, el mercado sigue confiando en que el sector no tenga que abonar dinero del pasado. Y así lo reflejaron las cotizaciones de todas las grandes entidades, excepto el Santander, que perdió un 0,6 %. Bankia se apuntó un 1,8 %, CaixaBank un 0,8 %, BBVA otro tanto; Sabadell un 0,5 % y Bankinter el 0,3 %. Los bancos del Ibex impulsaron al selectivo, que ganó un 0,2 %, hasta situarse en los 9.002 puntos. En el mercado continuo, Liberbank se apuntó un 0,3 % y Unicaja más de un 1,1 %. Aunque discretas, subidas que pueden apuntar a una señal.

Los ejecutivos cuentan con la posibilidad de que el alto tribunal establezca que el sujeto pasivo del impuesto sean las entidades financieras, sí, pero solo a partir de ahora. Es decir, que la banca asuma el pago de ese tributo. Si la resolución del Supremo se quedara ahí, el sector tendría que asumir un coste aproximado de unos 640 millones de euros al año, la cuantía correspondiente al tributo medio del 1,1 % (en Galicia es del 1 %). En este contexto, parte de la banca se ha mostrado dispuesta a reflejar ese incremento del coste en los precios.

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