Una decisión «bochornosa» para la OCU, una muestra de la falta de independencia para Podemos y un error de consecuencias incalculables para el popular Albiol
06 nov 2018 . Actualizado a las 21:31 h.Las idas y venidas del Alto Tribunal sobre quién debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) ha dañado la imagen del Supremo. No en vano, el 18 de octubre la Sala Tercera fallaba a favor del cliente, de modo que era el banco el que tenía que afrontar el pago, pero al día siguiente, el presidente de la Sala, Luis Díez-Picazo, consideró que como la resolución tenía una gran trascendencia e impacto había que revisarla.
Tras la rectificación en favor de los bancos, las reacciones no se han hecho esperar desde todos los sectores sociales y desde todas las ideologías. La OCU tildó de «bochornosa» la decisión y pidió la dimisión del presidente de la Sala Tercera, Díez-Picazo. Entiende que la decisión perjudica a 12 millones de familias y considera «inaudita» una sentencia que supone una marcha atrás sin precedentes en contra de la propia jurisprudencia de Tribunal, que hace unas semanas emitió un dictamen contrario al acordado finalmente en el pleno.
Mientras la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, llamó a respetar las decisiones judiciales, el principal apoyo del PSOE en el Gobierno, Podemos era muy duro y llamaba a una movilización cívica. La formación que lidera Pablo Iglesias entiende que «la independencia» del TS ha quedado en «entredicho». «Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada», ha escrito el secretario general de Podemos en su cuenta personal de Twitter.
Muy duro ha estado también el coordinador federal de IU y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha calificado de «indignante» y «lamentable» la sentencia del Tribunal Supremo sobre las hipotecas al tiempo que ha acusado a la banca de «chantajear» al Poder Judicial.
También desde el PP, Xavier García Albiol, considera que la sentencia es «un grave error de consecuencias sociales imprevisibles». Más contenido se ha mostrado Xosé Manuel Barreiro, portavoz de Economía en el Senado, quien ha valorado que por fin se termine «con la confusión» en la gestión de las hipotecas. Barreiro ha dicho que las decisiones de la Justicia hay que «respetarlas y acatarlas»
También la asociación de jueces para la democracia ha manifestado su descontento con el proceder del Alto Tribunal. «Discrepamos del modo que TS ha gestionado el asunto de las hipotecas y por el daño a los ciudadanos y a la justicia. Pedimos la inmediata dimisión de Lesmes y Díaz-Picazo y apelamos al parlamento para que actúe en defensa de los consumidores», han señado en su cuenta de Twitter.
Por su parte, los partidos soberanistas han aprovechado el casos provocado por el Supremo para cuestionar al Supremo. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha señalado que la decisión «hunde aún más (si es que era posible) la credibilidad del poder judicial español». También el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha referido a la polémica de las hipotecas en un tuit: «El dinero del rescate se lo quedan y no lo devuelven, y los gastos de las hipotecas te los hacen pagar. Pero la culpa de que no haya suficiente dinero para políticas sociales la tienen los grupos independentistas porque no votarán el presupuesto del PSOE. Claro».