Supremo escándalo


Desesperante. Y bochornosa. Son los dos calificativos que mejor definen la actuación del Supremo en el embrollo hipotecario en el que el propio tribunal ha metido al país. Primero declara nulo el ya famoso artículo 68 del reglamento de la ley que regula el impuesto de actos jurídicos documentados. Ese que dice que quien ha de pagarlo es el hipotecado. ¡Albricias!, exclaman miles de ciudadanos ante tan excelente noticia. Se enteran el 18 de octubre y ya hacen sus cábalas respecto a cómo gastar el dinero que se suponen van a recuperar. El cuento de la lechera.

Pero, de todos es sabido que en casa del pobre, la alegría dura más bien poco. Ni veinticuatro horas. Lo que tarda el alto tribunal en dar marcha atrás y salir con que se ha precipitado. Que ahora se lo tiene que pensar. Y que donde dijo digo, igual acaba diciendo Diego. Y que ya, si eso, lo aclarará el 5 de noviembre.

Los ciudadanos no salen de su asombro. Ni los bancos. Siempre los malos de la película. También esta vez. Y eso que no hacían sino cumplir la ley. Ni más ni menos.

Llega el día fijado para tan trascendental reunión, con medio país conteniendo el aliento -y las cotizaciones de la banca, todo hay que decirlo, cayendo a plomo en la bolsa- y dicen sus señorías que todavía no lo tienen claro, que se lo van a pensar un poco más.

Y todo para acabar dejando las cosas como estaban. Pues para ese viaje no hacían falta tantas alforjas. Nos podían haber ahorrado el bochorno y, lo que es más importante, el golpe a la confianza en la Justicia.

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