Lo ocurrido con el caso del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en el Supremo no tiene ni pies ni cabeza. Primero, durante más de 20 años, el alto tribunal -alto porque después de él solo está el Constitucional y el europeo- mantuvo que el tributo que recaudan las autonomías lo tenían que pagar los ciudadanos que firmasen una hipoteca. Hace menos de un mes cambió de criterio y sostuvo que los que deben afrontar el abono son los bancos, y a los pocos días sentenció que lo pagarán los prestatarios. En ese momento, los jueces más sabios, más conocedores de la legislación, con más criterio y credibilidad abocaron al país a un caos y llevaron a la Justicia al borde de un precipicio en el que perdió su credibilidad. ¿Será entonces que los jueces del Supremo no son ni tan sabios, ni los que tienen mayor criterio, ni más credibilidad? Es. Sin más.
El resultado de la votación del pleno de la sala del Supremo (15 a 13) revela que entre los magistrados hay un enfrentamiento importantísimo.
La última sentencia que sentó jurisprudencia se unió a dos más al menos en el mismo sentido. De este hecho se deduce que al presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo Giménez, se le ocultó la situación. Porque si se hubiese enterado, lo lógico es que hubiese reunido al pleno antes de hacer público el fallo y analizar sus efectos económicos y sociales. ¿Alguien le hizo la cama a Díez-Picazo?
En el mundo de la judicatura hay quien piensa que sí y argumentan que «esto de llegar al Supremo es un intercambio de cromos entre amigos. Tú me das y yo te doy». Así que, en buena parte de los casos -aunque es cierto que no en todos-, los asientos asignados no los ocupan los jueces más preparados, los que pasaron una dura oposición, los más inteligentes o los más sabios. Es curioso ver cómo en una tan alta instancia hay hijos de los que fueron también jueces del Supremo, como si de herencia genética se tratase.
Otro problema grave radica en que la promoción de los magistrados en la carrera judicial no depende tanto de la calidad de sus sentencias, sino en el sentido de las mismas, y ello a su vez está directamente relacionado con el partido político que se haya hecho con el Gobierno. Otra cuestión está ligada a las sentencias populistas que afectan a los cimientos del Estado de Derecho y de las que, de manera indirecta, se legisla. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, pidió perdón por la crisis desatada. Lógico, era lo mínimo, pero lo siguiente hubiese sido exigir dimisiones. Sin embargo, la judicatura se ampara en el principio de la independencia, y frente a ello se pueden cometer graves dislates sin repercusión para el que los cometió. Los sufridores de esas sentencias disparatadas solo tienen la posibilidad de recurrir ante instancias superiores, con el consiguiente coste económico imposible de afrontar por una familia media española. El sistema es perverso, pero su cambio es hoy inviable porque cuando uno (léase políticos) es parte del problema es imposible que busque una solución al mismo.
Los partidos en la oposición han aprovechado esta coyuntura para ganar votos, y el Gobierno, que no quiere perder su poltrona, decidió cambiar la ley. ¿Para qué? Argumenta que para que paguen los bancos. Pero eso no va a ocurrir. Las entidades repercutirán el coste del impuesto en el precio de las hipotecas y el usuario acabará pagando más de lo que había hecho hasta ahora. Lo curioso es que intentan volver a engañarnos diciendo que van vigilar a los bancos. ¿Y qué van a conseguir? Nada.
Si el impuesto es injusto -que no ilegal-, que lo retiren. Pero no lo harán. Hay que pagar sueldos y sobresueldos, y aunque el AJD sea una barbaridad, usted y yo lo seguiremos abonando. Por cierto, ¿sabe que el Gobierno estudia otro impuesto por viajar por las autovías?