Es la octava causa contra el expresidente, que ya está en prisión
25 nov 2018 . Actualizado a las 09:26 h.En su primera entrevista como superministro de Justicia, el juez Sergio Moro (bordeando de nuevo los límites de su función como magistrado y ahora futuro hombre fuerte de Bolsonaro) explicaba a la revista Isto É que la sentencia que tiene al expresidente Lula da Silva en la cárcel «es solo la punta del iceberg». En la misma entrevista adelantaba algo que se confirmó el viernes: que la justicia brasileña considera a Lula, y a su sucesora Dilma Rousseff, como líderes de una banda criminal que, según la instrucción, saqueó la petrolera pública Petrobras.
Juntos a los dos expresidentes, son acusados los exministros de Hacienda Antonio Palocci y Guido Mantega, y el extesorero del Partido de los Trabajadores, João Vaccari Neto. El juez del tribunal regional de Brasília, Vallisney de Souza, aceptó la acusación realizada por el exfiscal general de la República, Rodrigo Janot, en septiembre del 2017. En otra de las decisiones judiciales que la defensa de Lula y del PT consideran arbitrarias, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió repartir la causa sobre la supuesta corrupción del partido para que el juez de Brasília se encargase de Lula y Dilma, y otros cargos menores en manos de otras instancias.
«Se ha verificado el diseño de un grupo criminal organizado, amplio y complejo, con miles de actores que se relacionan en una estructura con modelo cooperativista, en el que los integrantes actúan en comunión de esfuerzos y objetivos, en una estructura vertical y jerarquizada», escribió en septiembre Janot y hace suyo ahora Vallisney. Según esa acusación, Lula primero y Dilma después sabían y dirigían todas las operaciones que, en total, habrían saqueado cerca de 6.800 millones de euros en forma de sobornos que empresas como Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa, Mendes Júnior, Galvão Engenharia y Engevix pagarían para obtener contratos en la Petrobras.
Para Dilma Rousseff, es la primera imputación en un caso de corrupción. Para Lula, sin embargo, es la octava causa abierta en contra. El expresidente ya cumple una pena de 12 años de cárcel por haber recibido un tríplex a cambio de lubricar contratos en Petrobras. La semana pasada, Lula salió de prisión para testificar en otro caso con visos de sentencia contraria a sus intereses: la cesión de terrenos para su fundación y para otra vivienda en la localidad de Atibaia.
Delirio
El PT respondió como viene haciendo desde la oleada de procesos en contra de sus tótems desde el 2014. La acusación «es resultado de un delirio del exfiscal Rodrigo Janot, sin base legal alguna». A su juicio, quienes viene actuando como una verdadera organización criminal desde hace años son algunos sectores de la justicia, que persiguen al PT y sus líderes con acusaciones sin pie ni cabeza.
La defensa de Lula insiste en la teoría de la «persecución» contra el expresidente y los abogados de Dilma creen que el proceso «intenta criminalizar la política del PT». Quizás llegue tarde la expresidenta en su temor, porque las últimas elecciones probaron que los brasileños han asociado a su partido con la corrupción, castigándolo en las urnas (y a ella con un sonoro fracaso en su candidatura como senadora).
Junto a Dilma y Lula, está acusado entre otros el exministro Antonio Pallocci, conocido soplón en otras causas y cuyos abogados ya han dicho que colaborará desde la cárcel en la nueva causa. Lula, a sus 73 años, puede pasar más tiempo en prisión y en el juzgado que pergeñando una nueva alternativa política para el PT. Y el futuro de la principal sigla de Brasil también queda en el aire. Otros partidos, como el del aún presidente Michel Temer, se rebautizaron para evitar ser asociados con la mancha de la corrupción.