Anticorrupción se plantea endurecer su acusación contra la excúpula de Bankia

Ana Balseiro
Ana balseiro MADRID / LA VOZ

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La Fiscalía estudia sumar el delito de falsedad contable al de estafa en la salida a bolsa

27 nov 2018 . Actualizado a las 07:53 h.

Una treintena de acusados, con Rodrigo Rato a la cabeza de toda la excúpula de Bankia, además de la propia entidad financiera, su matriz (BFA) y la auditora Deloitte, se sientan desde ayer en el banquillo de la Audiencia Nacional. Tienen por delante siete meses de juicio por la salida a bolsa de Bankia, que resultó ser una estafa millonaria para los pequeños inversores, que compraron acciones fiándose de la aparente salud financiera de una entidad que acabó requiriendo un rescate público de 24.000 millones de euros.

De hecho, durante las cuestiones previas, ayer la Fiscalía Anticorrupción sorprendió a la sala anunciando que estudia endurecer su acusación definitiva contra los imputados, al sumar al delito de estafa el de falsedad contable, lo que elevaría sustancialmente las penas. En el caso de Rato, podrían pasar de los cinco años de prisión que se piden ahora a más de ocho.

En todo caso, la petición definitiva no se conocerá hasta el final del juicio, aunque el ministerio público avanzó tal posibilidad en virtud de nuevas pruebas documentales puestas ayer a disposición del tribunal. Destacan, en concreto, los informes que revelan el mal estado financiero de Bancaja Hábitat, filial inmobiliaria de Bancaja (una de las siete cajas cuya fusión formó Bankia) y que, según sostiene la Fiscalía, «ocultaba gran parte de los deterioros» que se arrastraron a las cuentas del 2011.

Este giro de guion de la fiscal Carmen Laguna, que sustituye a Alejandro Luzón tras su nombramiento como jefe de Anticorrupción, trastoca la estrategia de la mayoría de las defensas (Bankia entre ellas), que pretendían invocar la doctrina Botín para que el proceso solo continuase de facto contra los cuatro principales acusados del caso, los únicos a los que acusa la Fiscalía: Rodrigo Rato, expresidente de Bankia; José Luis Olivas, exvicepresidente; José Manuel Fernández Norniella, exconsejero; y Francisco Verdú, ex consejero delegado. Para ellos pide penas de entre cinco años y dos años y siete meses de cárcel por estafa a los inversores en la salida a bolsa.

¿Doctrina Botín o Atutxa?

La doctrina Botín supone que, si en una causa solo existe la acusación popular y no la de la Fiscalía o acusaciones particulares, la imputación puede llegar a archivarse. En este caso, el ministerio público solo acusa a los cuatro principales imputados, mientras que los otros 30 solo se enfrentan a las peticiones de pena por parte de las acusaciones populares, que quedarían expulsadas del caso al acreditarse que los perjudicados (todos los accionistas minoritarios) recuperaron su dinero. Sin embargo, la posibilidad de que la fiscal Laguna acuse finalmente a los 34 imputados por su responsabilidad en las cuentas falseadas en la salida a bolsa cambia radicalmente la situación. Asimismo, también podría aplicarse la doctrina Atuxta, que posibilita que, aun sin acusación particular ni del fiscal, la popular prospere, porque lo que se juzga ha sido un daño contra los intereses colectivos. ¿Y qué mayor perjuicio social que un rescate público de 24.000 millones?

Este caso, que juzga la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside la magistrada Ángela Murillo, reúne a más de medio centenar de abogados, entre las defensas de los acusados, quince acusaciones particulares que representan a centenares de perjudicados y dos acusaciones populares (CIC y CGT), además de la Abogacía del Estado, en representación del FROB.

Las defensas de Rato y Olivas esgrimieron ayer ante el tribunal, como prueba de la confianza que tenían en el proyecto de Bankia y de la ausencia de interés por falsear sus cuentas, que ellos mismos habían invertido en la salida a bolsa (250.000 euros Rato y 150.000 Olivas). La vista oral prosigue hoy en San Fernando de Henares con la intervención de las defensas pendientes.

El escándalo que precipitó el rescate público del sistema financiero

Bankia nació con los pies de barro. O, mejor dicho, de ladrillo. El que lastraba las cuentas de las siete cajas que, capitaneadas por Caja Madrid y Bancaja, protagonizaron la fusión que dio origen a Bankia, un gigante llamado a protagonizar, por desgracia, el mayor rescate financiero con dinero público en España.

La fusión, a mediados del 2010, bendecida por el Banco de España y por el Ministerio de Economía, no resolvió, como se esperaba, los problemas que cada una de las entidades ya tenía en solitario. Al contrario, la suma acabó generando un desastre aún mayor. Cabe recordar que la entidad valenciana tenía la mitad de tamaño que la madrileña y el doble de morosidad, amén de un fabuloso riesgo inmobiliario...

Así que el segundo intento para mantener la cabeza de Bankia (y de Rato, como presidente) fuera del agua fue sacarla a bolsa. Era julio del 2011 y el éxito de la operación se había convertido en una cuestión de Estado. Tanto el PSOE (en el Gobierno entonces) como el PP presionaron a las grandes empresas para que participaran en la operación, comandada por Rato. Debía ser el espaldarazo definitivo para mejorar la imagen de la banca española en el exterior, muy cuestionada su solvencia.

Y la intensa campaña de presión para acudir a la OPV de Bankia dio resultado: se captaron 3.092 millones de euros. 400.000 accionistas invirtieron sus ahorros en títulos de la entidad a 3,75 euros cada uno. Nueve meses más tarde no valían nada. Se esfumaron 1.800 millones de euros de pequeños ahorradores que confiaron en la veracidad de unas cuentas que no reflejaban la realidad de la entidad. En el tramo minorista, en Galicia hubo 5.000 personas que invirtieron unos 15 millones de euros.

Aunque hace un par de años la actual dirección de Bankia, tras una sentencia del Supremo, decidió devolver toda su inversión a los pequeños accionistas que acudieron a la OPV, no ocurrió lo mismo con los institucionales.

La lista de grandes inversores que acudieron en julio del 2011 a la llamada es extensa: Iberdrola (que se jugó casi 70 millones), prácticamente todos los grandes bancos, Telefónica, ACS, Ferrovial, Mapfre, Mutua Madrileña, Ferroatlántica, Ence... Y también un pequeño grupo de empresas gallegas que metieron unos cinco millones: Doniños de Inversiones, una sicav vinculada a Manuel Jove; Nova Pesca Trading, del grupo Pescanova; e Isowat, de Invertaresa. Fue una operación ruinosa.

El caso es que, poco menos de un año después de su debacle en el parqué, en mayo del 2012 Bankia tuvo que ser rescatada. Más de 24.000 millones de euros y la necesidad de que FMI, BCE y Comisión Europea prestasen a España la liquidez necesaria para sanear su sistema financiero.

El rescate supuso también el final para el otrora todopoderoso Rato, que comenzó a ver cómo el abismo de los procedimientos judiciales -con el de las tarjetas black como exponente- se abría bajo sus pies. Hasta el día de hoy.