Reino Unido y España chocan por el valor legal de la garantía europea sobre Gibraltar

Theresa May asegura en los Comunes que el Gobierno de Sánchez no logró lo que pretendía


bruselas / corresponsal

La polémica en torno a Gibraltar continúa. Nadie duda en Bruselas de que el Gobierno español consiguió parchear el pasado fin de semana el entuerto provocado por el negociador europeo, Michel Barnier. El francés modificó el texto legal del acuerdo del brexit a petición de los británicos, quienes intentaron de forma sigilosa arrebatar a España su influencia política sobre el futuro de Gibraltar. Un gesto de deslealtad que provocó la indignación del cuerpo diplomático español. Tras tensar la cuerda y amenazar hasta en tres ocasiones con un veto político al acuerdo del brexit, el presidente español, Pedro Sánchez, arrancó a Bruselas, sus socios europeos y Londres tres declaraciones políticas con las que aminorar el texto. Esos tres documentos se han convertido en las últimas horas en motivo de disputa entre Pedro Sánchez y Theresa May, quienes de vuelta a casa han intentado vender sendas victorias, hasta el punto de que la británica declaró ayer en la Cámara de los Comunes que España no logró lo que quería sobre el Peñón. Pero ¿por qué persisten las dudas sobre el recorrido jurídico de las declaraciones?

¿Por qué surgió la polémica?

Los tres documentos, paralelos al texto legal de retirada, dan la clave para interpretar el acuerdo del brexit. Aclaran que España podrá decidir si un eventual acuerdo futuro con el Reino Unido se aplica también a Gibraltar. Hay que matizar que España ya tenía, como cualquier otro país miembro, capacidad de vetar ese potencial acuerdo al finalizar las negociaciones (a más tardar, en el 2022), pero Madrid ha querido reforzar su posición y evitar bloqueos a largo plazo. La polémica surge a la hora de dar valor a esos documentos. No cabe duda de que contienen un compromiso político de la UE con España, pero hay quienes cuestionan que tenga pleno peso legal en caso de conflicto. La razón que esgrimen es que esos documentos ni van anejos al texto legal ni se los menciona en las conclusiones de la cumbre del pasado domingo, en la que se dio luz verde al acuerdo. A pesar de que el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, aseguró ayer que España «nunca pidió que se cambiase el texto» del tratado, lo cierto es que su equipo negociador sí lo hizo -o eso proclamó en público- para obtener «todas las garantías», conscientes de las reservas legales.

¿Quiénes dan rango legal a esas declaraciones?

El Gobierno español, hasta en dos ocasiones. El primero en hacerlo fue Sánchez: «Cuentan con toda la base jurídica», sostuvo el domingo. Ayer lo hizo desde Bruselas la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá: «Estamos muy tranquilos en cuanto a las consecuencias jurídicas de ese acuerdo», sostuvo en referencia a las tres declaraciones. A la pregunta de si puede garantizar que tienen rango legal, añadió: «Claro que lo tienen. Tienen el respaldo más absoluto y pleno de la UE». Berlín cierra filas con Madrid. El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, se mostró ayer sorprendido por la controversia: «Naturalmente que se trata de un documento jurídicamente vinculante, una interpretación vinculante, tal y como hemos hecho en otras ocasiones en la UE», sostuvo para añadir ante la atenta mirada de Borrell que «todo el mundo lo va a respetar. No es papel mojado».

¿Por qué persisten las dudas?

Ni el Consejo ni la Comisión Europea son categóricos al respecto. Tampoco han accedido a aclarar las dudas del Gobierno de Sánchez en el texto legal. Se han limitado a mostrar su solidaridad con las demandas de España por escrito. No es esta la única señal confusa. Altas fuentes diplomáticas austríacas aseguraron el domingo que los tres documentos «no son simples trozos de papel, tienen un significado político, pero legalmente no cambia ni cambiará nada». Una tesis a la que se han sumado, de forma interesada, el principal ministro de Gibraltar, Fabian Picardo, y la premier, Theresa May. «Las declaraciones de los Gobierno son papel mojado», sostuvo el llanito. La tory se aferró a esa interpretación para defender el acuerdo ante quienes la acusan en su país de haber capitulado ante España, obviamente para debilitar su posición. «El texto legal del acuerdo de salida no ha sido cambiado: esto es lo que el Gobierno español pidió repetidamente, y no lo ha conseguido», aseguró ayer en Londres.

¿Tienen ya opinión los expertos?

Sí. Algunos expertos como Michael Emerson (CEPS) van más allá de la cuestión de Gibraltar y dudan del peso legal de la propia declaración política sobre la relación futura que acompaña al texto de retirada, un documento con más enjundia que las declaraciones sobre el Peñón. «En muchas partes, la sustancia de la declaración política va precedida por un lenguaje como “podría” o “debería”, lo que confirma que no es un texto legalmente vinculante».

¿Puede cambiar la UE su postura sobre Gibraltar?

No. Más allá del recorrido jurídico que tengan las declaraciones políticas, es extremadamente raro que la UE cambie sus compromisos con un Estado miembro. Hasta ahora apenas se ha movido de las directrices que aprobó en abril del 2017 para negociar la salida del Reino Unido, aunque en el caso de Gibraltar lo hizo.

Trump echa un capote a los «brexiters»

Era el condimento que faltaba en el guiso. El presidente de EE. UU., Donald Trump, advirtió ayer de que el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas para regular el brexit podría dificultar el comercio entre el Reino Unido y Estados Unidos. Trump compareció ante la prensa en la Casa Blanca para señalar que el acuerdo alcanzado «parece que es bueno para la Unión Europea». El mandatario se alinea de este modo con el sector más duro del Partido Conservador, que considera que el pacto impone demasiadas condiciones al Reino Unido.

Corbyn reclama a la «premier» que prepare un plan B

La votación que toda Europa teme ya tiene fecha. Theresa May anunció ayer que el Parlamento se pronunciará sobre el acuerdo del brexit el próximo 11 de diciembre. Después de varias jornadas de especulaciones sobre el día, del que solo se sabía que sería antes del receso navideño, la dirigente conservadora confirmó que el conocido como voto significativo tendrá lugar el segundo martes del mes que viene. Antes de la votación tendrá lugar un debate que durará cinco días y que comenzará el 4 de diciembre.

La primera ministra compareció en Westminster después de que los 27 dieran el visto bueno al acuerdo que forjó con el negociador europeo, Michel Barnier. May se sometió a las preguntas de los diputados durante más de dos horas y trató de convencerlos para que voten a favor, porque en caso contrario, advirtió, volverán «a la casilla uno» del brexit.

Sin embargo, no consiguió modificar todavía la correlación de fuerzas contraria a su plan. El acuerdo salido del Consejo Europeo es rechazado por decenas de parlamentarios de su grupo, por la oposición laborista y por el norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), del que dependen los tories para seguir gobernando.

«Nunca se aprobará. Está más muerto que los dodos», resumió la situación el diputado conservador Mark Francois, que calificó de «rendición» el acuerdo. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, la instó a buscar «un plan B» en el caso de que, como parece, el acuerdo no reúna los votos necesarios.

Mayor división

La primera ministra, que según una fuente europea había reconocido en Bruselas que de momento no cuenta con la mayoría parlamentaria que exige la aprobación del texto, no se da, sin embargo, por vencida. Su argumento es que, si no se apoya el pacto que alcanzó en Bruselas, la incertidumbre se adueñará del país. «Nadie sabe qué pasará. Se abriría la puerta a una mayor división y a una mayor incertidumbre, con todos los riesgos que eso implica», amenazó. A su juicio, la alternativa es abandonar la UE sin acuerdo alguno, una perspectiva muy criticada por el empresariado británico.

Poco a poco empieza a trascender, además, que May piensa advertir a los cerca de 80 diputados rebeldes de su partido que anunciaron que votarán en contra sobre la posibilidad de que pierdan sus escaños en las próximas elecciones si el acuerdo es rechazado. En paralelo, y en un intento por contrarrestar el peso de estos brexiters rebeldes, May se propone también atraer a algunos diputados laboristas, principalmente los representantes de circunscripciones obreras que votaron por salir de la UE en el referendo del 2016.

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