Reino Unido y España chocan por el valor legal de la garantía europea sobre Gibraltar

Cristina Porteiro
cristina porteiro BRUSELAS / CORRESPONSAL

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JESSICA TAYLOR

Theresa May asegura en los Comunes que el Gobierno de Sánchez no logró lo que pretendía

27 nov 2018 . Actualizado a las 11:49 h.

La polémica en torno a Gibraltar continúa. Nadie duda en Bruselas de que el Gobierno español consiguió parchear el pasado fin de semana el entuerto provocado por el negociador europeo, Michel Barnier. El francés modificó el texto legal del acuerdo del brexit a petición de los británicos, quienes intentaron de forma sigilosa arrebatar a España su influencia política sobre el futuro de Gibraltar. Un gesto de deslealtad que provocó la indignación del cuerpo diplomático español. Tras tensar la cuerda y amenazar hasta en tres ocasiones con un veto político al acuerdo del brexit, el presidente español, Pedro Sánchez, arrancó a Bruselas, sus socios europeos y Londres tres declaraciones políticas con las que aminorar el texto. Esos tres documentos se han convertido en las últimas horas en motivo de disputa entre Pedro Sánchez y Theresa May, quienes de vuelta a casa han intentado vender sendas victorias, hasta el punto de que la británica declaró ayer en la Cámara de los Comunes que España no logró lo que quería sobre el Peñón. Pero ¿por qué persisten las dudas sobre el recorrido jurídico de las declaraciones?

¿Por qué surgió la polémica?

Los tres documentos, paralelos al texto legal de retirada, dan la clave para interpretar el acuerdo del brexit. Aclaran que España podrá decidir si un eventual acuerdo futuro con el Reino Unido se aplica también a Gibraltar. Hay que matizar que España ya tenía, como cualquier otro país miembro, capacidad de vetar ese potencial acuerdo al finalizar las negociaciones (a más tardar, en el 2022), pero Madrid ha querido reforzar su posición y evitar bloqueos a largo plazo. La polémica surge a la hora de dar valor a esos documentos. No cabe duda de que contienen un compromiso político de la UE con España, pero hay quienes cuestionan que tenga pleno peso legal en caso de conflicto. La razón que esgrimen es que esos documentos ni van anejos al texto legal ni se los menciona en las conclusiones de la cumbre del pasado domingo, en la que se dio luz verde al acuerdo. A pesar de que el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, aseguró ayer que España «nunca pidió que se cambiase el texto» del tratado, lo cierto es que su equipo negociador sí lo hizo -o eso proclamó en público- para obtener «todas las garantías», conscientes de las reservas legales.

¿Quiénes dan rango legal a esas declaraciones?

El Gobierno español, hasta en dos ocasiones. El primero en hacerlo fue Sánchez: «Cuentan con toda la base jurídica», sostuvo el domingo. Ayer lo hizo desde Bruselas la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá: «Estamos muy tranquilos en cuanto a las consecuencias jurídicas de ese acuerdo», sostuvo en referencia a las tres declaraciones. A la pregunta de si puede garantizar que tienen rango legal, añadió: «Claro que lo tienen. Tienen el respaldo más absoluto y pleno de la UE». Berlín cierra filas con Madrid. El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, se mostró ayer sorprendido por la controversia: «Naturalmente que se trata de un documento jurídicamente vinculante, una interpretación vinculante, tal y como hemos hecho en otras ocasiones en la UE», sostuvo para añadir ante la atenta mirada de Borrell que «todo el mundo lo va a respetar. No es papel mojado».