Terribles. No puedo calificar de otra forma los votos particulares de doce magistrados del Tribunal Supremo en discrepancia con la sentencia del Pleno de la Sala Tercera que decidió que los clientes deben pagar el impuesto de las hipotecas. Los razonamientos de esos magistrados son más críticos que el más duro de los análisis periodísticos que se han publicado. Tanto es así, que hay medios informativos que hablan de «guerra abierta» y de cisma en el seno del alto tribunal. Y algo peor que eso: quizá den la razón a quienes han hecho demagogia con la sentencia, aduciendo argumentos tan indemostrables como la sumisión de algunos jueces a los intereses de la banca. Insisto en la calificación: terrible.
Y es que esos magistrados tampoco entienden que el Supremo diga en pocos días una cosa y la contraria. Una frase del juez Sieira es particularmente hiriente: «Si el Tribunal Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, cómo podrá pedirse respeto a la misma». Solo hay una forma de entender lo sucedido y es que la regulación legal del impuesto sea deficiente, como señaló en su día el presidente del Poder Judicial, don Carlos Lesmes, y por tanto, susceptible de múltiples y contradictorias interpretaciones. Pero aun así, nada justifica la grave denuncia del menosprecio de la jurisprudencia por miembros del propio tribunal. Eso es, en efecto, el grave daño causado a la institución.
¿Y ahora qué?, nos preguntamos todos. ¿Cómo se devuelve al contribuyente la confianza en el máximo órgano jurisdiccional? ¿Cómo se convence al ciudadano de que ha sido un error humano que por sí solo no debiera deteriorar el prestigio y la credibilidad ganada a lo largo de siglos? No alcanzo a ver una solución, y mucho menos en un tiempo cargado de demagogia donde multitud de actores políticos, agentes sociales y opinadores varios están dispuestos a inundar el país de discursos disolventes de las instituciones. El terreno ya estaba abonado para eso, pero ahora los magistrados discrepantes los cargan de razones y sospechas.
Entiendo que los demás poderes públicos, el Ejecutivo y el Legislativo, tendrían que echar una mano a la institución básica del Estado de Derecho y proceder urgentemente a dos medidas: si hubiese indicios de corrupción, perseguirla, porque no caben sospechas en la Administración de Justicia. Y, si la regulación del impuesto es deficiente o confusa, reconózcalo el Gobierno que tanto se apresuró a hacer un decreto para corregir al Supremo. Una nueva ley con exposición de motivos en ese sentido no devolvería toda la confianza al Alto Tribunal, pero al menos daría algún argumento para defenderlo. Ahora mismo yo no lo tengo. Y lo digo con harto dolor de corazón.