La subida de cuotas deja sin minitarifa a 300.000 autónomos

La cotización reducida se retrasa, y las rentas por debajo del salario mínimo también pagarán 283,3 euros


vigo / la voz

A partir de enero, los autónomos (personas físicas) pagarán al mes 283,3 euros de cuota si cotizan por la base mínima, que es a la que están abonados el 80 % de los trabajadores por cuenta propia. Eso supone 5,36 euros más al mes que ahora, un coste del que se van a resentir buena parte de los autoempleados, pero de manera muy especial aquellos cuyos ingresos mensuales están por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), ya que la propuesta de una cotización reducida, o minitarifa, para las rentas más bajas finalmente ha quedado aplazada, y no se empezará negociar hasta febrero del año próximo, como parte de la reforma del sistema de cotizaciones.

Durante los últimos meses, Gobierno y organizaciones de autónomos consensuaron la necesidad de establecer una tarifa reducida, e incluso se llegó a especular con sumas que oscilarían entre los 30 y los 50 euros. Sin embargo, con la subida de las cuotas aprobada para el 2019, el escenario al que se enfrentan más de 300.000 autónomos en España, alrededor de 3.000 en Galicia, según estimaciones de la Seguridad Social, es que van a tener que afrontar el pago de 283,3 euros al mes, cinco más que ahora, pese a que sus ingresos no llegan a los 735 euros (SMI).

Difícil de demostrar

Podría haber sido peor, porque el Ejecutivo presentó su plan presupuestario para el próximo año en el que su intención era elevar hasta 50 euros al mes las cotizaciones sociales del colectivo, que en Galicia integran 212.000 trabajadores por cuenta propia.

La subida pactada se ha reducido considerablemente, pero queda mucho por negociar hasta que el régimen de trabajadores por cuenta propia consiga tener en España el ansiado sistema de cotización en función de los ingresos. Dice la ministra Valerio que hay que cruzar muchos datos, y que reformas de este calado no se pueden improvisar.

«Seríamos irresponsables si fijáramos un plazo de días para este sistema», afirmó Valerio esta semana, a la vez que se comprometió a que este asunto sea una prioridad para el Gobierno durante el próximo año, pero sin poner fecha.

Dice el ministerio que este esquema tiene su complejidad técnica, ya que exige la acreditación de los ingresos anuales de cada beneficiario, razón por la cual Empleo ha pedido a Hacienda que valore la viabilidad técnica de desarrollarlo.

«En principio, la idea sería permitir el registro de los potenciales beneficiarios y chequear el cumplimiento de los requisitos establecidos con la regularidad que permitan los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria», explican fuentes conocedoras del borrador de la medida.

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