Arrecian las protestas contra el juez que requisó los móviles a dos periodistas

El fiscal jefe de Baleares no ve desproporcionada la decisión y le resta importancia


redacción / la voz

Políticos, abogados y periodistas mostraron ayer su más enérgico rechazo a la decisión adoptada por el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Mallorca, responsable de la instrucción del caso Cursach -la causa que afecta al empresario de la noche mallorquina Bartolomé Cursach- que ordenó el martes la entrada y registro en las oficinas de Diario de Mallorca y en la delegación de Europa Press en Palma para intervenir documentación, los ordenadores y los teléfonos móviles de dos redactores de estos medios. El objetivo de esta diligencia era buscar el origen de la filtración periodística de una noticia publicada en julio pasado. Dicha información versaba sobre un informe del grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional, que apuntaba a un presunto fraude fiscal del empresario mallorquín Bartolomé Cursach de 51 millones de euros y 14,7 más a la Seguridad Social.

La protección de las fuentes informativas y del secreto profesional de los periodistas tiene cobijo en el artículo 20.1 de la Constitución, que consagra el derecho a difundir y recibir información veraz, aunque no existe una regulación jurídica que lo desarrolle. Es un derecho que tiene límites, según coinciden los expertos, pero señalan que el secreto profesional de los periodistas es «casi sagrado», de modo que un juez debe razonar de forma poderosa y detallada la intromisión.

¿Y sucedió en este caso? El juez y la Fiscalía Anticorrupción entendieron que la incautación de los móviles y ordenadores de periodistas era necesaria por razones que no explicaron, por estar secreta la causa. «No se trata de investigar fuentes sino de hacer comprobaciones» se justificó ayer el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, quien aseguró que no consideraba la incautación y el registro una «medida desproporcionada».

No piensa de la misma forma el exjuez Castro, instructor del caso Nóos, para quien por investigar una filtraciones se está «lesionando la Constitución». «Una agresión a la libertad de prensa», concluía la directora del Diario de Mallorca, María Ferrer. La titular del Gobierno balear, Francina Armengol recordaba la necesidad de «respetar los derechos de privacidad de las fuentes periodísticas en un Estado democrático». «Pensé que había pasado en Venezuela», dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Más de 200 periodistas de diferentes medios entregaron ayer a la fiscal general del Estado, María José Segarra, una carta en la que denuncian las entradas y registros efectuados en los dos medios de Baleares. Por su parte, la Agencia Europa Press presentará hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares una querella contra el juez por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.

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