El Gobierno se desdice y prepara una cumbre similar a la que pedía Torra

Sánchez descarta ilegalizar fuerzas secesionistas, como le sugieren algunos barones

Pedro Sánchez, aplaudido por Carmen Calvo tras intervenir en el Senado, respondió a quienes exigen la ilegalización de fuerzas secesionistas que «los problemas se solucionan, no se prohíben»
Pedro Sánchez, aplaudido por Carmen Calvo tras intervenir en el Senado, respondió a quienes exigen la ilegalización de fuerzas secesionistas que «los problemas se solucionan, no se prohíben»

madrid / la voz

Nuevo giro o «bandazo», como le gusta llamarlos a la oposición, en la hoja de ruta de Pedro Sánchez con Cataluña. El portazo pegado a finales de la pasada semana por la ministra portavoz, Isabel Celaá, descartando la posibilidad de celebrar una minicumbre entre representantes del Ejecutivo central y consejeros del Gobierno catalán con motivo de la reunión del Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona, se ha quedado en papel mojado. «Ese no es el formato», sostenía Celaá, defendiendo que Sánchez solo aceptaría verse con Torra y rechazando así encuentros a niveles inferiores. 

Sin embargo, fuentes de la vicepresidencia admitían este martes que, ante la excepcionalidad del caso catalán, sí existe la posibilidad de que finalmente se celebren reuniones paralelas entre distintos representantes de ambos Ejecutivos, tal y como reclamaban los secesionistas en su intento de barnizar la cita con un aire internacional. «Se debe abrir paso a la política», sostenían dichas fuentes, incapaces de descartar cualquier escenario. De momento el formato sigue sin cerrarse, pero todo apunta a que al encuentro entre Sánchez y Torra, todavía sin confirmar, se sumarán otras entrevistas en paralelo entre altos cargos de las dos Administraciones. Esa es la última oferta del Gobierno de la Generalitat, que reclama un cara a cara entre la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, con el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, así como al menos otra reunión entre la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, con la consejera de Presidencia, Elsa Artadi.  

Intento de rebajar la tensión

Sánchez participó este martes en un Pleno en el Senado en el que no hizo grandes referencias a la cuestión catalana. Sí presumió del talante dialogante de su Gobierno. «Democracia es diálogo y ley. Diálogo siempre, Constitución también», sostuvo, y también dejó claro que ni se plantea ilegalizar formaciones secesionistas, como le reclaman desde la oposición y algunos barones socialistas: «Los problemas se solucionan, no se prohíben», sostuvo.

La reunión ministerial de este viernes se ha tornado en un arma de doble filo. La intención del Gobierno era presentarse como bombero, mostrando una imagen conciliadora que contribuyera a destensar la situación, pero el descontrol en las calles, la exacerbada rivalidad entre ERC y el PDECat, y el inicio del juicio por el desafío secesionista, junto a la necesidad de Sánchez de apoyarse en los independentistas para sacar sus Presupuestos, ha envenenado la ecuación hasta el punto de que amenaza con transformar al apagafuegos en el bombero pirómano.

El propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, admitía recientemente que quizás no había sido buena idea acudir a la Ciudad Condal. Pero una renuncia a estas alturas sería evidenciar debilidad ante los independentistas, y la marcha atrás está descartada. Este martes Sánchez volvió a defender la reunión a orillas del Mediterráneo como «prueba» de compromiso y «respeto al pueblo catalán y a la España autonómica». Sánchez busca suavizar su desembarco en Barcelona con anuncios de medidas que aprobará el mismo viernes, como la subida del salario mínimo hasta los 900 euros o el incremento del sueldo de los funcionarios un 2,25 %, y otras más «simbólicas» que todavía se guarda bajo la manga.

En ese intento de destensar el ambiente, no le habrán ayudado mucho las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien consideró a Torra como alguien «deslegitimado» para continuar en política tras su llamada a alcanzar la independencia por la vía eslovena. 

presión de ciudadanos y el pp: el congreso rechaza aplicar el 155

Rivera responsabiliza al jefe del Ejecutivo de cualquier «desgracia» que ocurra en Cataluña 

Gonzalo Bareño

«Si este viernes hay una desgracia, si se cortan carreteras, si no permiten el Consejo de Ministros, todo lo que ocurra es responsabilidad suya». El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, elevó ayer al máximo la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtiéndole que si no aplica el artículo 155 de la Constitución en Cataluña después de que el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, haya apelado «a los muertos» y a una «guerra», al defender la vía eslovena, estará enviando a los españoles un mensaje «letal» que implica que le importa más «seguir en el sillón» de una presidencia a la que entró «por la puerta de atrás» que defender la Constitución española.    

A tres días de que el Consejo de Ministros se reúna en Barcelona, Rivera defendió una proposición de ley para que el Congreso inste a la suspensión de la autonomía de Cataluña. Una propuesta que solo encontró el apoyo del PP, que a las graves acusaciones de Rivera para justificar una media excepcional, añadió «las relaciones del nacionalismo con ETA», que «ha abierto las puertas» del Parlamento catalán para hacerse «selfis» con un terrorista, en referencia a Arnaldo Otegi.

Rivera aseguró que existen motivos sobrados para aplicar de nuevo el artículo 155 en Cataluña y que el Gobierno tiene la «obligación moral» de poner en marcha ese mecanismo. Y una vez aplicado, según dijo, solo existen dos opciones: que el Gobierno de la Generalitat «claudique ante la democracia» o, «si el señor Torra no es capaz de acatar la Constitución, lo tendrán que hacer el Gobierno y las Cortes Generales». Ofreció su apoyo a Sánchez para hacerlo y para decidir qué competencias deben ser suspendidas y por cuánto tiempo, además de estudiar hay «que hacer mejor que lo que se hizo en la aplicación anterior» con apoyo de su partido.  

Da por rotos todos los puentes

«Les pido que rectifiquen, que dejen de tener como aliados a quienes quieren liquidar la nación», pidió el líder de Ciudadanos, que concluyó advirtiendo a los diputados del PSOE que si, apretaban «el botón rojo» para rechazar su propuesta, como así hicieron, habrían roto «todos los puentes posibles para un futuro».

La advertencia de Rivera fue interpretada por el portavoz socialista José Zaragoza como un intento de justificar un pacto en Andalucía con la derecha «xenófoba y homófoba». «La puerta de atrás es donde están ustedes pactando con Vox», señaló el diputado del PSOE, que acusó a Rivera de ser un «pirómano». «No viene al Congreso a plantear lo que necesita España. Viene a hablar de lo que necesita usted», indicó Zaragoza, quien aseguró que no existe ningún motivo para aplicar el 155, porque desde que el PSOE está en el Gobierno «se han aplicado toda la firmeza de la ley y toda la fuerza del diálogo».

En una dura intervención, el diputado catalán del PP Jordi Roca Mas apoyó la aplicación del artículo 155 asegurando que en Cataluña se acosa a jueces y políticos, se cierran carreteras, trenes e infraestructuras y se agrede a quien piensa diferente. Y todo eso, según dijo, está siendo «impulsado, promovido y espoleado» desde un Gobierno de la Generalitat que amenaza con «un conflicto civil» después de que, según aseguró, intentara «comprar armamento militar».

El fiscal apoya que el Supremo juzgue el 1-O por ser un atentado al interés nacional

mateo balín
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, entre Andrés Martínez Arreieta y Juan Ramón Berdugo, al inicio de la vista
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, entre Andrés Martínez Arreieta y Juan Ramón Berdugo, al inicio de la vista

Las defensas piden que sea el tribunal autonómico porque los hechos ocurrieron en Cataluña

El Tribunal Supremo celebró este martes el ensayo general del juicio por el desafío independentista catalán. Se trató de una vista previa para dirimir la cuestión de la competencia territorial para enjuiciar los hechos. Esto es, si debe ser la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Como era previsible, Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por Vox, apoyaron que la causa sea juzgada en el Supremo, mientras que las defensas de los 18 procesados reclamaron que sea el tribunal catalán.

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