Todas, absolutamente todas, las 17 comunidades autónomas han redactado y aprobado normas con rango de ley para la promoción de la igualdad entre sexo o contra la violencia hacia la mujer, desde el 2001 que lo hizo Castilla-La Mancha y al año siguiente la siguió Navarra. Andalucía lo hizo en el 2007, pero volvió a redactar una nueva ley de violencia machista el año pasado. El éxito de la propuesta fue tal que ningún diputado (47 del PSOE, 33 del PP, 15 de Podemos, 9 de Ciudadanos y 5 de IULV) votó en contra en el Parlamento regional. Por lo que la propuesta de Vox de exigir su derogación para pactar con PP y Ciudadanos la formación de un futuro Gobierno parece más una baza estratégica para lograr alguna dádiva que cualquier otra cosa.
La ley andaluza vigente desde el pasado 1 de agosto contó con una partida de 50 millones para su ejecución. En su articulado prevé medidas de acompañamiento a las víctimas, formación del personal de la Administración y una ventanilla única para la atención a las mujeres. La norma amplió el concepto de víctima e incorporó a los hijos, a personas con discapacidad, a dependientes y mayores a su cargo. Y englobó en las formas de violencia más supuestos, como la ciberdelincuencia y el acoso sexual. Las excusas de Vox para despreciar la ley es el apartado que hace referencia a dotarla de recursos y el que «atenta contra la Constitución». De ser así, cabría presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, como se ha hecho con otras leyes, para que se pronuncie. Vox olvida que en su programa proclama el «fuera autonomías», ente territorial al que se dedica el Título VIII.