El Gobierno aprueba el impuesto digital y la tasa Tobin, con los que prevé recaudar 2.050 millones

Defiende que el impuesto digital hará frente a la «competencia desleal» y la tasa Tobin proporcionará «equidad»


El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado este viernes los proyectos de ley que pondrán en funcionamiento los nuevos gravámenes a los servicios digitales y a las transacciones financieras. Los socialistas han sacado la calculadora y prevén que con sus nuevos impuestos consigan engrosar las cuentas públicas en 2.050 millones de euros. 

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha presentado algunos de los puntos clave de sus nuevas cargas tributarias durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La socialista ha asegurado que la conocida tasa Google está directamente dirigida a las plataformas que trabajan de forma «privilegiada» y que proporcionan una «gran desventaja» a otros comercios o actividades que pagaban impuestos. El objetivo es claro: conseguir hacer frente a la «competencia desleal». A este respecto, Celáa ha sacado pecho destacando que el nuestro será el primer país de la Unión Europea que establece esta imposición para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital.

Tal y como recoge Europa Press, el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará aquellas compañías con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Defiende la portavoz del Ejecutivo que su proyecto se mantiene en línea con lo propuesto desde los despachos de Bruselas. De esta forma, se gravará el 3 % de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

El impuesto, por tanto, irá dirigido a todas las plataformas que ponen en contacto al que ofrece un servicio y al que lo adquiere, pero nunca gravará las cuentas del que genera el producto. Celáa también ha apuntado que la liquidación será trimestral y que los socialistas esperan recaudar con este tributo 1.200 millones de euros. También quedarán excluidas del impuesto la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Además se excluyen del impuesto determinados servicios financieros.

Transacciones financieras

Además de la tasa Google, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Impuesto sobre las Transacciones Financieras, popularmente conocido como tasa Tobin, que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Este gravamen también busca, defienden, la «equidad» del sistema. Celáa ha indicado que desde el año 2013 un total de 10 países de la UE trabajan sobre esta imposición, que se considera «conveniente» establecer a nivel nacional.

Siguiendo el modelo francés, se someterá a tributación al 0,2 % las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto.

Quedan fuera del ámbito de la tasa Tobin la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.

Lo que no ha aprobado el Consejo de Ministros de este viernes es el proyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que recogía un amplio abanico de medidas, han apuntado fuentes de Hacienda.

Entre otras, incluirá la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales, el reforzamiento de la lista de morosos con los responsables solidarios y la aparición de los deudores a partir de 600.000 euros (ahora es un millón), la prohibición de amnistías fiscales y la adopción de medidas internacionales de lucha contra el fraude. Con todas estas medidas, prevé recaudar 500 millones de euros extra.

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