El histórico juicio a los secesionistas pone a prueba la solidez del Estado de derecho

Un año y cuatro meses después de la celebración del ilegal referendo de autodeterminación convocado por el Gobierno de la Generalitat el 1 de octubre del 2017, y de la posterior aprobación en el Parlamento catalán de una declaración unilateral de independencia que vulneraba la Constitución y el propio Estatuto de Cataluña, el juicio a los máximos responsables del desafío secesionista pondrá a prueba la solidez del Estado de derecho y la independencia de la Justicia a la hora de enjuiciar unos hechos que constituyen el mayor desafío a la integridad territorial de España en 40 años de democracia. Conscientes de la relevancia internacional de este proceso, los independentistas catalanes tratan de presentarlo como un juicio político que evidencia la falta de democracia en España, mientras que el Gobierno y los partidos constitucionalistas ven en él la prueba de la separación de poderes y de la fortaleza democrática del Estado. Será un juicio que marcará toda la agenda política hasta después del verano, con unas elecciones autonómicas, municipales y europeas de por medio, y en pleno tramite de los Presupuestos, que podría provocar un adelanto de las generales. La batalla por el relato de este proceso ha comenzado antes incluso de que los acusados se sienten en el banquillo.

 Presión de Torra

Llamamiento a la comunidad internacional. El presidente catalán, Quim Torra, hizo una declaración institucional en la que llamó a la comunidad internacional, y especialmente a la Unión Europea, a sumarse «al clamor del pueblo de Cataluña en defensa de los principios y valores que han de hacer del mundo un lugar más justo, más seguro y más libre». Garantizó el compromiso de su Gobierno de «no desfallecer ni retroceder» ante la que calificó como una «ola represiva» y una «preocupante involución democrática» en España. En una intervención en inglés y en catalán, Torra aseguró que este juicio «cambiará para siempre nuestro país y su relación con el reino de España», y pidió al Gobierno de Pedro Sánchez «valentía, coraje y voluntad de emprender los cambios democráticos que España necesita para homologarse a las democracias plenas y avanzadas del mundo» garantizando «el diálogo, la negociación y el ejercicio del derecho de autodeterminación».  

Firmeza del Gobierno

Juicio con todas las garantías. El Gobierno, por boca de su portavoz, Isabel Celáa, aseguró por el contario que «el del procés será un juicio con todas las garantías propias de un país social y de derecho absolutamente contrastado». Pero, en un intento de rebajar la tensión, instó a «tratar de apaciguar las emociones para tratar de no suscitar otras pasiones». «La moderación en la retórica suele ser bastante bien recibida a la hora de apagar pasiones que no son útiles para la resolución de los problemas», señaló la portavoz. El Gobierno tiene previsto intensificar la acción diplomática en el extranjero para impedir que el relato secesionista se imponga en los medios extranjeros, como ocurrió durante el procés. 

Los acusados

«El mundo nos tendrá que escuchar». Pero no solo el Gobierno catalán, sino los propios acusados, pretenden utilizar el juicio como altavoz de sus reivindicaciones. Uno de ellos, el exconsejero Jordi Turull, difundió un texto antes de ser trasladado a Madrid en el que advertía de que «ahora son ellos y todo el mundo quienes nos tendrán que escuchar». «Pese a ir a hacer el juicio injusto, no vamos con el ánimo de los vencidos. Al contrario. Vamos con la fuerza y el coraje que da haber defendido una causa noble, justa, pacífica, legítima y democrática, y de enfrentarnos a un relato que es una farsa absoluta», añadió Turull. 

División secesionista

Batalla por la hegemonía del independentismo. El juicio se celebra también en plena batalla entre los propios independentistas por rentabilizar políticamente las consecuencias del procés y por hacerse con el liderazgo del secesionismo de cara a las próximas elecciones. La tensión entre el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que acaba de cuestionar la fuga a Bélgica del expresidente Carles Puigdemont contraponiéndola con su decisión de asumir el riesgo de ser encarcelado, y el expresidente catalán, que insinuó que tras este juicio cuestionaría la versión de los hechos de Junqueras, podría verse acrecentada en función de si los exconsejeros y dirigentes políticos de ERC acusados adoptan una estrategia de defensa conjunta con los de Junts pel Sí o si, por el contrario, tratan de marcar diferencias. 

Influencia política

Presupuestos, elecciones y Vox. El señalamiento del juicio ha paralizado, tal y como reconoció ayer la propia portavoz del Gobierno, las negociaciones entre el Ejecutivo y la Generalitat con vistas a que los independentistas, cuyo voto es imprescindible, apoyen los Presupuestos del Estado. Si el desarrollo del juicio elevara ese desencuentro y confirmara que ERC y el PDECat no respaldarán las cuentas públicas, Sánchez tendría la baza de convocar las generales el 26 de mayo, antes de que haya sentencia, haciéndolas coincidir con las autonómicas, municipales y europeas. Un escenario que los independentistas no desean, pero que permitiría al Gobierno ir a los comicios sin tener que pronunciarse sobre un hipotético indulto a los secesionistas que sean condenados. La presencia de Vox como acusación particular en el juicio será aprovechada también por el partido de extrema derecha como altavoz y plataforma política de cara a las próximas citas electorales.

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