El Ministerio de Educación, junto a los departamentos educativos de las diferentes comunidades autónomas, se encargará de «regular los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que imparten educación infantil» de primer ciclo, es decir, de 0 a 3 años. Según explicó la ministra, Isabel Celaá, en su comparecencia ante la comisión de Educación del Congreso, se regulará desde esta perspectiva de educación la titulación de las personas que estén en el centro, sus materiales y recursos y la programación del aprendizaje. El objetivo, comentó Isabel Celaá, es potenciar esta educación, porque es ahí donde se sientan los pilares de la equidad. En ningún país analizado por PISA los estudiantes de entornos desfavorecidos acuden más tiempo a la escuela infantil que sus compañeros de familias de más ingresos.

La ministra habló sobre la nueva ley, que en «unos días» se llevará el articulado al Congreso, aunque no anunció nuevas medidas concretas. Sí restó importancia al número de leyes educativas que ha habido en España tras la democracia, y realmente considera que tras la Logse ha habido pocos cambios, tanto en las etapas como en la profesión o el concierto con los centros privados. Criticó en ese sentido la Lomce porque, según dice, «vino a desandar parte del camino de avance que veníamos recorriendo todos juntos». De la ley Wert destacó el aumento de las repeticiones y el descenso de las tasas de titulación.

«No es una respuesta coyuntural. Esta ley es un texto a la altura de la situación actual»

Sobre las críticas a que no retome el pacto social por la educación, matizó que este no es importante si se hace sobre aspectos genéricos de la Constitución y que es un mucho más útil, recalcó, si se «basa en textos concretos donde podamos plasmar los acuerdos». Y apuntó que en este sentido hay un mayor acuerdo que el que «se suele reflejar en tertulias y debates políticos», además de la amplísima participación en el articulado de la norma, con casi 44.000 mensajes electrónicos, 100 aportaciones formales de organizaciones y entidades, la ayuda de los equipos técnicos de diez comunidades autónomas y la opinión de varios consejos escolares y ministerios. Todo esto ha permitido enriquecer el articulado hasta «convertirse en un proyecto maduro, ambicioso y con visión de futuro. No es un regreso a formulas conocidas ni es una respuesta coyuntural: es un texto legal a la altura de la situación actual».

Cinco enfoques

Sí resumió los cinco enfoques de la ley:

  • Derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema. «Es novedoso y se traduce en el refuerzo del primer ciclo de educación infantil, y de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales durante toda su trayectoria.
  • Mejora general. Está orientado a «elevar los resultados de todos los estudiantes». Esto se conseguirá a través del fomento de «la mejora continua de los centros y una mayor personalización del aprendizaje», que incluya la detección temprana de dificultades, su seguimiento y corrección o, sino, inclusión de la diversidad. Por otra, se fomenta «la autonomía de los centros y se les dota de instrumentos para elaborar sus planes de mejora».
  • Desarrollo sostenible y para la paz. Siguiendo la Agenda 2030, «la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial debe incardinarse en los planes de la enseñanza básica». Esto incluye educación para la paz, sobre los derechos humanos, la interculturalidad, el esfuerzo en la resolución de conflictos, el cuidado de convivencia escolar o la prevención de violencia contra la infancia.
  • Igualdad de género. Se centra en la coeducación y «fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva, la prevención de violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual». Por eso se recupera para primaria y ESO una materia común de valores cívicos y éticos. 
  • Cambio digital. Se incluye la atención al desarrollo de la competencia digital de los estudiantes en todas las etapas, tanto en contenidos específicos como desde una visión transversal.

Materias unidas en ámbitos en la ESO

No es que la ministra anunciase medidas concretas de lo que incluye la nueva ley, aunque apunta el muy interesante desarrollo futuro de «una nueva redacción a la definición de currículo», que completó diciendo que en secundaria se podrán «agrupar materias en ámbitos» -una reclamación reiterada para los primeros cursos de la ESO- y «el trabajo por proyectos para las materias optativas». En primaria se volverá a los ciclos, habrá refuerzo siempre que se detecte una necesidad educativa y en toda la enseñanza obligatoria se considerará la repetición como algo excepcional que exigirá un plan concreto y un tutor propio en el centro. Se fortalece la educación infantil de primer ciclo, sobre la que se «otorga al Gobierno y las comunidades un mandato para regular los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que la imparten».

«Vamos a evitar que haya vías muertas»

Se facilitará la consecución del título de ESO: no habrá reválida y volverán las adaptaciones curriculares, que darán el título a los alumnos que las cursen (para necesidades educativas especiales), que la Lomce impedía. Es precisamente para evitar que «haya vías muertas» que se determinará «una nueva configuración de la FP básica». Celaá resumió: «Nosotros articulamos un título único de la ESO al que se llega por diferentes caminos, que es el que el equipo docente considera necesario para dar la atención personalizada a cada alumno». Y ese título da acceso tanto a bachillerato como a FP de grado medio.

La selectividad volverá a limitarse al acceso a la universidad: un alumno que apruebe bachillerato -que además no tendrá que repetir las asignaturas aprobadas- ya tendrá el título de bachiller sin tener que examinarse de la selectividad. 

«No nos gustan las zonificaciones únicas»

Otro de los asuntos que más importan es la relación público-privada, un equilibrio «que la Lomce desbarató» y que esta ley, dice Isabel Celaá intentará recuperar en aspectos como «la adecuada distribución de alumnos con necesidades educativas especiales o situación socioeconómica desfavorecida». Explicó que la nueva ley «fortalece el principio de igualdad en la admisión» del alumnado, y apuntó que «el Gobierno no va a permitir que haya una elección de centro ventajista» y añadió: «No nos gustan las zonificaciones únicas» (como en Madrid, donde se puede elegir cualquier centro) y se «darán las mismas oportunidades a unos y otros». 

Director experimentado para seleccionar directores

Los consejos escolares compartirán responsabilidad con la dirección de los centros como antes de la Lomce, una dirección que se considera tan importante para el sistema que en las futuras comisiones de selección de los nuevos directores tendrá que haber siempre un director o directora experimentado y se exigirá un curso de formación previo al puesto. Los directivos de los centros, dice Celaá, defensora del sistema británico, debe asumir una «autonomía asociada a la rendición de cuentas y que se plasma en un proyecto con planes de mejora» en el que tienen un peso importante «las evaluaciones de diagnostico (4.º EP y 2.º ESO)».

La profesión docente, en una normativa posterior

La ley no incluye la reforma o el estatuto de la profesión docente, que exige otros plazos y un procedimiento diferente, que se incluirán en una disposición dentro de la ley. La profesión, reconoce, tiene «problemas que llevan años enquistados, pero el Gobierno no se va a ocultar».

«Si las cuotas por las prácticas causan perturbación en el sistema, el Gobierno estará en contra»

S. C.

Isabel Celaá habló del pago a la Seguridad Social por las prácticas de FP y universidad, pero dijo que todavía no hay nada seguro

Además de hablar de la ley, también respondió a una pregunta del PP sobre la obligatoriedad de pagar las cuotas de la Seguridad Social a los alumnos de FP y universidad que hagan prácticas, incluso sino cobran estas. El asunto ha generado mucha preocupación porque se cree que frenará la contratación de jóvenes en verano. 

Isabel Celaá aclaró inicialmente que «esta explicación es impropia de la ministra de Educación porque deberían habérsela cursado, y seguramente lo han hecho, al Ministerio de Trabajo» y además, recalcó, todavía no hay nada definido y «su desarrollo normativo indicará cómo se cumplirá la obligación establecida, y eso determinará su cumplimento efectivo». En cualquier caso, puntualizó que la cuota será por formación, por lo que no se pagará por desempleo, fondo de garantía salarial o FP. Pero sí recogió la preocupación de que estas cuotas reduzcan la participación de los empresarios en la formación de alumnos de FP, que además es obligatoria para el título (la asignatura, el módulo se llama Formación en Centros de Trabajo, FCT). Y reconoció que «si la cotización recayese en las comunidades autónomas» supondría un grave problema por la cuantía total que sumaría. «Hay que reflexionar sobre las consecuencias -añadió- para que estas no supongan la desincentivación del sector productivo en su colaboración con el mundo educativo». Pero por otra parte recordó que «la medida pretende la extensión de un derecho para reforzar la protección de los estudiantes y mejorar las condiciones de las prácticas formativas» en caso de accidente o enfermedad laborales. Pero en cualquier caso «no puede causar perturbación en el sistema. Si es así, el Gobierno estará en contra de esta medida», porque «de ninguna manera abonaremos una política que dañe la FP que tanto esfuerzo nos ha costado levantar. Buscaremos la salida». Eso sí, insistió que la norma todavía necesita de la tramitación.

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Educación regulará por primera vez los requisitos mínimos de las guarderías