Los fiscales desmontaron la versión de las defensas, negaron que se juzgue al independentismo y sostuvieron que los políticos acusados lo están «por sus acciones, no por sus ideas»
14 feb 2019 . Actualizado a las 10:13 h.Los fiscales del Supremo, Javier Zaragoza y Fidel Cadena, desmontaron este miércoles los argumentos que las defensas de los separatistas catalanes hilaron la víspera para tratar de desacreditar el proceso: no se trata de una causa general contra el independentismo sino de un juicio por la comisión de unos hechos delictivos -«un plan criminal, minucioso y orquestado»- que vulneraron la legalidad para declarar unilateralmente la independencia. «Ninguno de los acusados ha sido perseguido por sus ideas, sino por sus acciones», sostuvo Zaragoza en su durísimo alegato, mientras que Cadena resumió que «este es el juicio del triunfo de la democracia, del triunfo del Estado de derecho».
El ministerio público fue el protagonista principal de la segunda jornada del juicio, con la que se cerraron las cuestiones previas, para arrancar el este miércoles, a partir de las 10, con el interrogatorio del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras. Zaragoza arrancó sin contemplaciones, anunciando que impugnaría todas las alegaciones de las defensas sobre vulneración de derechos de los acusados, considerándolas «ridículas» e «injustificadas».
Criticó el intento de «desprestigiar la Justicia española y cuestionar la calidad democrática del Estado de derecho» de los escritos de las defensas, que definió como «libelos acusatorios que pretende crear una visión distorsionada de la realidad». Insistió en que la Justicia «se ha limitado a aplicar la ley», ya que, debido a los «graves hechos» ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre del 2017, «hubiera sido una irresponsabilidad que la justicia penal no hubiese actuado».
Hubo violencia: fue rebelión
Zaragoza dejó muy claro que «actuar al margen de la ley no puede quedar impune» y defendió la acusación de la Fiscalía, que imputa a los líderes independentistas el delito de rebelión -hasta 25 años de cárcel- porque hubo violencia tanto los días 20 y 21 de septiembre (en la concentración ante la Consejería de Economía) como el 1 de octubre, durante el referendo ilegal de independencia.
El fiscal Cadena, que enunció que el delito de rebelión «solo exige un alzamiento público y violento», recordó que cuando en 1995 se reformó el tipo penal precisamente se rechazó «una enmienda del Grupo Catalán» que pretendía incluir que el alzamiento se hiciese «con armas».
La política no es patente de corso
Desde el ministerio público se insistió en que «la política no es una patente de corso» que permite quebrantar la ley, de modo que no aceptó el intento de los acusados de ampararse en el ejercicio político para eludir su responsabilidad penal en los hechos que detalló: desde «expulsar la Constitución y el Estatuto del ordenamiento jurídico y sustituirlo por una legalidad paralela», hasta «planificar y ejecutar un proceso de segregación al margen de los procedimientos legales».
Zaragoza sostuvo que el «legítimo» ejercicio de los derechos políticos no justificaba «desobedecer de forma reiterada, sistemática y contumaz las resoluciones del Constitucional», ni convocar «a miles de ciudadanos para tener casi secuestrada a una comisión judicial so pretexto de un ataque a Cataluña», ni «incitar o agitar a miles de ciudadanos que, como muros humanos, han protegido las urnas y los centros electorales, sabiendo que se les abocaba al choque violento con las fuerzas policiales», ni «sustraer a los 17.000 mossos del cumplimiento de la ley», ni justifica «sustraer fondos públicos» para financiar la independencia.
Dejó claro que «los acusados no se limitaron a defender una opción política», sino que recurrieron a la movilización social y a «métodos violentos» -el enfrentamiento con la policía- con el propósito de «hacer claudicar al Estado».
Zaragoza también defendió la imparcialidad del tribunal, cuestionada por las defensas, mientras que Cadena se centró en desmontar la pretendida vulneración de derechos fundamentales. «Tiene gracia que la Constitución, absolutamente rechazada [por los independentistas] se recupere para fundamentar la vulneración de sus derechos», dijo. Igualmente negó -en respuesta a que votar es democrático, no un delito- que exista una soberanía catalana: «Solo existe la española, proclamada por la Constitución, y no hay legalidad democrática fuera de la constitucional».
Marchena frena en seco a Vox y permite que los acusados luzcan lazos amarillos
Apenas un minuto -el arranque de su primera intervención en el juicio como acusación popular- le bastó a Vox para encajar su primer revés: el que le propinó el presidente del tribunal, Manuel Marchena, al permitir que los acusados luzcan, si así lo desean, lazos amarillos durante el juicio.
Y es que el abogado Pedro Fernández, antes de meterse en las honduras legales de las cuestiones previas, le pidió a Marchena que prohibiera que en el banquillo se exhibieran lazos amarillos -en referencia a Jordi Sánchez, el único de los acusados que lucía tal distintivo-. Pero la respuesta del presidente fue inmediata y en sentido contrario al esperado por el letrado, ya que fijó criterio basándose en el Estatuto General de la Abogacía, que establece que los abogados comparecerán vistiendo togas sin distintivo de ninguna clase, pero en lo que respecta a los acusados se acogió a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre símbolos ideológicos e indicó que no pondrá «ningún obstáculo» a que luzcan el lazo amarillo.
El presidente, cuya imparcialidad está constantemente cuestionada por las defensas, está siendo extremadamente garantista e interviniendo lo mínimo, consciente de que su actuación, con toda seguridad, será revisada finalmente en Estrasburgo. De hecho, ayer únicamente intervino para pedir, antes de que Vox comenzara su alegato, que no reiterara argumentos ya expuestos por el resto de las acusaciones, lo mismo que hizo la víspera con las defensas.
La ultraderecha, acusación
Encajado el revés, el letrado de la acusación popular empleó apenas 15 minutos para defender que los líderes secesionistas sean también juzgados, además de por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, por el de ser una organización criminal. De hecho, es la única de las acusaciones que se lo imputa.
