Torrente de indignación en la Eurocámara por abrir sus puertas a Puigdemont
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Eurodiputados españoles exigen por carta al presidente Tajani que cancele una conferencia en el Parlamento Europeo invitado por ultras flamencos y eslovenos
14 feb 2019 . Actualizado a las 13:41 h.«Catalunya y el juicio sobre el referéndum: Un reto para la Unión Europea». Así se ha dado en llamar a la charla que impartirán en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas el próximo lunes 18 el presidente catalán, Quim Torra, y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ambos lo harán presentados como presidentes «legítimos», invitados por el exministro de Exteriores esloveno Ivo Vajgl y el eurodiputado flamenco de la ultranacionalista N-VA, Ralph Packet, quien asegura que la cita se hablará de «democracia y derechos fundamentales».
La maniobra, oportunista y perfectamente medida, coincide con los primeros compases del juicio por el desafío secesionista. Siete siguen huidos de la Justicia española, entre ellos Puigdemont, quien no ha desaprovechado la oportunidad que le brinda su retiro seguro en Waterloo para propagar en Europa su campaña de descrédito de la democracia y el Estado de derecho en España. El acto del lunes no es una excepción, se encuadra dentro de la intensa agenda que mantiene el expresidente catalán en la UE. Pero a diferencia de otras citas, esta tendrá lugar en la Eurocámara, casa de todos los europeos y uno de los pilares fundamentales de la democracia.
El anuncio ha desencadenado un torrente de indignación en el Parlamento Europeo. Nadie entiende cómo la institución puede prestarse a hacer de altavoz a un político perseguido por la Justicia. La portavoz del grupo socialista español, Iratxe García, el del grupo popular, Esteban González Pons, y el de Ciudadanos, Javier Nart, han enviado una carta conjunta al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, exigiendo que desconvoque la conferencia. Temen que se utilice a la Cámara para rescribir y blanquear el desafío secesionista, para proyectar un discurso falso y victimista de lo que fue pulso en toda regla al orden constitucional español.
«La presencia del señor Puigdemont no se compadece con el noble papel que desempeña el Parlamento Europeo como referente de la democracia y el Estado de derecho que prevalecen en la UE. Por tanto, y en su calidad de presidente del Parlamento Europeo, le pedimos que no permita la celebración de la conferencia prevista el próximo 18 de febrero», reza la misiva en la se expone una larga lista de motivos para cerrar sus puertas al prófugo. Los eurodiputados españoles han querido recordar a sus colegas europeos que Puigdemont no representa institucionalmente a nadie y que está usurpando competencias al autoproclamarse presidente legítimo. «Fue legalmente destituido por el Gobierno español en octubre del 2017», insisten, antes de cuestionar que la Eurocámara ofrezca su espacio a un personaje político que «se encuentra evadido de la acción de la Justicia» y que ha hecho «alarde de su reiterada desobediencia al Tribunal Constitucional».
En el texto se advierte del riesgo de dar voz a quienes propiciaron un intento de golpe contra la Constitución y el Estado de derecho: «Puigdemont fue el principal artífice de un plan para subvertir el orden constitucional en España con el objetivo de provocar una secesión de facto de Cataluña», sostienen los eurodiputados antes de subrayar que «al igual que algunas personas que se enfrentan actualmente a un juicio, fue entre otras cosas responsable de la aprobación de leyes que, sobre el papel, derogaban la Constitución española en Cataluña, suspendiendo de paso las garantías de los derechos fundamentales de todos los catalanes». También ponen el foco sobre el juicio del 1-O, defenestrado y desacreditado por los secesionistas: «Habrá de ser la Justicia española la que determine si los indicios de criminalidad apreciados en los actos del señor Puigdemont y varios de sus colaboradores son o no constitutivos de delito.
El juicio se desarrollará con el máximo grado de transparencia posible», recalcan. Las delegaciones españolas quieren evitar a toda costa que una eventual intervención de Puigdemont en la Eurocámara se convierta en herramienta para legitimar la violación de la legalidad y el inicio de un juicio político paralelo que dé alas a los secesionistas: «El señor Puigdemont no ha sido perseguido por sus ideas. El actual presidente regional, el señor Torra, defiende planteamientos idénticos. No obstante, y a diferencia de su antecesor, se ha mantenido dentro de la legalidad», explican para alejar cualquier duda sobre la independencia de la Justicia y los motivos que propiciaron el encarcelamiento de los 12 líderes catalanes ahora en el banquillo de los acusados.
Esta ofensiva de los secesionistas entraba dentro de los planes del Gobierno español, que se anticipó a este escenario poniendo en marcha una amplia red diplomática para desactivar la propaganda y las noticias falsas propagadas por el independentismo catalán. «En los ataques que se produzcan a la reputación de España, contestaremos. Es verdad que es una de las amenazas más inmediatas que tenemos ahora a corto plazo (…) A propósito del juicio al procés, tiene toda la pinta de que existe un interés específico de desacreditar la democracia española», señalan fuentes de Moncloa.
Otra de las maniobras prosecesionistas que han tenido que neutralizar los eurodiputados españoles en las últimas horas tiene que ver con la iniciativa del Grupo de los Verdes en la Eurocámara, del que forma parte Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para aludir en un informe sobre derechos de manifestación ante la violencia de las fuerzas policiales durante la celebración del referendo ilegal del 1 de octubre del 2017. «Es un intento más de justificar el referendo ilegal del 1-O y el intento de golpe de Estado perpetrado contra España y por tanto contra Europa», denunció González Pons, antes de celebrar que la Eurocámara haya dejado claro votando en contra de esta enmienda que España «es un Estado de derecho y una democracia que funciona plenamente en la que se respetan todos los derechos de los ciudadanos».