Una estrategia defensiva arriesgada y desacertada


El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras optó ayer por convertir su declaración en un discurso político, negándose a responder tanto al ministerio fiscal como a las acusaciones. Una estrategia arriesgada que los expertos consultados por La Voz estiman desacertada. «La declaración de Junqueras me ha parecido un tremendo error», asegura el abogado penalista José María de Pablo. «Contestar solo a las preguntas de su abogado es una estrategia válida, además de un derecho fundamental, pero cuando el reo se limita a contestar a su abogado es importante que el interrogatorio que le hace su defensa descienda a los hechos concretos para ofrecer una versión alternativa a la de la Fiscalía, pero no lo ha hecho», explica. «Su declaración ha sido más un discurso político que una defensa jurídica, y creo que no le va a ayudar en este juicio», sostiene.

De Pablo insiste en que Junqueras «no ha ofrecido una justificación de los hechos, sino más bien de su postura política, pero el juicio va de hechos, no de opiniones». Por lo que cree que su estrategia le ha perjudicado. Contrapone su declaración a la del exconsejero de Interior Joaquim Forn, que le parece «mucho mejor, porque ha negado su intervención en los hechos con datos y con una versión alternativa, que es el objetivo de una buena defensa en este trámite».

«Aunque partiendo de la obviedad de que estaba en su derecho, creo que una debilidad de su declaración es no haber querido contestar a las preguntas del ministerio fiscal y de la Abogacía del Estado, puesto que la respuesta directa a las preguntas de quien sostiene el carácter delictivo de su actuación podría haberle dado oportunidades que no ha aprovechado, señala el magistrado Miguel Pasquau.

«En cuanto al contenido de su declaración, creo que ha puesto difícil la condena por rebelión», afirma. «No tanto por lo que se refiere a la interpretación del término ‘alzamiento violento’, lo que no le corresponde a él, como por la verosimilitud de su convicción de que en el plan soberanista se excluía de manera explícita y terminante el uso de la violencia, así como su convicción de que no se produciría un indeseado estallido de violencia, teniendo en cuenta el carácter de las manifestaciones soberanistas que se habían producido con anterioridad». En su opinión, también ha dado argumentos de relevancia jurídica para negar la comisión del delito de malversación. «Al margen de eso, el énfasis que ha puesto en su convicción de que no podía estar cometiendo ningún delito podría apuntar a una línea de defensa consistente en la existencia de un error (vencible o invencible) como circunstancia eximente o atenuante», añade Pasquau.

Incumplimientos

«Junqueras no ha variado su posición respecto del procés y sus consecuencias, ni tampoco respecto del proceso judicial contra él y otros líderes independentistas», señala Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad e Barcelona y directora editorial de Agenda Pública. «Sigue insistiendo en que todos los actos que se le imputan son, en realidad, meramente políticos, por lo que no cabría, según él, convertirlos en delitos, porque votar no es delito, poner urnas no es delito, etcétera», explica. «Y tiene razón, pero es que a él no se le juzga por ello, sino por liderar la contravención institucional del orden constitucional a través de la unilateralidad», continúa. Aunque, en su opinión, «difícilmente lo acontecido puede calificarse como rebelión, tampoco como sedición, porque no se da ni la violencia ni el levantamiento tumultuario que se exige, pero hubo, como ellos mismos reconocían, incumplimientos a resoluciones jurídicas y judiciales, lo que puede ser considerado como desobediencia», concluye.

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