El Supremo adelantará las testificales de los políticos para evitar la campaña

El tribunal descarta suspender el juicio por el 1-O pese a la convocatoria de comicios

Jordi Turull -que en la foto saluda con la mano a Torra en la primera sesión del juicio— será el acusado que preste declaración esta mañana, con la que comenzará la segunda semana de la vista oral.
Jordi Turull -que en la foto saluda con la mano a Torra en la primera sesión del juicio— será el acusado que preste declaración esta mañana, con la que comenzará la segunda semana de la vista oral.

madrid / la voz

El anuncio de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril no afectará al juicio que, desde hace justo una semana, se desarrolla en el Supremo contra los líderes del proceso independentista catalán. Fuentes del tribunal confirmaron que no está previsto suspender la vista por la convocatoria de comicios y que lo único que se modificará es el calendario de las citaciones de los testigos: se trata de que declaren primero los políticos, para evitar así interferir en la campaña.

De este modo, aunque todavía no hay fechas, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o algunos de sus exministros, como Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y Juan Ignacio Zoido (el tribunal aceptó su comparecencia, requerida por la defensa de Joaquim Forn en las cuestiones previas), serán algunos de los testigos que declararán primero. En idéntica situación se encontrarán otros políticos catalanes también propuestos como testigos, como el presidente del Parlamento, Roger Torrent; el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; los diputados de ERC Joan Tardá y Gabriel Rufián; la ex coordinadora general del PDECat Marta Pascal, y el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló. También declarará como testigo -en concreto, sobre sus «labores de intermediación»- el presidente del Ejecutivo vasco Iñigo Urkullu.

El tribunal habilitó para celebrar las sesiones del juicio los martes, miércoles y jueves, en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y la pretensión de los magistrados era concluir con la vista antes de las elecciones autonómicas y locales de mayo, y dejar la sentencia para el verano. Sin embargo, con la convocatoria de las generales para dentro de dos meses, y dada la velocidad a la que se están desarrollando los interrogatorios, en el Supremo no se descarta que el caso quede visto para sentencia incluso antes de las generales. De hecho, la posibilidad de ampliar las sesiones a más días de la semana (incluidos el viernes o el sábado), si fuera necesario, está sobre la mesa.

Lo que de ningún modo se contempla es la suspensión del procedimiento. La prioridad es preservar el derecho de defensa de los acusados (nueve de los doce en prisión preventiva), que se enfrentan -en el caso del líder de ERC y exvicepresidente catalán Oriol Junqueras- a penas de hasta 25 años de prisión. Asimismo, una suspensión de las sesiones durante un período superior a 30 días obligaría a reiniciarlas desde el principio. 

Marchena, contra las dilaciones

A lo anterior se suma que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, dejó claro desde el inicio del juicio que no permitiría estrategias dilatorias -ni por parte de las defensas de los acusados ni tampoco por la de las acusaciones-. Así, por ejemplo, no accedió a la pretensión de la acusación popular, ejercida por Vox, de formular a los acusados las preguntas que ya habían anunciado que no responderían.

El objetivo es, además de no permitir que el partido ultraderechista use para fines políticos el altavoz que le da el juicio en el Supremo, controlar al máximo los tiempos de los interrogatorios. Y precisamente por ello se espera que, a pesar del abultado número de testigos (prácticamente medio millar) que habrán pasado ante el tribunal una vez concluyan los interrogatorios de los acusados, sus declaraciones sean relativamente rápidas, puesto que las partes les preguntarán por cuestiones muy concretas y del mismo modo deberán responderlas.

Lo que aún está pendiente es el calendario de las pruebas testificales, que previsiblemente comenzarán a finales de la próxima semana o ya iniciado el mes de marzo, algo que determinará cuánto duren los interrogatorios de los diez acusados que aún restan por declarar.

Después de que el jueves lo hicieran Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, hoy le toca el turno al exresponsable de Presidencia, Jordi Turull, que también fue candidato -fallido- en dos ocasiones a presidir la Generalitat. Después seguirá Raül Romeva.

Turull y Romeva despejan la fractura en la defensa común del secesionismo

a. b.

Turull, exconsejero de Presidencia de la Generalitat, abre hoy la cuarta sesión del juicio, y tras él lo hará el ex responsable de la cartera de Exteriores, Raül Romeva. Sus declaraciones despejarán la incógnita sobre la profundidad de la fractura en la línea de defensa común de los líderes independentistas, después de que el pasado jueves Oriol Junqueras y Joaquim Forn escenificaran un «sálvese quien pueda», con estrategias de defensa contrapuestas. 

Ambos se enfrentan a las acusaciones de rebelión y malversación, por las que el ministerio público solicita 16 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación (la Abogacía del Estado les acusa de sedición y malversación y rebaja a 11 años y medio la pena, mientras que Vox la dispara a 74, duplicando la rebelión y añadiendo la organización criminal). La Fiscalía sostiene que los exconsejeros participaron en el diseño de la hoja de ruta del plan secesionista y facilitaron su ejecución. Cabe recordar, por ejemplo, que el jueves el exconsejero Forn aseguró que había tenido conocimiento del censo universal para el 1-O ese mismo día, por los medios de comunicación, cuando lo presentaron Turull y Romeva.

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