May cede a la presión y propondrá al Parlamento retrasar el «brexit»

R. Á. Tudela / C. porteiro LONDRES / BRUSELAS / CORRESP.

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PETER NICHOLLS | Reuters

La UE recibe con alivio el volantazo: «Será relativamente sencillo el aplazamiento»

27 feb 2019 . Actualizado a las 08:02 h.

Tras días negando lo evidente, la primera ministra británica, Theresa May, ofreció a los diputados británicos una votación para demorar el brexit ante la falta de un respaldo mayoritario a ponerlo en marcha el 29 de marzo, como está inicialmente previsto.

May propuso hacer efectivo ese retraso si los Comunes tumban por segunda vez su plan del brexit o no lo han votado el próximo 12 de marzo; o también si rechazan explícitamente una salida sin acuerdo del bloque común.

La premier optó por este compromiso ante la amenaza de una revuelta entre los ministros de su Ejecutivo más proeuropeos. Además, recordó que someterá a votación su acuerdo, incluyendo los últimos cambios que haya acordado sobre la frontera irlandesa, antes del 12 de marzo.

Londres quiere que Bruselas garantice que la salvaguarda irlandesa no puede perdurar indefinidamente en el tiempo. Estos cambios podrían adjuntarse al acuerdo de salida o también se podrían incluir en las nuevas garantías de la declaración política sobre la futura relación. En esa línea, el fiscal general británico, Geoffrey Cox, irá a Bruselas esta semana para negociar, por lo que muchos creen que habrá una nueva votación en Westminster antes del 12 de marzo.

De no producirse una victoria de May en esa cita, los diputados votarán de nuevo al día siguiente sobre un posible brexit sin acuerdo, reforzando así que el Reino Unido solo se irá sin un acuerdo el 29 de marzo si hay «un consentimiento explícito» en la Cámara para hacerlo.

Si no hay respaldo a un divorcio duro, los diputados tendrán otra oportunidad de votar el 14 de marzo, solicitando una extensión del proceso de negociación actual de dos años del artículo 50 para retrasar la salida de Londres de la UE más allá del 29 de marzo, algo que no gusta en absoluto a Theresa May y los brexiters.

A la primera ministra le preocupa una salida más allá de finales de junio, ya que implicaría que el Reino Unido participará en las elecciones al Parlamento europeo, y se pregunta qué tipo de mensaje se da a los más de 17 millones de británicos que votaron a favor de salir de la UE hace casi tres años. Además, recordó a la Cámara que debería tener claro que una extensión corta del brexit debería ser «única».

Alegría en Bruselas

Al otro lado del canal, la UE recibió con alivio la posibilidad de una tregua. Breve, pero suficiente para evitar que el Reino Unido se precipite al vacío arrastrando consigo a los países comunitarios. Esa demora es la única vía que baraja Bruselas para un divorcio que debería consumarse el 30 de marzo. El Parlamento británico sigue teniendo claro qué es lo que no quiere: el acuerdo negociado por May. Pero es incapaz de llegar a un consenso para salir del callejón sin salida en el que se ha convertido el brexit. «Desde la UE hemos mostrado nuestra disposición a posponer la fecha de la salida para permitir que consigan un acuerdo o las clarificaciones necesarias», dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.

Los diputados británicos tendrán que decidir entre el 12 y el 14 de marzo su futuro con la UE Bruselas ha abierto de par en par las puertas a una prórroga que Londres deberá solicitar formalmente. La UE está «preparada para evaluarla y apoyarla potencialmente», insistió el letón, quien cree que posponer la salida del Reino Unido un par de meses sería «relativamente sencillo, aunque requeriría un análisis más profundo», admitió. Los líderes europeos no quieren que este asunto interfiera en los comicios y mucho menos que el tiempo muerto se alargue hasta julio, cuando tendrá que constituirse la nueva Eurocámara. De ser así, los británicos deberían convocar las elecciones y hacer listas para ocupar escaños en el Parlamento Europeo a sabiendas de que se irán. Una situación que puede entorpecer el funcionamiento normal del hemiciclo. Pese a la caótica gestión del brexit, la UE prefiere una tregua que la incertidumbre del 30 de marzo.

La Eurocámara desaira a los españoles y busca fórmulas para no llamar «colonia» a Gibraltar

c. p.

Gibraltar sigue abriendo fisuras. La Comisión de Libertades y Justicia de la Eurocámara se enfrascó esta mañana en un intenso debate a costa de la polémica nota a pie de página introducida por el Consejo (a cuenta de España), en el reglamento de exención de visados posbrexit, pendiente de aprobación. En ella se hace referencia a Gibraltar como «una colonia de la Corona británica» y recuerda que aún existe un contencioso abierto entre Londres y Madrid en torno a su soberanía.

La medida, que permitiría a los británicos y europeos poder viajar a uno y otro lado del canal de la Mancha por períodos de hasta 90 días en caso de brexit duro, sigue bloqueada en el Parlamento Europeo a 31 días de que el Reino Unido abandone la UE. Su negociador, Claude Moraes, se reunirá este miércoles con los responsables del Consejo y la Comisión Europea para buscar una fórmula alternativa para referirse al Peñón que no levante ampollas. El británico ha sugerido que, de no lograrlo, renunciará, como le exigió el eurodiputado popular Agustín Díaz de Mera: «Lo razonable es que retire su nombre de este informe y dé paso a otro ponente que no sea británico y, si usted quiere, que no sea español. De lo contrario estaríamos en presencia de una cacicada», le espetó. Las delegaciones de socialistas y liberales españoles cerraron filas para defender la inclusión de la mención a Gibraltar como una colonia amparándose en las resoluciones de la ONU y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Pero en esta ocasión se han encontrado con el rechazo de sus compañeros en la Eurocámara, que consideran que España está secuestrando el informe por razones espurias. Y es que ninguno de los eurodiputados españoles se opusieron en su momento a la redacción del texto de Moraes «hasta que saltó la liebre». «Ni la propuesta de la Comisión ni la del Parlamento hacen referencia alguna a Gibraltar. Ni siquiera hubo enmiendas al informe que el 29 de enero fue respaldado de forma unánime por 53 diputados, incluidos los españoles», les reprochó el liberal checo Petr Jezek. El ultra holandés del PVV Auke Zijlstra fue más allá y acusó a los españoles de intentar «instrumentalizar con mala fe» el expediente. La socialdemócrata alemana Birgit Sippel puso en duda la jugada de sus compañeros españoles: «Cuanto más nos vamos acercando a las elecciones, la gente se pone más nerviosa».

El divorcio sin acuerdo causaría escasez de vacunas, medicinas y alimentos

 

Theresa May guardaba bajo siete llaves el informe definitivo sobre el brexit sin acuerdo por una razón evidente: su diagnóstico más benévolo plantea un escenario de enorme caos con escasez de vacunas y medicinas en el sistema público de salud y en las farmacias, un drástico encarecimiento de los alimentos básicos y largos atascos en los puertos de entrada al país, como Dover, entre otros.

Eso es al menos lo que se desprende del documento que ayer dio a conocer Downing Street tras la amenaza de la diputada Anne Soubry, una de las conservadoras que se pasó al Grupo Independiente la pasada semana, de abrir un proceso por desacato contra la primera ministra si no se exhibía públicamente la documentación que maneja el Gobierno británico para un escenario de ruptura sin acuerdo con la Unión Europea.

A la falta de productos básicos para la salud y la alimentación de los británicos, se une el hecho de que el Reino Unido sufriría un duro varapalo en su tejido industrial: las pequeñas y medianas empresas tendrían que acometer reformas por valor de más de 13.000 millones de libras, más de 15.000 millones de euros, para adaptarse al nuevo escenario.

Una cantidad similar de dinero sería la que habría que destinar de las arcas públicas a reforzar los controles aduaneros. Cinco de cada seis empresas británicas admiten no estar preparadas para la ruptura no amistosa con Bruselas. La situación sería especialmente dramática en Irlanda del Norte, donde más de la mitad de los negocios podrían quebrar como consecuencia de los aranceles y las nuevas exigencias legales para poder exportar o importar productos.

Retener a los médicos

Al informe de Downing Street se sumó otro igualmente alarmante de la revista científica The Lancet. Según el estudio, retener el talento de profesionales sanitarios y captar nuevos va a representar «un gran desafío» después del brexit. El texto de retirada proporciona acuerdos recíprocos y reconocimiento mutuo de las calificaciones profesionales hasta el 2020. Bajo una salida sin acuerdo, el Libro Blanco de Inmigración propone un umbral salarial mínimo de 34.000 euros al año, lo que «podría limitar seriamente la inmigración de muchos trabajadores a Reino Unido». «Todos los acuerdos de atención médica recíproca se interrumpirían en 2019 bajo un escenario de no acuerdo», indica.