Pérez de los Cobos acusa a los Mossos de facilitar el 1-O en vez de impedirlo

La Voz REDACCIÓN

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El teniente coronel responsable de la coordinación policial para frenar el referendo ilegal ha detallado la «difícil relación» que tuvo con el mayor Josep Lluis Trapero

05 mar 2019 . Actualizado a las 21:36 h.

El responsable de la coordinación policial para frenar el 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ha tachado esta martes de «insuficiente, inadecuado e ineficaz» el dispositivo de los Mossos el 1-O, un plan «más encaminado a facilitar la realización del referéndo ilegal que a impedir su cumplimiento».

De los Cobos se ha pronunciado así en su declaración como testigo ante el juicio del desafío secesionista en el que ha concluido que desde los Mossos actuaron con «pasividad absoluta», incluidos los centros en los que habían pedido apoyo, pero en algunos más -diez u once- «intentaron obstruir físicamente la actuación» de la Policía o Guardia Civil llegando a provocar situaciones «delicadas».

Como ya hiciera ante el juez instructor, el coordinador del operativo policial ha tachado de «estafa» el plan de los Mossos, desde su concepción con «binomios» de agentes sin capacidad para actuar, hasta su aplicación: «El mecanismo estaba hecho para que no funcionara».

El dispositivo de binomios «no sirvió para nada, nada más que para diseminar la fuerza y hacerla inoperativa», máxime cuando el número de agentes desplegados era «insuficiente».

Era «más contraproducente que beneficioso», porque las parejas de mossos en la puerta de los centros daba apariencia de institucionalidad, al tiempo que dejaban en evidencia a los policías y guardias que iban a dar cumplimiento al mandato judicial.

El coronel ha explicado que hasta la madrugada del 1-O su equipo trabajaba con un escenario A y un escenario B.

El escenario A pasaba porque los Mossos cumplieran su mandato y la Guardia Civil y la Policía les dieran apoyo. En tal caso, los 6.000 agentes desplegados habrían sido «suficientes» para dar cumplimiento a la orden judicial.

Pero el B implicaba que se constatara la sospecha de que el dispositivo de los Mossos no iba a servir para dar cumplimiento a la orden judicial de impedir el 1-O y, a primera hora de la mañana, se confirmó que reunía las tres condiciones: «Insuficiencia, inadecuación e ineficacia».

De ahí que no entendiera que a las 9 de la mañana Ferrán López, el número 2 del mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, le enviara un correo pidiendo refuerzo en 233 centros de votación. Una petición «tardía y excesivamente voluminosa», según sus palabras.

A su juicio, habría tenido sentido si hubieran ido solicitando los refuerzos poco a poco y ellos hubieran actuado, pero la realidad no fue esa. Máxime cuando los Mossos habían ido a los locales a informar de que irían a las seis de la mañana y que si había masas de personas no iban a desalojar.

De modo que concluyó que tendrían que actuar por «propia iniciativa» y suspendió las cuatro reuniones de coordinación previstas porque no tenían sentido al haber desaparecido el primer requisito de la coordinación: «la unidad de propósito».

La realidad, según Pérez de los Cobos, es que el plan de los Mossos no parecía encaminado a detener el referendo del 1-O, sino a permitirlo. Y por ello, en la conversación que tuvo con Trapero a lo largo de la mañana, recuperó una frase que el mayor había utilizado en una reunión anterior: «Cada uno será responsable de sus actos».

Hasta el punto de que, siempre según su relato, hubo centros de votación en los que, estando presentes los «binomios», se paró el referendo para ir a comer y luego se reactivó.

También ha citado los casos de obstrucción a la labor de la policía y guardias civiles, la presencia de coches camuflados de los Mossos en puntos donde acudieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin comunicación oficial o casos en municipios pequeños en los que los Mossos esperaron a que terminaran las votaciones y después lo anotaron como centro cerrado.

De hecho, en algunos casos se vio como eran los propios agentes de la policía autonómica los que «sujetaban las urnas», ha dicho.

SEÑAL DE TV DEL SUPREMO

Millo acusa a Puigdemont de alentar «murallas de personas» que se enfrentaron con la Policía

El que fuera delegado del Gobierno en Cataluña Josep Enric Millo, durante su declaración en el juicio por el 1-O en el Tribunal Supremoha acusado al expresidente Carles Puigdemont de alentar el 1-O las concentraciones en puntos de votación para impedir que la policía requisara urnas, ante lo que se constituyeron «murallas de personas» que se enfrentaron violentamente con los agentes. Millo ha denunciado que el 1-O se formaron «masas, murallas de personas, dispuestas a enfrentarse, a oponerse, en algunos casos violentamente,» a la policía judicial que cumplía con el mandato de impedir el referendo: «Vimos ejercer la violencia contra agentes de manera clara, en un choque evidente».

Millo se ha referido a la «trampa del Fairy» como uno de los tipos de agresión que sufrieron los agentes que participaron en el dispositivo desplegado en la jornada del referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Consiste en verter detergente, para que el agente resbale y caiga al suelo «y luego les patearan la cabeza», ha explicado.

Millo también ha contradicho a todos los acusados en el juicio del «procés» al manifestar que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) «no era una broma», sino que «iba en serio» hasta el punto de que «nadie en Cataluña pensó que era simbólica». «Ni la situación, ni el entorno, ni el contexto, ni las proclamas, ni las soflamas... es decir, la situación en aquel momento no hacía pensar a nadie que esto era una broma» ha asegurado Millo en su testifical en el juicio, 

Millo declaró que dedicó mucho tiempo en tratar de convencer al expresident Carles Puigdemont de que olvidara su «planteamiento políticamente suicida» de buscar la celebración de un referendo de autodeterminación en Cataluña. «Pero al otro lado de la mesa me encontré una silla vacía, porque no había otra cosa para él que no fuera celebrar el referéndum».

Millo ha reconocido que durante la primera parte de sus 18 meses de mandato, que comenzó en noviembre del 2016, siempre tuvo una relación «correcta y de colaboración en todos los aspectos» con el Govern de Puigdemont, que «solo se complicó con relación a los hechos» que se juzgan en el alto tribunal.

Desde el principio, según el delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña, mantuvo varias reuniones con Puigdemont «en privado» a petición del propio expresident, de las que recuerda especialmente dos, en febrero y en mayo del 2017, informa Europa Press. «Mi interés era persuadirle de que mantener esa posición era muy mal camino, que su obligación era cumplir con la Ley, pero su posición siempre fue la misma, no había ningún otro tema del que le interesase hablar que el de conseguir el beneplácito para un referéndum», ha manifestado a preguntas del fiscal Javier Zaragoza.

También ha recordado Millo -que al comienzo de la sesión ha rechazado el ofrecimiento de la Fiscalía de poder declarar sin que su imagen fuera emitida por televisión- una cena que celebró con el expresident hoy huido el 6 de junio del 2017. «Estuvimos charlando mucho rato», ha relatado ante la Sala, recordando que le insistió que mientras que no llegara a convocar un referendo podrían aún encontrar una salida en base al interés general de los catalanes, que no era el de la independencia.

«Su respuesta fue contundente», ha continuado Millo, ya que Puigdemont le dijo que no podía dar «marcha atrás» porque estaba comprometido y anunciaría el referendo, lo que hizo tres días después. Millo considera este momento un punto de inflexión «prácticamente irreversible» y que entonces acabó entre ellos la relación formal.

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras dijo a Enric Millo que no era partidario de que la hoja de ruta «fuera tan deprisa» y le insinuó que algunos miembros del Govern tenían que hacer «un esfuerzo importante para demostrar» que eran más independentistas que él, informa Efe. Así lo ha revelado Millo en su declaración como testigo en la que ha explicado que, meses antes del referéndum, mantuvo una «charla informal» con Junqueras, que éste le pidió explícitamente que no se hiciera pública.

Artadi ve «ficticio y ridículo» acusar de violencia al independentismo

La consellera de Presidencia, Elsa Artadi, ha tachado de «ficticio y ridículo» acusar de violencia al independentismo, ya que «la única violencia» que hubo el 1-O fue de la Policía Nacional y la Guardia Civil, por lo que ha acusado de «negacionista» al exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo. «Hemos visto imágenes, vídeos. La única violencia fue la de Policía Nacional y Guardia Civil, la de los miles de policías que envió un Estado represor para evitar que la gente votara. Es el verdadero delito que se debería estar juzgando ahora mismo», ha aseverado la portavoz del Govern.

SEÑAL TV DEL SUPREMO

Puigserver afirma que Puigdemont antepuso la convivencia ciudadana al mandato del TSJC de impedir el 1-O

El que fue responsable de Interior en Cataluña bajo vigencia del artículo 155 de la Constitución, Juan Antonio Puigserver, ha afirmado durante su declaración como testigo que en la Junta de Seguridad celebrada el 28 de septiembre del 2017 hubo «discrepancias» entre los representantes de la Generalitat y los del Gobierno de Mariano Rajoy porque el expresidente catalán señaló que la orden de impedir el referéndum no se podía «anteponer a la normal convivencia ciudadana».

Así lo ha dicho este secretario general técnico del Ministerio del Interior, cuya declaración ha dado inicio a la sesión de la tarde del juicio. A preguntas del fiscal Jaime Moreno, Puigserver ha explicado que el expresidente de la Generalitat convocó dicha reunión tras conocer un día antes que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas había dictado un auto para ordenar la incautación de material electoral e impedir la celebración de la votación, que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

En esa reunión, Trapero afirmó que los Mossos cumplirían con el mandato judicial, que ordenaba impedir el referéndum, y que la forma de llevarlo a cabo sería preservando la convivencia ciudadana, con un uso proporcional de la fuerza, que sólo reservaba para en caso de agresiones a ciudadanos por parte de terceros o bien por agresiones a las fuerzas de seguridad, según Puigserver.