La Junta Electoral exige al Gobierno información sobre los viernes sociales

Sánchez se enfrenta a una multa de 3.000 euros por el uso electoralista de la Moncloa

| EFE.Carmen Calvo y Josep Borrell en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, celebrado el pasado día 1
Carmen Calvo y Josep Borrell en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, celebrado el pasado día 1

Madrid / La Voz

Las 13 horas del jueves. Ese es el plazo límite que le ha concedido la Junta Electoral Central (JEC) a Pedro Sánchez para que presente todas las alegaciones que considere oportunas para defenderse de la queja que ha elevado el PP ante este organismo en la que denuncia un abuso partidario del aparato del Estado por parte del presidente. Los populares lamentan que Sánchez trate de exprimir al máximo todas las herramientas que tiene a su disposición como jefe del Ejecutivo hasta que se celebren las elecciones del próximo 28 de abril, algo que, consideran, no es más que un intento de potenciar su campaña.

La primera medida que solicita el PP a la JEC, el organismo encargado de velar por el adecuado desarrollo de las elecciones, es la suspensión inmediata de todas las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en las que se pretenda el impulso de estas medidas electoralistas. Acabar con los llamados «viernes sociales», nombre con el que ya se conocen a las reuniones semanales del Gabinete. En el escrito de reclamación se incluyen unas palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que advierte que de aquí a los casi dos meses que faltan hasta la celebración de los comicios, el Ejecutivo no piensa quedarse de brazos cruzados. «Estén atentos todos los viernes porque las ruedas de prensa van a ser sustanciosas», avanzó recientemente la titular de Hacienda.

Por el momento desde el Gobierno despejan balones fuera y justifican que su actuación está siendo «conforme a la ley», apuntan fuentes cercanas a la presidencia, convencidos de que la JEC resolverá a su favor.

Desde la oposición no solo denuncian el escaparate socialista en el que se transforma la sala de prensa de la Moncloa cada viernes. El presidente del PP, Pablo Casado, también cargó contra Sánchez por «utilizar todo el Estado», incluyendo las televisiones y las radios públicas, «para atacar a los adversarios y vender medidas que no tienen reflejo presupuestario». 

Multa de hasta 3.000 euros

En caso de que la JEC lo considerase oportuno, la cuantía de la multa podría ascender hasta los 3.000 euros, aunque más allá de la penalización económica, fuentes del PP apuntan que lo que realmente pretenden con su denuncia es evidenciar que Sánchez intenta participar «dopado» en las elecciones.

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, informó este miércoles que el Grupo Popular estudia emprender otro tipo de acciones legales contra Sánchez y su uso partidario de la Moncloa. Una de estas medidas que se baraja es la de presentar un recurso ante el Constitucional, aunque no acaban de convencer los dilatados tiempos que se suele tomar el alto tribunal para dictar sus sentencias.

Ciudadanos también se ha sumado a esta protesta, y según avanzó este miércoles José Manuel Villegas, moverán ficha «para evitar ese uso electoralista que Sánchez pretende hacer de las instituciones», dijo. El secretario general de la formación naranja también cargó contra la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a la que acusó de emplear a los funcionarios «para que trabajen a favor del PSOE. Están dispuestos a cualquier cosa», dijo.

C’s acusa a Carmen Calvo de obligar a los funcionarios a trabajar para el beneficio del PSOE.

Sánchez amenaza con liquidar la paz de las precampañas

Con las Cortes disueltas desde el pasado martes, la Diputación Permanente del Congreso es la encargada de velar por la Cámara Baja. Se trata de una selección de 65 diputados proporcional al reparto de escaños en el hemiciclo . En teoría solo se reúnen para decidir sobre asuntos muy urgentes, como el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio, o para la convalidación de los decretos leyes que impulse el Gobierno entre legislaturas. A lo largo de las cuatro décadas de democracia la Diputación Permanente ha aprobado 39 reales decretos a petición de la Moncloa. Seis con Suárez a la conclusión de la legislatura constituyente, nueve con Calvo Sotelo, 16 repartidos al finalizar las tres legislaturas en las que gobernó González, uno de Aznar, seis de Zapatero y otro de Rajoy. De todos ellos, 36 (el 92,3%) han atendido a cuestiones que revestían cierta urgencia, como paliar desperfectos motivados por catástrofes naturales o atender a pagos. Y solo los tres restantes han respondido a cuestiones de iniciativa política, debido a que los Gobiernos tenían por costumbre respetar el período electoral como un tiempo de neutralidad. El primero data de 1976, cuando Suárez impulsó la creación del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación para dar respuesta a las presiones de sindicatos y empresarios. Tres años más tarde su sucesor al frente de UCD y en el Ejecutivo, Calvo Sotelo, convocó a la Diputación Permanente para legislar sobre la jubilación del profesorado. El último hasta la fecha fue a iniciativa de Aznar, con el que impulsó la mejora de la protección familiar de la Seguridad Social a través de la que se beneficiarían las familias numerosas. Por mencionar un solo caso del resto de reales decretos convalidados por la Diputación Permanente, el último, impulsado por Rajoy, fue «para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en Canarias».

Los viernes sociales de Sánchez amenazan con aniquilar esta regla de recurrir al decreto ley durante la precampaña solo en casos de urgencia, ya que en los ocho consejos de ministros ordinarios que restan hasta las elecciones del próximo 28 de abril, el Ejecutivo ya ha avanzado que no tiene pensado detener su acción de Gobierno, y, de paso, apuntalar su campaña electoral con el altavoz de la Moncloa.

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