La Audiencia Nacional mantiene que no hay terrorismo en la agresión de Alsasua
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No modifica las penas de entre 2 y 13 años de cárcel que les fueron impuestas a los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas
03 jun 2019 . Actualizado a las 13:49 h.La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha ratificado hoy que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) el 15 de octubre del 2016 no fue terrorista, por lo que mantiene las penas de entre 2 y 13 años de cárcel que les fueron impuestas a siete de los acusados y rebaja una de ellas, de 10 a 6 años de cárcel, por una cuestión técnica.
La Sala de Apelación confirma así la sentencia que dictó en junio la sección primera de la Sala de lo Penal, y sostiene que no se pueden vincular estos hechos a la estrategia de ETA, entre otras cosas, porque los acusados eran menores cuando la banda terrorista anunció el cese de la «lucha armada».
«Hay una plena compatibilidad entre los hechos probados que se refieren al desarrollo del acto delictivo en sí mismo y a la aseveración de que no se actuaba con la protección o amparo de la banda terrorista ETA o cualquiera otra, lo cual niega no solo la falta de apoyo logístico, sino la ausencia de directrices u órdenes e incluso que la intención de los condenados fuera actuar en nombre o coadyuvando en algo a la organización terrorista ETA», dice la resolución.
Con esta sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, son dos las salas de la Audiencia Nacional las que no han visto delitos de terrorismo en esta agresión, en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía entre 12 y 62 años de cárcel.
La Sala de Apelación -compuesta por Enrique López, Eloy Velasco y José Ramón Navarro- rechaza por tanto los recursos de las defensas y de la Fiscalía, que pedía aumentar las condenas por haber tenido la agresión una finalidad terrorista, y ratifica la sentencia por la que los ocho acusados fueron condenados por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
Solo estima parcialmente el recurso de Iñaki Abad y le rebaja la pena de 10 a 6 años de cárcel en virtud del principio acusatorio, ya que solo se le acusaba por dos delitos de lesiones y no por los cuatro por los que fue condenado, informa Efe. Los otros siete condenados son Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola, Adur Ramírez y Ainara Urquijo.
Los magistrados asumen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, que relatan cómo, en la madrugada del 15 de octubre del 2016, los dos guardias civiles, acompañados por sus parejas, fueron al bar Koxka y allí dentro y, después en la calle, fueron agredidos por los condenados y otro grupo de personas.
Explican que no puede concluirse que los hechos se produjeran «siguiendo el ideario que la banda terrorista ETA tenía entre sus objetivos (aunque pudiera coincidir en alguno de ellos) pues no puede estimarse acreditada la intencionalidad que propugna el Ministerio Fiscal, que pedía penas de entre 12 y 62 años de cárcel.
También creen que descartar los delitos de terrorismo no es incompatible con el grado de organización y violencia desplegada por los condenados sobre sus víctimas, aunque tampoco cree que encajen los hechos en el delito de desórdenes públicos terroristas.
Los magistrados también coinciden con la sentencia recurrida en considerar más verosímil el relato de las víctimas que el de los acusados y se apoya, no solo en las declaraciones prestadas, sino también en los informes médicos que evidenciaron las lesiones.
UPN y PSN dicen que la sentencia de Alsasua prueba que «no fue una pelea de bar» y Bildu, Podemos e IU no la comparten
Las formaciones parlamentarias han manifestado hoy sus diferencias a la hora de valorar la decisión de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. El parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha mostrado su «respeto» a los tribunales de Justicia y ha añadido que «se pone de manifiesto que no fue una pelea de bar». «Lo que es un despropósito desde el punto de vista político es que las instituciones navarras, empezando por la presidenta del Gobierno y los partidos que lo apoyan, apoyaran a los agresores y no a los agredidos, lo que es una disfunción total», ha comentado.
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha manifestado que, en este caso, «hay una absoluta desproporcionalidad entre los hechos y esa condena» porque «seguimos pensando que es una pelea de bar a altas horas de la madrugada». «Plantear una agravante por contenido ideológico nos parece muy peligroso porque las consecuencias penales son evidentes», ha señalado, para exponer que «el hecho de que no sea calificado como terrorismo pone de manifiesto algo que ya dijimos y es que se ha hurtado el derecho a un juicio natural a estas personas».
El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha calificado de «absolutamente desproporcionadas» las penas impuestas a los jóvenes de Alsasua por unos hechos que «de forma notoria no implicaron ni pusieron en peligro la vida de nadie, y que incluso en algunos puntos podría considerarse una mera trifulca de bar».
La parlamentaria de Podemos-Orain Bai, Laura Pérez, ha manifestado que «los jóvenes de Alsasua son nuestros presos políticos» y ha defendido que «aquí no ha habido un delito de terrorismo». «No se puede calificar como cuestión ideológica lo que fue una pugna de bar», ha señalado.
La portavoz socialista María Chivite ha mostrado su «respeto» a las decisiones judiciales. «Teníamos claro que esto no era un tema de terrorismo pero también teníamos claro que no era una simple pelea de bar», ha dicho, para señalar que «la sentencia ha ido en esa línea y no tengo más que respetar las decisiones judiciales».
La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha destacado que «la separación existe y debe existir, y los políticos no debemos valorar ni influir en las decisiones de los jueces». «Cosa que este Gobierno sí ha hecho con los agresores de Alsasua, a los que ha defendido y se ha puesto de su lado, en lugar de ponerse del lado de los agredidos, que es la Guardia Civil».
Desde I-E, Marisa de Simón ha señalado que no comparten «de ninguna de las maneras» la sentencia y ha indicado que «los dos años que estos jóvenes llevan en prisión son más que suficientes para pagar el delito que cometieron». «Vamos a hacer una solicitud esta misma mañana al presidente Pedro Sánchez para que indulte y puedan estar en su casa más pronto que tarde». «Este caso es un despropósito desde un principio, todos sabíamos que no era un delito de terrorismo y esto no puede ser», ha expuesto.