El fiscal pide imputar por falso testimonio al responsable de las campañas de publicidad del 1-O de la Generalitat
ACTUALIDAD
Acusa a Jaume Mestre de responder evasivamente y con constantes «no recuerdo» en su interrogatorio
13 mar 2019 . Actualizado a las 13:18 h.La Fiscalía ha pedido que se deduzca falso testimonio al responsable de Difusión de Presidencia, Jaume Mestre, por responder evasivamente y con constantes «no recuerdo» en su interrogatorio, en el que no ha precisado si la Generalitat debía pagar los anuncios de publicidad del 1-O, pese a estar facturados.
Mestre, que ha comparecido como testigo a petición de la Fiscalía, fue el encargado de Difusión de Presidencia durante el 1-O y aunque fue cesado tras la aplicación del 155, ahora ha vuelto a desempeñar el mismo puesto en el Gobierno de Quim Torra.
El testigo ha abordado el interrogatorio nervioso, con evasivas y sin recordar nada en la mayoría de las preguntas que le formulaba el fiscal Jaime Moreno relacionadas directamente con su trabajo, hasta el punto de que el presidente del tribunal se ha visto forzado a intervenir para advertirle de que podía incurrir en un delito de falso testimonio a la vista de sus respuestas.
«El tribunal no ha valorado su testimonio, pero lo que es evidente es que hay algunas preguntas que usted esta eludiendo», ha explicado Marchena, que ha recordado que el falso testimonio se aplica no solo al que miente sino al que responde «con inexactitudes o respuestas evasivas».
Marchena ha intervenido cuando el fiscal estaba preguntando al testigo por la campaña de publicidad del anuncio de las vías del tren para el referendo que, tras la renuncia de dos empresas a realizarlo, fue encomendado por Presidencia a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).
Este organismo emitió dos facturas de 93.000 euros y 180.000 euros a la Consejería de Presidencia -claves para justificar el delito de malversación- que el exconsejero Jordi Turull aseguró que su departamento no tenía que pagar por estar dentro de un contrato marco, pese a que la presidenta del ente público las reclama.
El momento clave se ha producido cuando Mestre ha dicho desconocer si Presidencia acudió a la corporación para emitir estos anuncios tras las renuncias de dos empresas. «No lo se», ha dicho. Y acto seguido ha negado que tratara con Llorach para gestionar esta campaña en el ente público, cuando ella le señaló en instrucción como el contacto de la Generalitat con el que trató para la emisión. «No, lo niego», ha respondido.
Al ser preguntado por las facturas, ha señalado: «Oí que estaban estas facturas, pero no lo sé. Nunca lo he visto, no me acuerdo», por lo que el fiscal le ha pedido que precisara si eran de pago o no. Pero este ha contestado que no lo sabe, ni siquiera sabe si han cobrado estos trabajos que sí que ha admitido que se prestaron, ni tampoco sabe si la Corporación lo ha reclamado.
Más evasivas
Mestre también ha respondido con evasivas respecto de la campaña de cartelería encargada a tres imprentas, Artyplan, Global Solutions y Marc Martí. «Nada, no se nada», ha afirmado. Y ha sido en ese momento cuando el fiscal, al dar por finalizado su interrogatorio, ha pedido que se deduzca falso testimonio al juzgado de guardia, castigado con hasta dos años de prisión, a lo que Marchena ha respondido que el tribunal no puede valorar ahora si ha dicho la verdad o no, pero que lo valorará en sentencia.
Previamente Mestre, que participó en las campañas de publicidad de civisme y de acción exterior, ha señalado que la Generalitat encargó trabajos relacionados con «difusión de valores democráticos» a varias empresas pero que ninguno se pagó «por ordenes de arriba», si bien todos ellos se prestaron.
El exresponsable del Diplocat se refiere a los observadores del 1-O como «visitantes» a los que sí se pagó
El que fuera secretario general del Consejo de la Diplomacia Pública (Diplocat), Albert Royo, ha negado este miércoles durante su declaración como testigo en el juicio del desafío secesionista en el Tribunal Supremo que desde dicha institución se organizara y retribuyera la presencia de observadores internacionales para el referendo del 1-O si bien ha reconocido determinados pagos, como uno por un total de 49.531 euros en en hoteles de lujo y vuelos a un grupo de «visitantes» entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre del 2017.
«No dimos ningún honorario a observadores internacionales, no teníamos contratados observadores electorales», ha manifestado a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, para afirmar en otro momento del interrogatorio que las actividades del Diplocat no tenían que ver con las realizadas por la Consejería de Exteriores del exconsejero Raül Romeva.
No obstante, y respecto a este «grupo de expertos» que estuvieron en Cataluña desde días previos al 1-O Royo ha terminado reconociendo que «querían estar en Cataluña en esas fechas para ver lo que sucedía».
A lo largo de toda su declaración -que ha realizado a pesar de estar imputado en el Juzgado de Barcelona que investiga la organización del 1-O- el testigo ha tratado de desvincularse de lo que se concluye en informes de la Guardia Civil que acreditan que con una tarjeta de Diplocat a su nombre se pagaron los gastos de los observadores internacionales en su viaje a Cataluña. Según su versión, en estos informes la policía judicial incurre en un «error» al vincular lo que ha calificado de «consorcio» con decisiones del exgobierno de la Generalitat.
