Un guardia civil sitúa a Torra en la nave donde guardaban 10 millones de papeletas

La Voz REDACCIÓN

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El exconsejero del Interior Forn fue informado de que la CUP no descartaba «acciones combativas» el 1-O

20 mar 2019 . Actualizado a las 17:07 h.

Un guardia civil ha situado este miércoles en el juicio por el desafío independentista en el Tribunal Supremo al actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, en las inmediaciones de una nave en Bigues i Riells (Barcelona), donde se guardaban casi 10 millones de papeletas, en días previos a su intervención el 20 de septiembre del 2017.

Así lo ha dicho un brigada del Instituto Armado -a quien no se le ha enfocado la cara para evitar que su imagen se difunda públicamente- que ha declarado como testigo en la vista oral y que ha explicado que en los días previos a su entrada y registros estuvieron vigilando la zona y vieron que «distintas personas» entraban en dicha nave. Entre ellas, ha identificado a Torra; a diputados de Tarragona, así como a los que fueran responsables de Patrimonio y de Proyectos Organizativos y Territoriales de Vicepresidencia, Francesc Sutrías y Mercedes Martínez Martos, respectivamente, estos dos últimos investigados por los preparativos del 1-O.

Esta nave fue registrada en el marco de la cuarentena de registros que se realizó el 20 de septiembre del 2017, ordenados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la organización y preparación del 1-O. El dueño, Paul Furriol, fue uno de los detenidos ese día, y en ella se encontraron casi 10 millones de papeletas y 6.000 sobres para el referendo ilegal.

La sesión se inició con la declaración de este guardia civil que, a preguntas del fiscal Fidel Cadena, también ha narrado las «tres horas» que tardó su equipo en salir de esta nave donde, debido a que centenares de personas concentradas bloquearon las calles para impedir que se llevaran este material.

Según ha contado, el registro comenzó a las 9 horas y se realizó con total normalidad, aunque empezó a sospechar que podía haber problemas para salir de allí en el transcurso de la mañana, cuando le informaron de la llegada de manifestantes con «carteles a favor del referendo», que vociferaban: «votaremos» o «dadnos las papeletas». El número de concentrados aumentó hasta las «200 o 300 personas», ha añadido, y entre ellos se detectó a una persona que dio consignas para impedir la salida de los furgones policiales.

Ambiente hostil

El testigo ha relatado que el registro concluyó sobre las 14 horas y que los ocho furgones «cargados hasta arriba» con el material incautado tuvieron dificultades para poder abandonar la zona, una vez que traspasaron los cordones policiales.

Al menos en tres ocasiones los manifestantes interrumpieron su circulación sentándose en el suelo, lanzado «latas de coca-cola o botellas de plástico llenas», golpeando los vehículos o se abalanzándose a ellos, ha contado. Ha recordado que incluso dos personas «de unos 60 años» participaron en estos actos y que un joven «simuló un atropello». «El ambiente era hostil», ha subrayado el guardia civil.

Ha proseguido diciendo que a los coches del instituto armado en el que iba el letrado de la Administración de Justicia que participó en el registro y del letrado de oficio que se designó al dueño de la nave también les costaron abandonar las inmediaciones. El guardia civil ha destacado de este episodio que el secretario judicial pidió algo para taparse la cara para evitar que le identificasen y que el abogado tuvo que decir a los manifestantes quién era para poder salir.

El papel de la CUP

El exconsejero de Interior Joaquim Forn fue avisado en un correo de que la CUP había advertido de que las fuerzas de seguridad se iban a encontrar con «muros humanos» en los centros de votación el 1 de octubre y que, «en el caso de que actuaran, no descartaban acciones combativas». Así lo ha dicho otro guardia civil que ha declarado como testigo en el juicio del desafío secesionista sobre el análisis que hizo de los correos electrónicos de Forn.

Según ha explicado, en los días previos al 1 de octubre, concretamente el 29 y 30 de septiembre, Forn recibió correos con informes de valoración de riesgo de la Comisaría General de Información en los que se decía que había locales que iban a servir como puntos de votación que «ya estaban ocupados y que había un llamamiento a través de ANC y Òmnium para que sus militantes fueran a custodiar» esos puntos.

Suspensión de Puigdemont

Paralelamente a la celebración del juicio, el plenario del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad rechazar la suspensión del juicio del solicitada por los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull con el argumento de la falta de imparcialidad de cuatro de los magistrados que componen la sala que los juzga.

También se acordó por unanimidad mantener la suspensión del expresidente catalán Carles Puigdemont como diputado del Parlamento catalán, a raíz de ser procesado por rebelión por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la causa del desafío secesionista. 

En un auto, el Alto Tribunal deniega la petición de Puigdemont al entender que esa cuestión no puede ser resuelta ahora dado que equivaldría a «anticipar un eventual fallo estimatorio» de su recurso.