Torra se burla de la Junta Electoral, pero retira los lazos amarillos

Emplea la polémica de los lazos y las banderas para tensionar, buscar votos y tapar su desgobierno


Fuegos de artificio de Quim Torra. Salvo giro inesperado de última hora, finalmente el presidente de la Generalitat ordenará la retirada de los lazos amarillos y de las banderas esteladas de todos los edificios públicos, tal y como le lleva requiriendo la Junta Electoral Central (JEC) a lo largo de las dos últimas semanas. En un comunicado difundido a última hora desde su gabinete, Torra dice que no dará la «orden», en un claro intento de no quedar señalado por los secesionistas como blando o una especie de traidor, pero en el mismo da a entender que la simbología secesionista será retirada. No obstante, fuentes en Cataluña indican que el Govern baraja sustituir los lazos y las banderas por otro tipo de elementos reivindicativos, como unas flores amarillas.

Para tratar de hacer ver a su público que ya no obedece a las instituciones españolas, Torra justifica su decisión de retirar los lazos en la resolución adoptada este miércoles por el Sìndic del Greuges, Rafael Ribó, una figura similar al Valedor do Pobo, a quien le solicitó un informe sobre los pasos a seguir. Y Ribó invita a Torra a que acate.

El Sìndic ha desvelado que el informe ya estaba redactado desde finales de la pasada semana, y que el presidente catalán ya estaba al tanto de su contenido. Ribó no lo hizo público en su día a petición de Torra, que le solicitó que incorporara «clarificaciones». De esta forma, Ribó viene a confirmar que la desobediencia manifestada por Torra hasta ahora, asegurando que dejaba su decisión en manos del Sìndic, no era más que una pose.

Torra cumplirá la ley bajo ese barniz catalanista que pretende otorgarle a su decisión, pero lo cierto es que la actuación del presidente autonómico llega fuera del plazo de prórroga concedida por la JEC, por lo que la Junta Electoral podría dejar pasar el asunto pese a su desobediencia o proponer una multa que podría ascender a los 3.000 euros; parece complicado que si finalmente retiran los lazos se decida por la vía penal instando a actuar a la Fiscalía, un camino que podría derivar en la inhabilitación.

Con las generales a la vuelta de la esquina, la estrategia del secesionismo pasa por olvidarse que ostentan el gobierno y tensionar al máximo cualquier escenario en aras de movilizar a su electorado, pero conviene no perder de vista la disputa interna que mantienen las dos principales fuerzas independentistas en Cataluña. La polémica de los lazos amarillos ha centrado el foco en Torra como el defensor de las esencias del secesionismo frente a lo que consideran la opresión española, arrebatándole así todo el protagonismo a ERC y a Oriol Junqueras tras su declaración de hace un par de semanas en el Supremo. Conscientes de que la polarización del debate no favorece las estrategias del PSC y de los comunes, estas dos formaciones han invitado al presidente de la Generalitat a que se someta a una cuestión de confianza o a un adelanto electoral.

El lazo de Colau

Ada Colau ha descartado volver a colgar un lazo gigante en la balconada del Ayuntamiento de Barcelona, prohibido por la JEC. Los secesionistas se han alineado en una votación para forzar que vuelva a lucir, pero el gobierno municipal asegura que no volverá a salir para evitar una «guerra de símbolos».

La Junta electoral se vuelve a reunir esta tarde

La Junta Electoral se volverá a reunir este jueves en el congreso de los Diputados a partir de las 17 horas para, entre otros asuntos, decidir sobre la actuación de Quim Torra con los lazos amarillos, una simbología secesionista que ha decidido retirar de los edificios públicos una vez expirado el plazo otorgado por la JEC. Existen varios escenarios posibles. Puede que el organismo encargado de velar por el correcto desarrollo de las elecciones decida hacer la vista gorda, sancionar al titular de la Generalitat con una multa de hasta 3.000 euros o incluso, aunque no parece el escenario más probable, instar a actuar a la Fiscalía, lo que podría derivar en su inhabilitación política, como le sucedió recientemente a una alcaldesa de la CUP.

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