La Justicia investigó en el 2018 la mitad de casos de corrupción que en el año anterior

Andalucía y Valencia, las comunidades donde se tramitaron más procesos contra funcionarios y políticos

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 205 personas durante el 2018
Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 205 personas durante el 2018

redacción / la voz

Los jueces españoles concluyeron el año pasado 48 procedimientos por corrupción, prácticamente la mitad de los tramitados durante el 2017, cuando fueron 93, y en el 2016, durante cuyo ejercicio los juzgados de instrucción gestionaron 101 asuntos por sobornos públicos. Las citadas 48 actuaciones -tres de ellas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, y el resto en tribunales de las autonomías- derivaron en autos de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 205 personas, casi la mitad de las registradas también en los dos períodos anuales anteriores, en los que fueron 400 y 442 los individuos afectados en los años 2017 y 2016, respectivamente. Así lo revela el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción pública, «entendiendo que esta es la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad».

Los procedimientos judiciales que se recogen en el análisis citado tienen como sujeto activo a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación del dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política, recoge el Consejo General del Poder Judicial. Detalla el documento que los delitos a los que se refiere son los de prevaricación urbanística y administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Del total de las 63 sentencias dictadas en causas por corrupción en el 2018, solo una tercera parte fueron absolutorias. 

Andalucía frente a Navarra

Por autonomías, Andalucía y Valencia son las dos regiones que llevan tres años consecutivos entre aquellas en las que más procedimientos por corrupción se realizan, aunque en la comunidad andaluza en el 2018 los casos han pasado a la mitad de los abiertos en el 2017, cuando llegaron a los tribunales 22 asuntos, el mayor número registrado en una autonomía y que afectaron a 144 empleados o cargos públicos.

En el otro lado de la balanza se sitúa Navarra, como la única comunidad en la que los jueces no han tramitado ningún procedimiento por corrupción en los últimos tres años. Le acompañan de modo ocasional en el ránking Aragón, Canarias, Cantabria, Murcia, País Vasco y La Rioja. Esta última también fue de la mano de Navarra en el 2017, mientras que en el 2016 lo hizo Cantabria.

En el caso de Galicia, el número de procedimientos judiciales por corrupción en la administración son escasos, lo que la sitúa en lo bajo de la tabla, con 3 y 2 en el 2018 y 2017, respectivamente, y 4 en el 2016, que afectaron a 7 personas el año pasado, y a 19 y 14 en los períodos anteriores.

Atendiendo al número de procesados por corrupción en los tres últimos años, también Andalucía y Valencia lideran la tabla con 277 y 113 funcionarios o políticos en ejercicio, respectivamente. Por su parte, Baleares, que en el último año tuvo a solo seis imputados por delitos que afectan al dinero público, en el cómputo del mencionado trienio alcanza los 143 empleados públicos incursos en procedimientos judiciales por estos delitos.

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