Casado propone la «prevalencia» de la Policía y la Guardia Civil sobre el resto de cuerpos policiales

El líder del PP defiende que «el monopolio de la fuerza corresponde al Estado», y señala que se trata de que no haya cuerpos policiales que puedan recibir «órdenes ilegales»

Casado afea a Sánchez que airee las conversaciones privadas con el rey, y le recuerda que solo se comentan sus declaraciones públicas
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El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido un reforzamiento «claro» del Estado en todas las parcelas de la vida pública e institucional que incluya también la «prevalencia» de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobre el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales, ya que «el monopolio de la fuerza corresponde al Estado».

En un desayuno informativo de Europa Press, Casado ha presentado una propuesta para reforzar el Estado porque a su juicio requiere «un apuntalamiento» en distintos ámbitos, desde sus competencias hasta la capacidad de Policía Nacional y Guardia Civil. «Aquí nadie habla de acabar con el Estado autonómico, aquí lo que hay es lealtad al texto constitucional», ha apuntado el líder popular, para quien no es necesario reforma la Carta Magna sino respetarla en toda su extensión.

Según ha planteado se tratará de un «plan de choque» que incluiría medidas institucionales pero también sociales y económicas y que el líder del PP promete aprobar en los primeros cien días de gobierno si llega a La Moncloa tras las próximas elecciones generales del 28 de abril. «Si me presento para presidente de este país es para achicharrarme en los primeros cien días y hacer todo lo que haya que hacer de inmediato», ha subrayado en su intervención.

Una de esas propuestas supone dar «prevalencia» a la Policía Nacional y Guardia Civil sobre el resto de cuerpos policiales no solo en la defensa nacional o de fronteras, sino también en seguridad ciudadana ya que es el Estado por definición, ha dicho, el que tiene «el monopolio de la fuerza». Casado ha asegurado que se trata de evitar escenas como las del referéndum de independencia del 1 de octubre del 2017 en Cataluña, y de no «tolerar» que haya cuerpos policiales que puedan recibir «órdenes ilegales», en clara referencia a los Mossos d'Esquadra.

También ha advertido contra la posibilidad de que el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra suponga el repliegue de la Guardia Civil de esa comunidad. «Queremos reforzar su papel -ha dicho al respecto- en coordinación con los excelentes cuerpos autonómicos y locales».

«No se puede transferir nada más»

Pablo Casado ha subrayado también que el reforzamiento de la nación exige dejar claro que las competencias que tienen las autonomías «emanan» del Estado, que les cede su gestión. Ha apostado en este punto por una «moratoria» en el traspaso de más competencias hasta que el Estado evalúe cómo están siendo gestionadas. «Hay autonomías que ejercen muy bien su responsabilidad, otras que la están malogrando y luego está Cataluña, que está en la más absoluta ilegalidad con la complicidad del Gobierno de España», ha explicado.

Para esa evaluación, ha asegurado que son necesarios más inspectores en Educación, esa superioridad jerárquica de los cuerpos policiales del Estado así como un análisis de la eficiencia de servicios como sanidad, bienestar social o dependencia. La moratoria que plantea Casado, en concreto, afectaría de lleno a las 33 materias que el Gobierno negocia traspasar al País Vasco en los próximos meses. El líder del PP ha dejado claro que desde su punto de vista «ya no se puede dar más poder» a las autonomías ni aprobar más transferencias, aunque tampoco ha defendido que ninguna materia vuelva a manos del Estado.

Según ha dicho, se trata de asegurar el cumplimiento de la ley para que los ciudadanos tengan los mismos servicios al margen de donde vivan, que se gestione con eficacia y que se legisle para asegurar mínimos comunes. Por ejemplo, con una normativa que «blinde» la igualdad educativa en todo el país, con una evaluación pública de conocimientos y con un MIR nacional para los profesores, entre otras medidas.

Un espacio público neutral

Casado también ha incluido en este paquete de medidas para reforzar el Estado una ley que defienda los símbolos nacionales y otra que establezca la prevalencia del castellano en asuntos como las oposiciones, la educación o la señalización en las calles.

Este bloque se completaría con medidas sobre los partidos políticos y los espacios públicos, para instar la ilegalización de las organizaciones que no condenen la violencia que se está produciendo en Cataluña o que incluso o la alienten y también ha planteado una reforma de la Ley de Financiación de Partidos para que no reciban fondos públicos partidos cuyos líderes están implicados en causas de sedición o rebelión.

Y ha apostado por que la convocatoria de un referéndum ilegal sea delito, o que los funcionarios no atiendan al público por ejemplo con el lazo amarillo en la solapa.

Pizarro le pide medidas para evitar «que la policía vaya suelta»

El exdiputado del PP Manuel Pizarro ha pedido a Pablo Casado medidas para evitar «que la policía vaya suelta» y pueda llegar a espiar, no al servicio del Estado, «sino para causas inconfesables».

Pizarro ha presentado este lunes la conferencia de Casado dentro de los desayunos informativos de Europa Press. Actual presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ha sido presidente de Endesa y fue del 2008 al 2010 diputado del PP en el Congreso.

En su introducción, el economista ha explicado que el candidato del PP tendrá que afrontar tres asuntos «graves» si llega a gobernar: el desempleo, el problema catalán y el imperio de la ley. En este último capítulo, ha apostado por reforzar el Estado de Derecho en la actuación policial y ha explicado que cinco agentes han sido condenados por haberle espiado no para el Estado, sino por «causas inconfesables». Por eso, le ha dicho al candidato que es necesario «un sistema donde la policía no vaya suelta» y evite esas situaciones.

Durante el acto, Casado ha sido preguntado precisamente por el supuesto uso de la Policía desde el Ministerio del Interior cuando lo dirigía Jorge Fernández Díaz para defender los intereses del PP, lo que se ha denominado policía patriótica. Es lo que se investiga en la llamada operación Kitchen, si se dedicaron fondos reservados del Estado para sustraer documentación sensible en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas.

El líder del PP ha respondido que no le preocupan las informaciones sobre estas investigaciones porque «quien ha hecho algo mal no tiene sitio en el PP» y porque está decidido a actuar cuando haya cualquier «evidencia» o «certeza» de «conductas no ejemplares». También ha dejado claro que no permitirá tampoco que en campaña electoral «se insinúe lo que no es» sobre ninguna persona. «Este partido resarcirá a los acusados injustamente», ha recalcado.

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