¿Por qué la eutanasia no es legal en España?
El Código Penal regula el suicidio asistido con penas que van de los dos a los diez años de prisión
La eutanasia no es legal en España. Así lo dice el artículo 143 del Código Penal, que regula la inducción al suicidio y la cooperación con el suicidio de otras personas. El rango de penas va de los dos a los diez años de prisión, aunque se prevé una rebaja penal si existe una petición expresa de la víctima o si ésta padece una enfermedad grave, como es el caso de Ángel Hernández, detenido este jueves en Madrid por ayudar a morir a su mujer, enferma de esclerosis múltiple desde hace 30 años y que llevaba mucho tiempo solicitando ayuda para tener una muerte digna. Existen dos vídeos que podrían ser utilizados como prueba en los que ella misma solicitó la cooperación de su marido para ingerir la sustancia que le causó la muerte.
El Código Penal determina que, aquel o aquella que induzca al suicidio será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años y el que coopere con los actos necesarios para que una persona se suicide podrá ser condenado a entre dos y cinco años. Si la cooperación llega «hasta el punto de ejecutar la muerte», la condena será de seis a diez años de prisión.
En el apartado cuatro de ese artículo se establece que en casos de «petición expresa, seria e inequívoca» de la víctima, si esta sufriera «una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permenentes y difíciles de soportar», el castigo será la pena será uno o dos grados inferior a las señaladas.
Esto supone que la pena a la que se enfrentaría una persona que coopere en el suicidio de una persona sería de seis meses a dos años de prisión.
Casos anteriores
En España, la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó hace tres años a dos años de prisión a Ignacio Sánchez por ayudar a su madre enferma a suicidarse. La Fiscalía pedía para él seis años de prisión pero, en este caso, se aplicaron atenuantes de confesión y parentesco.
El caso contrario lo encabezan las personas ajenas al núcleo familiar que ayudan a otra persona a morir dignamente. El médico Marcos Ariel Hourmann fue condenado por la Audiencia de Tarragona a un año de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por ayudar a morir a una enferma terminal.
En Barcelona, en el año 2012, un asesor psicológico fue condenado a tres años de cárcel por ayudar a suicidarse a un enfermo con depresión al facilitarle heroína pura para acabar con su vida.
Un médico de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Madrid y una voluntaria de otra organización fueron acusados de ayudar a suicidarse a una mujer de Asturias en el 2012 y de intentar lo mismo con un hombre de Cádiz. Los acusados fueron condenados y aceptaron una pena de dos años de prisión y seis meses de multa.
El caso más conocido es sin duda el del gallego Ramón Sampedro. Ramón vivía en Xuño (Porto do Son) y su luz se apagó en el año 1998 tras permanecer 25 años postrado en una cama. Fue el primer activista a favor de la eutanasia y su voz llegó hasta el Tribunal Constitucional aunque, finalmente, tuvo que tomarse la justicia por su mano para cumplir su deseo de morir. Ramona Maneiro confesó en el 2005 que fue la persona que proporcionó cianuro a Ramón para acabar con su vida de la forma más digna posible. Su historia fue llevada al cine por Alejandro Amenábar y se convirtió en un fenómeno mundial. La película ganó un Óscar a la mejor película en lengua extranjera en la edición del año 2005.
Una victoria a medias
La despenalización de la eutanasia fue una de las grandes promesas de Sánchez tras aterrizar en el Gobierno. La proposición de ley impulsada por el PSOE para legalizar la muerte digna estuvo a punto de convertirse en realidad aunque, finalmente, los socialistas se encontraron con la oposición del Partido Popular. Además, Ciudadanos presentó otra proposición sobre la muerte digna que utilizó como moneda de cambio. La formación naranja estuvo dispuesta a votar a favor de la proposición de Sánchez si éste apoyaba la suya.
La propuesta del PSOE para regular y legalizar la eutanasia salió victoriosa del Congreso y llegó hasta el Senado. Fue entonces cuando se disolvieron las Cortes y se esfumó la posibilidad de derribar un tabú que cada vez está más presente en la agenda política nacional.
A pesar de las negativas, el líder del PSOE consiguió reabrir y visibilizar el debate en torno a la muerte digna, que es legal en otros países como Suiza, Holanda o Bélgica. La precampaña de Sánchez está fuertemente marcada por lo que podría ser una futura ley de la eutanasia si el socialista gana las elecciones.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz de la formación morada, Irene Montero son de los pocos que se han lanzado a opinar sobre el tema en redes sociales. «Es indigno que un acto de humanidad pueda ser perseguido», escribía Iglesias en Twitter tras conocer la detención de Ángel Hernández por ayudar a morir a su mujer. Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, afirmó que todos los partidos políticos deben hacer «autocrítica» tras el caso de Ángel Hernández y reflexionó sobre la necesidad de que exista «una regulación». También aprovechó la ocasión para afirmar que la formación naranja no fue «responsable de que no se aprobasen las leyes» necesarias para despenalizar la eutanasia y recordó la proposición de ley de cuidados paliativos que presentaron ellos y que según sus palabras, «tenía que haberse aprobado antes que la ley de eutanasia».
Este mismo jueves, en una entrevista en Informativos Telecinco el presidente del Gobierno aseguraba sentirse totalmente «sobrecogido» por la noticia de la muerte de María José, una muerte que «podría haberse evitado antes reconociendo el derecho a la eutanasia».
Apoyo ciudadano
La despenalización de la eutanasia en casos extremos tiene un gran apoyo ciudadano en España según las encuestas. El CIS demuestra que el 78% de los españoles está total o bastante de acuerdo en que se regularice la ayuda para recibir una muerte digna. Las mediciones de Metroscopia corroboran el porcentaje y dicen que el 84% de los encuestados es partidario de la eutanasia en casos de enfermedades incurables.
